RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Radicado No.: 20111300194121

Bogotá, D.C.

 Doctora

Subdirectora Jurídica

Carrera 7 No. 36-45

Ciudad

Ref : Su solicitud de concepto 20112105951¹

Respetada Doctora Gutiérrez:

Previo a brindar una respuesta a su consulta, debemos advertir que la misma se formula con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en respuesta a una petición en la modalidad de consulta, constituyen orientaciones y puntos de vista que no comprometen la responsabilidad de la entidad ni tienen carácter obligatorio ni vinculante

Hecha la anterior precisión, respondemos en los siguientes términos, para lo cual ratificamos la línea conceptual de esta Oficina Asesora Jurídica emitida, entre otros, en conceptos SSPD-OAJ-2008-128 y SSPD-OAJ-2006-392:

"... la Ley 632 de 2000 … definió en el artículo 1° el servicio público de aseo de la siguiente manera: servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos.

De otra parte, la definición de servicio público de aseo contenida en el artículo 1° de la Ley 632 de 2000 fue recogida por el artículo 1° de la Ley 689 de 2001, por la cual se modificó parcialmente la Ley 142 de 1994.

En este sentido, dado que, conforme a las definiciones contenidas en el Decreto 1713 de 2002, modificado por el Decreto 838 de 2005, escombro es todo residuo sólido sobrante de las actividades de construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas, la actividad de recolección de escombros es considerado un servicio público.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de escombros se rigen por la Ley 142 de 1994, modificada por las Leyes 632 de 2000 y 689 de 2001, razón por la cual tanto las actividades como sus prestadores, se encuentran sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos, conforme con lo establecido en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001 que determina que las personas prestadoras de servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujetos de aplicación de las leyes 142 y 143 de 1994, están sujetos al control y vigilancia de esta entidad."

Adicionalmente, la Comisión de Regulación de Acueducto y Saneamiento Básico indicó en Concepto CRA 2006600033371 del 6 de junio de 2006, lo siguiente:

"... uno de los regímenes de regulación contemplados por la Ley 142 de 1994 en su Artículo 88, es el de libertad. Bajo dicho régimen, las entidades prestatarias de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, a nivel nacional pueden determinar libremente sus tarifas cuando no tengan una posición dominante en su mercado, o cuando no exista competencia entre proveedores, de acuerdo con los criterios y condiciones establecidos por la ley y las comisiones de regulación respectivas.

De conformidad con las consideraciones anteriores, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 1° de la Ley 632 de 2000 y el Decreto 1713 de 2001 modificado por el Decreto 838 de 2005, la recolección de escombros se considera como un servicio público que se encuentra regido por la Ley 142 de 1994 y sometida a la vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en donde el valor del servicio, salvo el de aprovechamiento, será pactado libremente por el usuario que lo solicite y la persona prestadora del servicio.

En cuanto a las personas jurídicas que pueden prestar este servicio, son las mismas consideradas por el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 como prestadores de servicios públicos domiciliarios.

Cordialmente,

Preparado por: PAULA ANGÉLICA RODRÍGUEZ POVEDA, Abogada Oficina Asesora Jurídica

Revisado por: MARIA DEL CARMEN SANTANA SUAREZ, Coordinadora Oficina Asesora Jurídica.