RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.
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DECRETO 1082 DE
2015 (Mayo 26) Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeación Nacional EL PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA En ejercicio de
las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y Ver art.1, Decreto 1778 de 2020 CONSIDERANDO: Que la producción normativa ocupa un espacio central en la
implementación de políticas públicas, siendo el medio a través del cual se
estructuran los instrumentos jurídicos que materializan en gran parte las
decisiones del Estado. Que la racionalización y simplificación del ordenamiento
jurídico es una de las principales herramientas para asegurar la eficiencia
económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica. Que constituye una política pública gubernamental la
simplificación y compilación orgánica del sistema nacional regulatorio. Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de
compilar normas de la misma naturaleza. Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas
reglamentarías preexistentes, las mismas no requieren de consulta previa
alguna, dado que las normas fuente cumplieron al momento de su expedición con
las regulaciones vigentes sobre la materia. Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de
carácter reglamentario implica, en algunos casos, la simple actualización de la
normativa compilada, para que se ajuste a la realidad institucional y a la
normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, el ejercicio formal
de la facultad reglamentaria. Que, en virtud de sus características propias, el contenido
material de este decreto guarda correspondencia con el de los decretos
compilados; en consecuencia, no puede predicarse el decaimiento de las
resoluciones, las circulares y demás actos administrativos expedidos por
distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades
derivadas de los decretos compilados. Que la compilación de que trata el presente decreto se
contrae a la normatividad vigente al momento de su expedición, sin perjuicio de
los efectos ultractivos de disposiciones derogadas a la fecha, de conformidad
con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de
compilación de reglamentaciones preexistentes, los considerandos de los
decretos fuente se entienden incorporados a su texto, aunque no se transcriban,
para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo. Que las normas que integran el Libro 1 de este decreto no
tienen naturaleza reglamentaria, como quiera que se limitan a describir la
estructura general administrativa del sector. Que, durante el trabajo compilatorio recogido en este
decreto, el Gobierno Nacional verificó que ninguna norma compilada hubiera sido
objeto de declaración de nulidad o de suspensión provisional, acudiendo para
ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secretaría General del
Consejo de Estado. Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas
de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento
jurídico único para el mismo, se hace necesario expedir el presente Decreto
Único Reglamentario Sectorial. Por lo anteriormente expuesto, DECRETA: LIBRO 1 ESTRUCTURA DEL
SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL PARTE 1 SECTOR CENTRAL TÍTULO 1 CABEZA DEL SECTOR Artículo 1.1.1.1. El Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Nacional de
Planeación tiene como objetivos fundamentales la coordinación y diseño de
políticas públicas y del presupuesto de los recursos de inversión; la
articulación entre la planeación de las entidades del Gobierno Nacional y los
demás niveles de gobierno; la preparación, el seguimiento de la ejecución y la
evaluación de resultados de las políticas, planes, programas y proyectos del
sector público, así como realizar en forma permanente el seguimiento de la
economía nacional e internacional y proponer los estudios, planes, programas, y
proyectos para avanzar en el desarrollo económico, social, institucional y
ambiental, y promover la convergencia regional del país. Es órgano del Sistema General de Regalías (SGR), integra la
Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, y ejerce la secretaría
técnica de la misma. Como secretaría técnica del Consejo Nacional de Política
Económica y Social (CONPES), apoya al Presidente de la República en el
ejercicio de su función de máximo orientador de la planeación nacional de
corto, mediano y largo plazo. (Decreto 1832 de
2012, artículo 1, Ley 1530 de 2012 artículo 4) TÍTULO 2 INTEGRACIÓN DE
ÓRGANOS SECTORIALES DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN Artículo 1.1.2.1.
Integración de Comisiones
Intersectoriales e interinstitucionales. El Departamento Nacional de Planeación
preside las siguientes Comisiones Intersectoriales e interinstitucionales: 1. Comisión interinstitucional de alto nivel para el
alistamiento y la efectiva implementación de la agenda de desarrollo post 2015 y sus objetivos de
desarrollo sostenible (ODS). (Decreto 280 de 2015, artículo 3) 2. Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano. (Decreto 2623 de
2009, artículo 8) 3. Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. (Ley 1530 de 2012,
artículo 4) Artículo 1.1.2.2. Integración de Consejos. El Departamento Nacional de
Planeación preside el siguiente Consejo: 1. Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Contratación
Pública - Colombia Compra Eficiente. (Decreto 4170 de 2011,
artículo 6) Artículo 1.1.2.3. Derogado por el art. 19, Decreto Nacional 1517 de 2021. El
texto original era el siguiente: Artículo 1.1.2.3. Integración de Comités. El
Departamento Nacional de Planeación; preside el siguiente Comité: 1. Comité Nacional de Cofinanciación.
(Decreto 606 de 1996, articulo 1) PARTE 2 SECTOR
DESCENTRALIZADO TÍTULO 1 ENTIDADES
ADSCRITAS Artículo 1.2.1.1.
Unidad Administrativa Especial Agencia
Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente. La Agencia Nacional de
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- es una entidad
descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, adscrita
al Departamento Nacional de Planeación. Como ente rector, tiene como objetivo
desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la
organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y
contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y
optimización de los recursos del Estado. (Decreto 4170 de
2011, artículo 2) Artículo 1.2.1.2. Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es una entidad
descentralizada de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonial, adscrita al Departamento Nacional de Planeación. El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
obrará con plena autonomía de criterio al cumplir las funciones que se derivan
de la Constitución y la ley. (Decreto 990 de
2002, artículo 2 y Decreto 3517 de 2009, artículo 1) Artículo 1.2.1.3. Fondo Nacional de Regalías - En
Liquidación. El Fondo Nacional de Regalías En Liquidación es una
entidad pública con personería jurídica propia, adscrita al Departamento
Nacional de Planeación. Sus recursos serán destinados, de conformidad con el
artículo 361 de la Constitución Política, a la promoción de la minería, la
preservación del medio ambiente y la financiación de proyectos regionales de
inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las
respectivas entidades territoriales. (Leyes 141 de 1994
artículo 1 y 756 de 2002). TÍTULO 2 ENTIDADES
VINCULADAS Artículo 1.2.2.1. Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo, FONADE.
El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) es una empresa
industrial y comercial del Estado, de carácter financiero, dotada de personería
jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa vinculada al Departamento
Nacional de Planeación y vigilado por la Superintendencia Financiera de
Colombia. El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade)
tiene por objeto principal, ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de
proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración
de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de
proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas. (Decreto 288 de
2004, artículo 1) LIBRO 2 <El nuevo texto es el siguiente> RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL Y EMPRENDIMIENTO COMUNAL El texto original era el siguiente: RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN NACIONAL
PARTE 1 DISPOSICIONES
GENERALES TÍTULO 1 OBJETO Y ÁMBITO DE
APLICACIÓN Artículo 2.1.1.1. Objeto. El objeto de este decreto es compilar
la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio de las
facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política, para la cumplida ejecución de las leyes del Sector
Administrativo de Planeación Nacional. Artículo 2.1.1.2. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 1676 de 2016. <El nuevo texto es el siguiente> Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica a las Entidades del Sector Administrativo de Planeación Nacional, a las demás Entidades Estatales, personas jurídicas de naturaleza pública y privada, y personas naturales a las que hace referencia este decreto, y rige en todo el territorio nacional. El
texto original era el siguiente:
Artículo 2.1.1.2. Ámbito de Aplicación. El presente decreto aplica a las entidades del Sector Administrativo de
Planeación Nacional y rige en todo el territorio nacional. PARTE 2 REGLAMENTACIONES TÍTULO 1 CONTRATACIÓN
ESTATAL CAPÍTULO 1 SISTEMA DE COMPRAS
Y CONTRATACIÓN PÚBLICA SECCIÓN 1 CONCEPTOS BÁSICOS
PARA EL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA SUBSECCIÓN 1
Artículo
2.2.1.1.1.1.1. Objetivos
del Sistema de Compras y Contratación Pública. Las Entidades Estatales
deben procurar el logro de los objetivos del sistema de compras y contratación
pública definidos por Colombia Compra Eficiente. (Decreto 1510 de
2013, artículo 1) SUBSECCIÓN 2 PARTÍCIPES DE LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA Artículo
2.2.1.1.1.2.1. Partícipes
de la Contratación Pública. Los partícipes del sistema de compras y
contratación pública para efectos del Decreto-Ley 4170 de 2011, son: 1. Las Entidades Estatales que adelantan Procesos de
Contratación. En los términos de la ley, las Entidades Estatales pueden
asociarse para la adquisición conjunta de bienes, obras y servicios. 2. Colombia Compra Eficiente. 3. Los oferentes en los Procesos de Contratación. 4. Los contratistas. 5. Los supervisores. 6. Los interventores. 7. Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos
cuando ejercen la participación ciudadana en los términos de la Constitución
Política y de la ley. (Decreto 1510 de
2013, artículo 2) SUBSECCIÓN 3
Artículo 2.2.1.1.1.3.1. Modificado por el art. 1, Decreto 142 de 2023. <El nuevo texto es el siguiente> Definiciones. Los términos no definidos en el Título I de la Parte 2 del presente decreto y utilizados frecuentemente deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. Para la interpretación del presente Título 1, las expresiones aquí utilizadas con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados.
Acuerdos Comerciales: Tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.
Acuerdo Marco de Precios: Es un contrato con vigencia determinada, celebrado entre (i) Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, y (ii) uno o más proveedores, mediante el cual se seleccionan a los proveedores y se regulan los términos y condiciones para la adquisición de bienes o servicios de características técnicas uniformes o no uniformes de común utilización.
Adendas: Documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones.
Bienes Nacionales: Bienes definidos como nacionales en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, de conformidad con el Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.
Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y Común Utilización: Bienes y servicios de común utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición y a los que se refiere el literal (a) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.
Capacidad Residual o K de Contratación: Aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que está en proceso de selección.
Catálogo Inclusivo: Es una herramienta desarrollada por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, para impulsar el tejido empresarial colombiano a través de la adquisición de bienes y servicios de producción nacional y que son ofertados por organizaciones de economía solidaria clasificadas como Mipymes.
Catálogo para Acuerdos Marco de Precios e Instrumentos de Agregación de Demanda: Ficha que contiene: (a) la lista de bienes y/o servicios; (b) las características asociadas a cada bien o servicio, así como su precio c) y la lista de los contratistas que son parte del Acuerdo Marco de Precios.
Clasificador de Bienes y Servicios: Sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC.
Colombia Compra Eficiente: Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del Decreto-Ley 4170 de 2011.
Cronograma: Documento en el cual la Entidad Estatal establece las fechas, horas y plazos para las actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar en el que estas deben llevarse a cabo.
Compra Pública de tecnología e Innovación: Es una herramienta de política de innovación a través de la cual las Entidades Estatales adquieren un producto o servicio de base tecnológica para dar respuesta a desafíos públicos respecto de los cuales no se encuentra una solución en el mercado o, si las hay, estas requieren ajustes o mejoras. Este tipo de compras pueden requerir investigación y desarrollo tecnológico para la exploración de alternativas, el diseño de soluciones, el prototipado o la fabricación original de un volumen limitado de primeros productos o servicios a modo de serie de prueba; o extenderse hasta la producción o suministro de los bienes y servicios.
Convocatoria de Soluciones Innovadoras: Procedimiento mediante el cual una Entidad Estatal plantea un reto de innovación a personas naturales o jurídicas, entendido como un desafío para resolver una necesidad de compra requiriendo nuevas soluciones a las existentes en el mercado o si las que hay requieren ajustes o mejoras para la satisfacción de sus necesidades, de manera que cualquier interesado presente alternativas de solución innovadora al reto identificado.
Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.
Entidad Estatal: Cada una de las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de 1993; (b) a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007 y (c) aquellas entidades que por disposición de la ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.
Etapas del Contrato: Fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato.
Grandes Superficies: Establecimientos de comercio que venden bienes de consumo masivo al detal y tienen las condiciones financieras definidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Lance: Cada una de las posturas que hacen los oferentes en el marco de una subasta.
Margen Mínimo: Valor mínimo en el cual el oferente en una subasta inversa debe reducir el valor del Lance o en una subasta de enajenación debe incrementar el valor del Lance, el cual puede ser expresado en dinero o en un porcentaje del precio de inicio de la subasta.
Mipyme: Micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley vigente aplicable.
Operación Principal de los Acuerdos Marco y de los Instrumentos de Agregación de Demanda: Es el conjunto de estudios, actividades y negociaciones llevadas a cabo por la Entidad Estatal legalmente facultada, dentro de la fase de planeación precontractual, con el objetivo seleccionar a los proveedores y de definir las condiciones de adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y no uniformes de común utilización.
Operación Secundaria de los Acuerdos Marco y de los Instrumentos de Agregación de Demanda: Es el proceso que adelantan las entidades estatales para la selección de los proveedores que suministrarán los bienes y servicios características técnicas uniformes y no uniformes de común utilización, de conformidad con las condiciones y el catálogo establecidos en la operación principal del Acuerdo Marco de Precios. Período Contractual: Cada una de las fracciones temporales en las que se divide la ejecución del contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato.
Plan Anual de Adquisiciones: Plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente título.
Proceso de Contratación: Conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde.
Riesgo: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.
RUP: Registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos.
Servicios Nacionales: En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es colombiano si además de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un proponente plural conformado por estos y un extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para la prestación del servicio que será objeto del Proceso de Contratación o vinculen el porcentaje mínimo de personal colombiano según corresponda.
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o un proponente plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano.
Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si aplican la regla de origen aquí prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables según el Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aquí prevista.
SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.
SMMLV: Salario mínimo mensual legal vigente. El texto original era el siguiente: Artículo 2.2.1.1.1.3.1. Definiciones. Los términos no definidos en el Título I de la Parte 2 del presente
decreto y utilizados frecuentemente deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio. Para la interpretación del presente Título I, las
expresiones aquí utilizadas con mayúscula inicial deben ser entendidas con el
significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados
en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son
utilizados. Acuerdos
Comerciales: Tratados internacionales vigentes celebrados
por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de
compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato
nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores
colombianos. Acuerdo
Marco de Precios: Contrato celebrado entre uno o más
proveedores y Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces, para la
provisión a las Entidades Estatales de Bienes y Servicios de Características
Técnicas Uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este. Adendas: Documento
por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones. Bienes
Nacionales: Bienes definidos como nacionales en el
Registro de Productores de Bienes Nacionales, de conformidad con el Decreto
2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. Bienes
y Servicios de Características Técnicas Uniformes: Bienes
y servicios de común utilización con especificaciones técnicas y patrones de
desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser
agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición y a los que se
refiere el literal (a) del
numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Capacidad
Residual o K de Contratación: Aptitud de un oferente para cumplir
oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros
compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que
está en proceso de selección. Catálogo
para Acuerdos Marco de Precios: Ficha que contiene: (a) la lista de bienes
y/o servicios; (b) las condiciones de su contratación que están amparadas por
un Acuerdo Marco de Precios; y (c) la lista de los contratistas que son parte
del Acuerdo Marco de Precios Clasificador
de Bienes y Servicios: Sistema de codificación de las Naciones
Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC. Colombia
Compra Eficiente: Agencia Nacional de Contratación Pública creada
por medio del Decreto-Ley 4170 de 2011 Compra Pública de Tecnología e Innovación. <El texto adicionado es el siguiente> Es
una herramienta de política de innovación a través de la cual las Entidades
Estatales adquieren un producto o servicio de base tecnológica para dar
respuesta a desafíos públicos respecto de los cuales no se encuentra una
solución en el mercado o, si las hay, estas requieren ajustes o mejoras. Este
tipo de compras pueden requerir investigación y desarrollo tecnológico para la
exploración de alternativas, el diseño de soluciones, el prototipado o la
fabricación original de un volumen limitado de primeros productos o servicios a
modo de serie de prueba; o extenderse hasta la producción o suministro de los
bienes y servicios. Convocatoria de Soluciones Innovadoras. <El texto adicionado es el siguiente> Procedimiento
mediante el cual una Entidad Estatal plantea un reto de innovación a personas
naturales o jurídicas, entendido como un desafío para resolver una necesidad de
compra requiriendo nuevas soluciones a las existentes en el mercado o si las
que hay requieren ajustes o mejoras para la satisfacción de sus necesidades, de
manera que cualquier interesado presente alternativas de solución innovadora al
reto identificado. Cronograma: Documento
en el cual la Entidad Estatal establece las fechas, horas y plazos para las
actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar en el que estas
deben llevarse a cabo. Documentos
del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos;
(b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación;
(d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato;
y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso
de Contratación. Entidad
Estatal: Cada una de las entidades: (a) a las que se
refiere el artículo 2 de la Ley 80 de 1993; (b) a las que se refieren los
artículos 10, 14 y 24 de la
Ley 1150 de 2007 y (c) aquellas entidades que por disposición de la ley deban
aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de
2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. Etapas
del Contrato: Fases en las que se divide la ejecución del
contrato, teniendo en cuenta las actividades propias de cada una de ellas las
cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las
garantías del contrato. Grandes
Superficies: Establecimientos de comercio que venden bienes
de consumo masivo al detal y tienen las condiciones financieras definidas por
la Superintendencia de Industria y Comercio. Lance: Cada
una de las posturas que
hacen los oferentes en el marco de una subasta. Margen
Mínimo: Valor mínimo en el cual el oferente en una
subasta inversa debe reducir el valor del Lance o en una subasta de enajenación
debe incrementar el valor del Lance, el cual puede ser expresado en dinero o en
un porcentaje del precio de inicio de la subasta. Mipyme: Micro,
pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley vigente aplicable. Período Contractual: Cada una de las
fracciones temporales en las que se divide la ejecución del contrato, las
cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las
garantías del contrato. Plan
Anual de Adquisiciones: Plan general de compras al que se refiere
el artículo 74 de
la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de
Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades
Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente
título. Proceso
de Contratación: Conjunto de actos y actividades, y su
secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el
vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las
condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes
o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde. Riesgo: Evento
que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los
objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato. RUP: Registro
único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual los
interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos. Servicios
Nacionales: Servicios prestados por personas naturales colombianas o
residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con
la legislación colombiana. SECOP: Sistema
Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el artículo 3 de la
Ley 1150 de 2007.
SMMLV: Salario
mínimo mensual legal vigente. Otras Modificaciones: Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 680 de 2021, Adicionado por el artículo 2, Decreto 442 de 2022. (Decreto 1510 de
2013, articulo 3.)
SUBSECCIÓN 4 PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Modificado por el art. 2, Decreto 142 de 2023. <El nuevo texto es el siguiente> Plan Anual de Adquisiciones. Las entidades estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar como mínimo la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la· entidad estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la entidad estatal iniciará el Proceso de Contratación.
Las entidades estatales deberán planear su contratación de manera que se promueva la división de Procesos de Contratación en lotes o segmentos en los que se facilite la participación de las Mipymes.
Dentro de estas Mipymes se encuentran entre otras, las cooperativas de acuerdo con los requisitos del artículo 23 de la Ley 2069 de 2020 o las que se constituyan como entidades de economía solidaria de acuerdo con los requisitos del artículo 6 de la Ley 454 de 1998 o la norma que las modifique o sustituya.
Las asociaciones conformadas por sujetos de especial protección constitucional, asociaciones de pequeños productores locales y productores locales agropecuarios cuyos sistemas productivos pertenezcan a la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria podrán ser clasificadas como Mipymes en los términos previstos en el artículo 23 de la Ley 2069 de 2020, el artículo 2 de la Ley 590 de 2000 y por el Decreto 957 de 2019 o las normas que los modifiquen. El texto original era el siguiente:
Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales
deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista
de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan
Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando
conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo
utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado
del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal
pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y
la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de
Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el
formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. (Decreto 1510 de
2013, artículo 4) Artículo
2.2.1.1.1.4.2. No obligatoriedad de
adquirir los bienes, obras y servicios contenidos en el Plan Anual de
Adquisiciones.
El Plan Anual de Adquisiciones no obliga a las Entidades Estatales a efectuar
los procesos de adquisición que en él se enumeran. (Decreto 1510 de
2013, artículo 5) Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Publicación
del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe publicar su
Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y
en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. (Decreto 1510 de
2013, artículo 6) Artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización
del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe actualizar el
Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la
forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de
Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición,
valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir
nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios;
o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones. (Decreto 1510 de
2013, articulo 7) SUBSECCIÓN 5 REGISTRO ÚNICO DE
PROPONENTES (RUP) Artículo
2.2.1.1.1.5.1. Inscripción,
renovación, actualización y cancelación del RUP. Las personas naturales
y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas
en participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades
Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de
forma taxativa en la ley. La persona inscrita en el RUP debe presentar la información
para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de
cada año. De lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona inscrita en el
RUP puede actualizar la información registrada relativa a su experiencia y
capacidad jurídica en cualquier momento. Los inscritos en el RUP pueden en cualquier momento
solicitar a la cámara de comercio cancelar su inscripción. (Decreto 1510 de
2013, articulo 8) Artículo 2.2.1.1.1.5.2. Información para
inscripción, renovación o actualización. El interesado debe presentar a
cualquier cámara de comercio del país una solicitud de registro, acompañada de
la siguiente información. La cámara de comercio del domicilio del solicitante
es la responsable de la inscripción, renovación o actualización
correspondiente: 1. Si
es una persona natural: 1.1. Bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades
Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel. 1.2. Certificados de
la experiencia en la provisión de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a
las Entidades Estatales, los cuales
deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o
servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o copias de los contratos
cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El interesado debe
indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, los bienes, obras
y servicios a los cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar,
identificándolos con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel. 1.3. Sí la persona está obligada a llevar contabilidad,
copia de la información contable del último año exigida por las normas tributarias. 1.4. Certificado expedido por la persona natural o su
contador, relativa al tamaño empresarial de acuerdo con la definición legal y
reglamentaria. 2. Si es una persona jurídica: 2.1. Bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades
Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer
nivel. 2.2. Certificado expedido por el representante legal y el
revisor fiscal, si la persona jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o
contador, en el que conste que el interesado no es parte de un grupo
empresarial, no ejerce control sobre otras sociedades y no hay situación de
control sobre el interesado, en los términos del Código de Comercio. Si el
grupo empresarial o la circunstancia de control existe, en el certificado debe
constar la identificación de los miembros del grupo empresarial, la situación
de control y los controlantes y controlados. 2.3. Estados financieros de la sociedad y los estados
financieros consolidados del grupo empresarial, cuando la norma aplicable lo
exige, auditados con sus notas y los siguientes anexos, suscritos por el
representante legal y el revisor fiscal, si la persona jurídica está obligada a
tenerlo, o suscritos por el representante legal y el auditor o contador si la
persona jurídica no está obligada a tener revisor fiscal: I. Principales cuentas detalladas del balance general. II. Principales cuentas del estado de pérdidas y ganancias. III. Cuentas contingentes deudoras y acreedoras. Si el interesado no tiene antigüedad suficiente para tener
estados financieros auditados a 31 de diciembre, debe inscribirse con estados
financieros de corte trimestral, suscritos por el representante legal y el
auditor o contador o estados financieros de apertura. 2.4. Copia de los documentos adicionales exigidos por la
Superintendencia de Sociedades respecto de las sociedades sometidas a su
inspección, vigilancia o control. 2.5. Certificados de la experiencia en la provisión de los
bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales
deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o
servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o copias de los contratos
cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El interesado debe
indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, los bienes, obras
y servicios a los cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar,
identificándolos con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel.
Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la
experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. 2.6. Certificado expedido por el representante legal y el
revisor fiscal, si la persona jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o
contador, relativa al tamaño empresarial de acuerdo con la definición legal y
reglamentaria. Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para
registro la información contable y financiera de su casa matriz. Los estados
financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados de conformidad
con las normas aplicables en el país en el que son emitidos. Los proponentes que terminan su año contable en una fecha
distinta al 31 de diciembre, deben actualizar la información financiera en la
fecha correspondiente; sin perjuicio de la obligación de renovar el RUP de
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del presente decreto. Parágrafo Transitorio 1°. Sustituido por el art. 1, Decreto 579 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente> A partir del 1° de junio de 2021, para efectos de la inscripción en el Registro Único de Proponentes, el interesado reportará la información contable de que tratan los numerales 1.3 y 2.3 de este artículo, correspondiente a los últimos tres (3) años fiscales anteriores al respectivo acto.
En aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigüedad suficiente para aportar la información financiera correspondiente a los tres (3) años descritos en el inciso anterior, podrá acreditar dicha información desde su primer cierre fiscal.
El proponente con inscripción activa y vigente que no tenga la información de la capacidad financiera y organizacional de los años 2018 y/o 2019 inscrita en el Registro Único de Proponentes, durante el mes de junio de 2021, podrá reportar por única vez, mediante una solicitud de actualización, únicamente la información contable correspondiente a estos años, sin costo alguno.
El proponente que tenga o haya tenido inscrita en la cámara de comercio la información de la capacidad financiera y organizacional de los años 2018 y/o 2019, no deberá presentar la información que repose en la respectiva cámara de comercio, la cual conservará la firmeza para efectos de su certificación. El texto original era el siguiente: PARÁGRAFO TRANSITORIO 1: Adicionado por el art. 4, Decreto Nacional 399 de 2021 <El texto adicionado es el siguiente> A partir del 1 de agosto de 2021, para efectos de la inscripción en el Registro Único de Proponentes, el interesado repodará fa información contable de que tratan los numerales 1.3 y 23 de este artículo, correspondiente a los últimos tres (3) años fiscales anteriores al respectivo acto. En aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigüedad suficiente para aportar la información financiera correspondiente a los tres (3) años descritos en el inciso anterior, podrá acreditar dicha información desde su primer cierre fiscal. El proponente con inscripción activa y vigente que no tenga la información de la capacidad financiera y organizacional de los años 2018 y/o 2019 inscrita en el Registro Único de Proponentes, durante el mes de agosto de 2021, podrá reponer por única vez, mediante una solicitud de actualización, únicamente la información contable correspondiente a estos años, sin costo alguno. El proponente que tenga inscrita en la cámara de comercio la información de la capacidad financiera y organizacional de los años 2018 y/o 2019, no deberá presentar la información que repose en la respectiva cámara de comercio, la cual conservará la firmeza para efectos de su certificación.
Parágrafo Transitorio 2°. Sustituido por el art. 1, Decreto 579 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente> En el año 2022, para efectos de la inscripción o renovación del Registro Único de Proponentes, el interesado reportará la información contable de que tratan los numerales 1.3 y 2.3 de este artículo, correspondiente a los últimos tres (3) años fiscales anteriores al respectivo acto.
En aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigüedad suficiente para aportar la información financiera correspondiente a los tres (3) años descritos en el inciso anterior, podrá acreditar dicha información desde su primer cierre fiscal.
El proponente que tenga o haya tenido inscrita en la cámara de comercio la información de la capacidad financiera y organizacional de los años 2019 y/o 2020, no deberá presentar la información que repose en la respectiva cámara de comercio, la cual conservará la firmeza para efectos de su certificación. El texto original era el siguiente: PARÁGRAFO TRANSITORIO 2: Adicionado por el art. 4, Decreto Nacional 399 de 2021 <El texto adicionado es el siguiente> En el año 2022, para efectos de la inscripción o renovación del Registro Único de Proponentes, el interesado reportará la información contable de que tratan los numerales 1.3 y 2.3 de este artículo, correspondiente a los últimos tres (3) años fiscales anteriores al respectivo acto. En aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigüedad suficiente para aportar ja información financiera correspondiente a los tres (3) años descritos en el inciso anterior, podrá acreditar dicha información desde su primer cierre fiscal. El proponente que tenga inscrita en la cámara de comercio la información de la capacidad financiera y organizacional de los años 2019 y/o 2020, no deberá presentar fa información que repose en la respectiva cámara de comercios la cual conservará la firmeza para efectos de su certificación. (Decreto 1510 de
2013, articulo 9) PARÁGRAFO TRANSITORIO 3. Adicionado por el art. 1, Decreto Nacional 1041 de 2022. <El texto adicionado es el siguiente> En el año 2023, para efectos de la inscripción o renovación del Registro Único de Proponentes, el interesado reportará la información contable de que tratan los numerales 1.3 y 2.3 de este artículo, correspondiente a los últimos tres (3) años fiscales anteriores al respectivo acto.
En aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigüedad suficiente para aportar la información financiera correspondiente a los tres (3) años descritos en el inciso anterior, podrá acreditar dicha información desde su primer cierre fiscal.
El proponente que tenga o haya tenido inscrita en la cámara de comercio la información de la capacidad financiera y organizacional de los años 2020 y/o 2021, no deberá presentar la información que repose en la respectiva cámara de comercio, la cual conservará la firmeza para efectos de su certificación. Artículo
2.2.1.1.1.5.3. Requisitos
habilitantes contenidos en el RUP. Las cámaras de comercio, con base en
la información a la que hace referencia el artículo anterior, deben verificar y
certificar los siguientes requisitos habilitantes: 1. Experiencia - Los contratos celebrados por el interesado
para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades
Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer
nivel y su valor expresado en SMMLV. Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales
y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido participación,
para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades
Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer
nivel y su valor expresado en SMMLV. 2. Capacidad Jurídica - La capacidad jurídica del
proponente para prestar los bienes, obras, o servicios que ofrecerá a las
Entidades Estatales y la capacidad del representante legal de las personas
jurídicas para celebrar contratos y si requiere, autorizaciones para el efecto
con ocasión de los límites a la capacidad del representante legal del
interesado en relación con el monto y el tipo de las obligaciones que puede
adquirir a nombre del interesado. 3. Capacidad Financiera - los siguientes indicadores miden
la fortaleza financiera del interesado: 3.1. índice de liquidez: activo corriente dividido por el
pasivo corriente. 3.2. índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el
activo total. 3.3. Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional
dividida por los gastos de intereses. 4. Capacidad Organizacional - los siguientes indicadores
miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos
del interesado: 4.1. Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional
dividida por el patrimonio. 4.2. Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida
por el activo total. (Decreto 1510 de
2013, artículo 10) Artículo
2.2.1.1.1.5.4. Función
de verificación de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio
deben verificar que la información del formulario de inscripción, renovación o
actualización coincida con la información contenida en los documentos
enumerados en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del presente decreto y proceder al
registro. Las cámaras de comercio pueden utilizar la información de los registros
que administran para adelantar esta verificación. Contra el registro procederá
el recurso de reposición en los términos del numeral 6.3 del artículo 6 de la
Ley 1150 de 2007. El trámite de la impugnación de inscripciones en el RUP
debe adelantarse de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.3 del artículo 6
de la Ley 1150 de 2007. (Decreto 1510 de
2013, artículo 11) Artículo
2.2.1.1.1.5.5. Formulario.
La Superintendencia de Industria y Comercio autorizará el formulario de
solicitud de registro en el RUP y el esquema gráfico del certificado que para
el efecto le presenten las cámaras de comercio. (Decreto 1510 de
2013, artículo 12) Artículo 2.2.1.1.1.5.6. Certificado del RUP. El certificado del RUP debe contener: (a) los bienes, obras y servicios para los cuales está inscrito el proponente de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios; (b) los requisitos e indicadores a los que se refiere el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del presente decreto; (c) la información relativa a contratos, multas, sanciones e inhabilidades; y (d) la información histórica de experiencia que el proponente ha inscrito en el RUP. Las cámaras de comercio expedirán el certificado del RUP por solicitud de cualquier interesado. Las Entidades Estatales podrán acceder en línea y de forma gratuita a la información inscrita en el RUP. Parágrafo Transitorio 1°. Modificado por el art. 2 del Decreto Nacional 1041 de 2022. <El nuevo texto es el siguiente> De conformidad con los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del presente Decreto, los requisitos e indicadores de la capacidad financiera y organizacional de que trata el literal (b) del artículo 2.2.1.1.1.5.6. de este Decreto corresponderán a los últimos tres (3) años fiscales anteriores a la inscripción o renovación, dependiendo de la antigüedad del proponente. En armonía con lo anterior, a partir del 1 de julio de 2021, las cámaras de comercio certificarán la información de que tratan los parágrafos transitorios 1,2 Y 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. de este Decreto. Otras modificaciones: Sustituido por el art. 2, Decreto 579 de 2021. El texto original era el siguiente: PARÁGRAFO TRANSITORIO 1: Adicionado por el art. 5, Decreto Nacional 399 de 2021 <El texto adicionado es el siguiente> De conformidad con los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del presente Decreto, los requisitos e indicadores de la capacidad financiera y organizacional de que trata el literal (b) del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015 corresponderán a los últimos tres (3) años fiscales anteriores a la inscripción o renovación, dependiendo de la antigüedad del proponente. En armonía con lo anterior, a partir del 1 de agosto de 2021, las cámaras de comercio certificarán la información de que tratan los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. de este Decreto.
Parágrafo Transitorio 2: Modificado por el art. 2 del Decreto Nacional 1041 de 2022 <El nuevo texto es el siguiente> El proponente que cuente con inscripción activa y vigente en el RUP, que reporte la información de la capacidad financiera y organizacional, señalada en los parágrafos transitorios 1, 2 Y 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del presente Decreto, deberá presentarla en el formato unificado que las cámaras de comercio dispongan para tal efecto. El texto original era el siguiente: El proponente con inscripción activa y vigente que reporte la información de la capacidad financiera y organizacional, señalada en los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del presente Decreto, deberá presentarla en el formato que las Cámaras de Comercio dispongan unificadamente para tal efecto. (Decreto 1510 de
2013, artículo 13) Otras modificaciones: Adicionado por el art. 5, Decreto Nacional 399 de 2021 Artículo 2.2.1.1.1.5.7. Información
de multas, sanciones, inhabilidades y actividad contractual. Las
Entidades Estatales deben enviar mensualmente a las cámaras de comercio de su
domicilio, copia de los actos administrativos en firme, por medio de los cuales
impusieron multas y sanciones y de las inhabilidades resultantes de los
contratos que hayan suscrito, y de la información de los Procesos de
Contratación en los términos del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. Para el
efecto las cámaras de comercio pueden establecer mecanismos electrónicos para
recibir la información mencionada. El registro de las sanciones e inhabilidades
debe permanecer en el certificado del RUP por el término de la sanción o de la
inhabilidad. La información relativa a multas debe permanecer en el certificado
del RUP por un año, contado a partir de la publicación de la misma. Las cámaras de comercio deben tener un mecanismo de interoperabilidad
con el SECOP para el registro de la información de que trata el presente
artículo. (Decreto 1510 de
2013, artículo 14) SUBSECCIÓN 6 ANÁLISIS DEL
SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber
de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer,
durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo
al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad
Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. (Decreto 1510 de
2013, articulo 15) Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación
de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los
requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo
en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato
objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo;
y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva
comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de
fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes. Parágrafo Transitorio. Sustituido por el art. 3, Decreto 579 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente> De conformidad con los parágrafos transitorios de los artículos 2.2.1.1.1.5.2. y 2.2.1.1.1.5.6., y en desarrollo del deber de análisis de las Entidades Estatales, de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1. de este Decreto, a partir del 1° de julio de 2021 las Entidades Estatales establecerán y evaluarán los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional teniendo en cuenta la información que conste en el Registro Único de Proponentes. En todo caso, se establecerán indicadores proporcionales al procedimiento de contratación.
Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relación con los indicadores de la capacidad financiera y organizacional, de los procesos de selección cuyo acto administrativo de apertura o invitación se publique a partir del 1° de julio de 2021, se tendrá en cuenta la información vigente y en firme en el RUP, por lo que las Entidades Estatales evaluarán estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada proponente. El texto original era el siguiente: PARÁGRAFO TRANSITORIO: Adicionado por el art. 6, Decreto Nacional 399 de 2021 <El texto adicionado es el siguiente> De conformidad con los parágrafos transitorios de los artículos 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.6. y en desarrollo del deber de análisis de las Entidades Estatales, de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1. de este Decreto, a partir del 1 de septiembre de 2021 las Entidades Estatales podrán establecer y evaluar los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional teniendo en cuenta la información que conste en el Registro Único de Proponentes. En todo caso, se establecerán indicadores proporcionales al procedimiento de contratación. Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relación con los indicadores de la capacidad financiera y organizacional, de los procesos de selección cuyo acto administrativo de apertura o invitación se publique a partir del 1 de septiembre de 2021, se tendrá en cuenta la información vigente y en firme en el RUP por lo que las Entidades Estatales evaluarán estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada proponente. (Decreto 1510 de
2013, artículo 16) Artículo
2.2.1.1.1.6.3. Evaluación
del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de
Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de
acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra
Eficiente. (Decreto 1510 de
2013, artículo 17) Artículo
2.2.1.1.1.6.4. Capacidad
Residual. El interesado en celebrar contratos de obra pública con
Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación
con los siguientes documentos: 1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución
suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y
plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión y los contratos de
obra suscritos con concesionarios. 2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución,
suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el
proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades
privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los
contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior
y estado de resultados auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso
operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben estar
suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si
está obligado a tenerlo, o el auditor o contador sí no está obligado a tener
revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades
Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados
del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos
cinco (5) años. La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del
Proceso de Contratación de acuerdo con la siguiente fórmula: Capacidad Residual
del Proceso de Contratación = Presupuesto oficial estimado – Anticipo Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12)
meses, la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale a la
proporción lineal de doce (12) meses del presupuesto oficial estimado menos el
anticipo cuando haya lugar. La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del
proponente de acuerdo con la siguiente fórmula: Capacidad Residual
del proponente
= CO x [(E+CT+CF)/100] - SCE A cada uno de los factores se le asigna el siguiente
puntaje máximo:
La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de tos demás factores. El proponente debe acreditar una Capacidad Residual
superior o igual a la Capacidad Residual establecida en los Documentos del
Proceso para el Proceso de Contratación. Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es
suficiente si: Capacidad Residual del proponente La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del
proponente de acuerdo con la metodología que defina Colombia Compra Eficiente,
teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF),
Capacidad Técnica (CT), Capacidad de Organización (CO), y los saldos de los
contratos en ejecución (SCE). Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas
aplicables aprueben sus estados financieros auditados con corte a 31 de
diciembre en un fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden
presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el
representante legal junto con un pre informe de auditoría en el cual el auditor
o el revisor fiscal certifique que: (a) la información financiera presentada a
la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su
función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios
contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad
generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros. Esta
disposición también es aplicable para la información que el proponente en estas
condiciones debe presentar para inscribirse o renovar su inscripción en el RUP
de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2. Esta información debe ser actualizada
llegada la fecha máxima de actualización de acuerdo con la legislación del país
de origen. (Decreto 1510 de
2013, articulo 18; Decreto 791 de 2014, articulo 1) Artículo 2.2.1.1.1.6.5. Adicionado por el art. 3, Decreto Nacional 442 de 2022. <El texto adicionado es el siguiente> Convocatoria de Soluciones Innovadoras. Las Entidades Estatales que adelanten Compras Públicas de Tecnología e Innovación, en la etapa de planeación y con base en el estudio del sector, determinarán si existen soluciones en el mercado o estas requieren ajustes para la satisfacción de su necesidad o si no existe una solución y es necesario generar una completamente nueva
Si las Entidades Estatales determinan que su necesidad puede ser atendida mediante una Compra Pública de Tecnología e Innovación, esto es, requiriendo nuevas soluciones a las existentes en el mercado o si las que hay requieren ajustes o mejoras para la satisfacción de sus necesidades, realizarán una convocatoria para buscar soluciones innovadoras para que cualquier interesado presente alternativas a la necesidad identificada
Para la convocatoria, las Entidades Estatales deberán elaborar, publicar y difundir un documento de necesidades funcionales, el cual contendrá como mínimo la siguiente información:
1. La descripción desde el punto de vista funcional de la necesidad que la Entidad Estatal busca atender mediante el proceso de compra pública para la innovación. 2. Los requisitos mínimos que debe cumplir la solución propuesta en términos de la finalidad, sin hacer referencia a las posibles soluciones técnicas y/o tecnológicas que satisfagan su necesidad.
3. El cronograma que incluya el plazo para presentar soluciones innovadoras.
4. Las reglas para hacer el diálogo técnico, las cuales deberán garantizarla transparencia, generar confianza y promover la participación de una pluralidad de interesados.
5. El medio electrónico o físico, por medio del cual recibirá la idea o solución innovadora y se responderán las inquietudes de los interesados.
6. El tratamiento de la información confidencial, la propiedad intelectual, los secretos comerciales e industriales, y el uso y explotación económica de las soluciones innovadoras presentadas.
7. El uso que la Entidad Estatal le dará a la idea presentada, en caso de que eventualmente se abra el Proceso de Contratación.
8. El valor estimado del Proceso de Contratación, en caso de que se cuente con él. La Entidad Estatal deberá publicar este documento en el SECOP y difundir la convocatoria a través de medios que promuevan la participación.
Parágrafo. En ningún caso la publicación del documento de necesidades funcionales al que hace referencia el presente artículo, se entenderá como el acto de apertura de un Proceso de Contratación. Por lo demás, las soluciones innovadoras no serán consideradas ofertas ni serán objeto de evaluación
Artículo 2.2.1.1.1.6.6. Adicionado por el art. 3, Decreto Nacional 442 de 2022. <El texto adicionado es el siguiente> Diálogo Técnico. Vencido el plazo para la presentación de soluciones innovadoras, según se establezca en el cronograma de que trata el numeral 3 del artículo 22.1.1.1.6.5 de este Decreto, la Entidad realizará reuniones individuales o conjuntas con quienes las allegaron, para conocer el detalle de las ideas, la oferta del mercado y obtener insumos que le permitan determinar el contenido de los Documentos del Proceso.
Las reglas y características que rijan el diálogo deberán garantizar la transparencia, generar confianza y promover la participación de una pluralidad de interesados. Los mecanismos de interacción con los interesados deberán ser claros para todas las panes y la información de interés para los involucrados en el proceso deberá estar disponible en su totalidad.
La Entidad establecerá los mecanismos para asegurar la protección de los secretos comerciales y los derechos de propiedad intelectual.
Los resultados del diálogo técnico serán insumos para realizar los estudios previos y ajustar el análisis del sector económico. De acuerdo con los resultados de la etapa de planeación, la entidad adelantará el procedimiento de selección aplicable.
En todo caso, la convocatoria de soluciones innovadoras y el diálogo técnico no obligan a la entidad a publicar el aviso de convocatoria, invitación pública o a suscribir el contrato, según corresponda.
Parágrafo 1°. En caso de que como resultado del procedimiento descrito en el presente artículo se determine que resulta procedente llevar a cabo una Compra Pública de Tecnología e Innovación, la Entidad Estatal adelantará el proceso contractual que corresponda de acuerdo con las disposiciones vigentes,
Parágrafo 2° En los eventos en que en la Entidad opte por iniciar un proceso de contratación estatal, deberá implementar los mecanismos para evitar el intercambio de información comercial sensible entre los interesados en el marco del diálogo técnico, con el fin de prevenir la colusión de potenciales proponentes.
Artículo 2.2.1.1.1.6.7. Adicionado por el art. 3, Decreto Nacional 442 de 2022. <El texto adicionado es el siguiente> Lineamientos para la promoción de las Compras Públicas de Tecnología e Innovación. La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente definirá los lineamientos para generar inversiones o compras que permitan promover en las empresas y emprendedores nacionales la necesidad de innovar y usar la tecnología dentro de su negocio, así como involucrar nuevas tecnologías, herramientas tecnológicas e innovación en las funciones o sistemas de las Entidades Estatales que permitan generar mejores servicios a los ciudadanos y fomentar el desarrollo tecnológico del Estado.
La guía de lineamientos podrá contemplar, entre otros, los siguientes aspectos: (i) la forma de identificar una idea innovadora, (ji) pautas respecto de las reglas del diálogo técnico, (iji) la manera en que se hará el tratamiento de la información confidencial en el marco del diálogo técnico y (iv) la forma de hacer seguimiento y control a la implementación de la idea innovadora en su eventual ejecución.
Estos lineamientos serán definidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, quienes podrán invitar a entidades del orden nacional encargadas de promover la tecnología o la innovación, los cuales se expedirán en un plazo no mayor a seis (6) meses contados a partir de la publicación de este Decreto. Artículo 2.2.1.1.1.6.8. Adicionado por el art. 3, decreto 142 de 2023. <El texto adicionado es el siguiente> Ferias de Negocios Inclusivas. En el marco de la planeación contractual, a efectos de generar insumos para el análisis del sector económico relativo al objeto del proceso de contratación, las entidades estatales podrán realizar consultas al mercado desarrollando Ferias de Negocios Inclusivas. La información recolectada en el marco de estas Ferias de Negocios Inclusivas podrá ser utilizada por las entidades estatales para identificar los eventuales obstáculos que pudieran limitar la participación en los procesos de contratación de las Mipymes.
Dentro de estas Mipymes se encuentran entre otras, las cooperativas de acuerdo con los requisitos del artículo 23 de la Ley 2069 de 2020 o las que se constituyan como entidades de economía solidaria de acuerdo con los requisitos del artículo 6 de la Ley 454 de 1998 o la norma que las modifique o sustituya.
Las asociaciones conformadas por sujetos de especial protección constitucional, asociaciones de pequeños productores locales y productores locales agropecuarios cuyos sistemas productivos pertenezcan a la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria podrán ser clasificadas como Mipymes en los términos previstos en el artículo 23 de la Ley 2069 de 2020, el artículo 2 de la Ley 590 de 2000 y por el Decreto 957 de 2019 o las normas que los modifiquen. SUBSECCIÓN 7
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está
obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días
siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del
adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones
que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente
el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de
mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para que los
interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o
solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo
2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto. (Decreto 1510 de
2013, artículo 19) Artículo 2.2.1.1.1.7.2. Adicionado por el art.1, Decreto 1798 de 2021. <El texto adicionado es el siguiente> Estampillas Electrónicas. Con el fin de garantizar la publicidad y centralización de la información contractual del Estado colombiano, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente integrará al Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), o la plataforma que haga sus veces, un sistema que permita la implementación y funcionamiento de la desmaterialización y automatización de las estampillas electrónicas. Este sistema será aplicable de manera exclusiva a los contratos y/o negocios jurídicos que se encuentren gravados con un tributo de estampilla y sean celebrados con las entidades públicas.
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente establecerá un único formato para representar las estampillas electrónicas, lo cual será incorporado al Secop, o la plataforma que haga sus veces.
Parágrafo 1°. La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente no tendrá a su cargo funciones de recaudo o liquidación de las estampillas, lo cual continuará siendo de competencia exclusiva de las entidades o instancias definidas por la ley para cada estampilla, según corresponda.
Parágrafo 2°. La obligación de adherir o anular las estampillas electrónicas, estará a cargo del funcionario que intervenga en la suscripción de los actos o en los hechos sujetos a gravamen.
Parágrafo 3°. Al momento de adoptar las estampillas electrónicas en los términos establecidos en el artículo 13 de la Ley 2052 de 2020 y en el presente artículo, los entes territoriales que tengan sistemas electrónicos propios para la gestión de las estampillas, deberán integrarlos al Secop, o la plataforma que haga sus veces, para que su funcionamiento continúe de forma interoperable entre las dos plataformas.
Parágrafo 4°. El gasto que le conlleve a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente lo dispuesto en el presente artículo, quedará sujeto a las disponibilidades presupuesta/es existentes en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector. SECCIÓN 2 ESTRUCTURA Y
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SUBSECCIÓN 1 PLANEACIÓN Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 399 de 2021 <El nuevo texto es el siguiente> Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Estos deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección:
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación.
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos.
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precjos unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos presupuestales en la estimación de aquellos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.
6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el proceso de contratación.
8. La indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial.
El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía.
El texto original era el siguiente:
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y
documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el
proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben
permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de
Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para
cada modalidad de selección: 1. La
descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el
Proceso de Contratación. 2. El objeto
a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 3. La
modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los
fundamentos jurídicos. 4. El
valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del
contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe
incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la
estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables
utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de
selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de
concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado
en su estructuración. 5. Los
criterios para seleccionar la oferta más favorable. 6. El
análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 7. Las
garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de
Contratación. 8. La
indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo
Comercial. El presente
artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 20) Artículo
2.2.1.1.2.1.2. Aviso
de convocatoria. El aviso de convocatoria para participar en un Proceso
de Contratación debe contener la siguiente información, además de lo
establecido para cada modalidad de selección: 1. El nombre y dirección de la Entidad Estatal. 2. La dirección, el correo electrónico y el teléfono en
donde la Entidad Estatal atenderá a los interesados en el Proceso de
Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes
deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación. 3. El objeto del contrato a celebrar, identificando las
cantidades a adquirir. 4. La modalidad de selección del contratista. 5. El plazo estimado del contrato. 6. La fecha límite en la cual los interesados deben
presentar su oferta y el lugar y forma de presentación de la misma. 7. El valor estimado del contrato y la manifestación
expresa de que la Entidad Estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal. 8. Mención de si la contratación está cobijada por un
Acuerdo Comercial. 9. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser
limitada a Mipyme. 10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para
participar en el Proceso de Contratación. 11. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a
precalificación. 12. El Cronograma. 13. La forma como los interesados pueden consultar los
Documentos del Proceso. En los Procesos de Contratación adelantados bajo las
modalidades de selección de mínima cuantía y contratación directa, no es
necesaria la expedición y publicación del aviso de convocatoria en el SECOP. (Decreto 1510 de
2013, artículo 21) Artículo
2.2.1.1.2.1.3. Pliegos
de condiciones. Los pliegos de condiciones deben contener por lo menos
la siguiente información: 1. La descripción técnica, detallada y completa del bien o
servicio objeto del contrato, identificado con el cuarto nivel del Clasificador
de Bienes y Servicios, de ser posible o de lo contrario con el tercer nivel del
mismo. 2. La modalidad del proceso de selección y su
justificación. 3. Los criterios de selección, incluyendo los factores de
desempate y los incentivos cuando a ello haya lugar. 4. Las condiciones de costo y/o calidad que la Entidad
Estatal debe tener en cuenta para la selección objetiva, de acuerdo con la
modalidad de selección del contratista. 5.Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas,
su evaluación y a la adjudicación del contrato. 6. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta. 7. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos
y la determinación de si debe haber lugar a la entrega de anticipo, y si
hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos que
este pueda generar. 8. Los Riesgos asociados al contrato, la forma de
mitigarlos y la asignación del Riesgo entre las partes contratantes. 9. Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y
sus condiciones. 10. La mención de si la Entidad Estatal y el contrato
objeto de los pliegos de condiciones están cubiertos por un Acuerdo Comercial. 11. Los términos, condiciones y minuta del contrato. 12. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría
del contrato. 13. El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede
expedir Adendas. 14. El Cronograma. (Decreto 1510 de
2013, artículo 22) Artículo
2.2.1.1.2.1.4. Observaciones
al proyecto de pliegos de condiciones. Los interesados pueden hacer
comentarios al proyecto de pliegos de condiciones a partir de la fecha de
publicación de los mismos: (a) durante un término de diez (10) días hábiles en
la licitación pública; y (b) durante un término de cinco (5) días hábiles en la
selección abreviada y el concurso de méritos. (Decreto 1510 de
2013, artículo 23) Artículo 2.2.1.1.2.1.5. Acto administrativo de
apertura del proceso de selección. La Entidad Estatal debe ordenar la
apertura del proceso de selección, mediante acto administrativo de carácter
general, sin perjuicio de lo dispuesto en las Disposiciones Especiales para las
modalidades de selección, previstas en el capítulo 2 del presente título. El acto administrativo de que trata el presente artículo
debe señalar: 1. El objeto de la contratación a realizar. 2. La modalidad de selección que corresponda a la
contratación. 3. El Cronograma. 4. El lugar físico o electrónico en que se puede consultar
y retirar los pliegos de condiciones y los estudios y documentos previos. 5. La convocatoria para las veedurías ciudadanas. 6. El certificado de disponibilidad presupuestal, en
concordancia con las normas orgánicas correspondientes. 7. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de
acuerdo con cada una de las modalidades de selección. (Decreto 1510 de
2013, artículo 24) SUBSECCIÓN 2
Artículo
2.2.1.1.2.2.1. Modificación
de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los
pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del
plazo para presentar ofertas. La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el
Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y
antes de la adjudicación del contrato. La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días
hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil
anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para
tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley
la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación. (Decreto 1510 de
2013, artículo 25) Artículo 2.2.1.1.2.2.2. Modificado por el art. 4, decreto 142 de 2023. <El nuevo texto es el siguiente> Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista.
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio.
Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar en los pliegos de condiciones:
1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta.
2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio.
3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de economía, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida, impacto económico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que representen un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras.
4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, para permitir la ponderación de las ofertas presentadas.
La Entidad Estatal debe calcular la relación costo-beneficio de cada oferta estando del precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas. La mejor relación costo-beneficio para la Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodología anterior tenga el resultado más bajo.
La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación costo-beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido.
Para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas No Uniformes a través de Acuerdos Marco de Precios e Instrumentos de Agregación de Demanda, el ofrecimiento más favorable parte de la definición que la Entidad Estatal que estructura el Instrumento de Agregación de Demanda o Acuerdo Marco de Precios hace en la Operación Principal de las condiciones técnicas y económicas mínimas del bien o servicio.
Las Entidades Estatales que compren en la operación secundaria de un Acuerdo Marco de Precios o Instrumento de Agregación de Demanda, deben evaluar las cotizaciones de los proveedores bajo las condiciones que el instrumento fija para definir la oferta más favorable.
Parágrafo. Los criterios de calidad para evaluar la mejor relación calidad precio podrán incluir criterios ambientales o sociales vinculados al objeto del contrato.
Los criterios ambientales podrán referirse, entre otras, a variables como la reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero; el empleo de medidas de eficiencia energética y la utilización de energía procedente de fuentes renovables durante la ejecución del contrato.
Los criterios sociales se referirán, entre otras, a las siguientes finalidades: fomento de la integración social de personas con discapacidad, inclusión de personas pertenecientes a grupos vulnerables en la ejecución del contrato y, en general, la inserción sociolaboral de personas en situación de riesgo de exclusión social y la eliminación de criterios sospechosos de discriminación; el fomento de la contratación femenina o población LGTBIQ+; madres cabeza de hogar; personas que no cuenten con cualificaciones educativas de formación secundaria o profesional superior,; víctimas del conflicto armado; criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio justo durante la ejecución del contrato, en los términos definidos por el artículo 4 de la Ley 2046 de 2020 .
En el marco de las competencias atribuidas por el Decreto Ley 4170 de 2011, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente adoptará instrumentos dirigidos a orientar a las Entidades Estatales en la aplicación de estos criterios sociales y ambientales. El texto original era el siguiente: Artículo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe
determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a
cada modalidad de selección del contratista. En la licitación y la selección abreviada
de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable
teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio
soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los
elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de
costo-beneficio. Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo
con el literal (b) anterior debe señalar en los pliegos de condiciones: 1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas
de la oferta. 2. Las condiciones técnicas adicionales que
representan ventajas de calidad o de funcionamiento, tales como el uso de
tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración
del bien, obra o servicio. 3. Las condiciones económicas adicionales que
representen ventajas en términos de economía, eficiencia y eficacia, que puedan
ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de pago, descuentos por
adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones en programas de
entregas, mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida,
impacto económico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal
relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de los Riesgos,
servicios o bienes adicionales y que representen un mayor grado de satisfacción
para la entidad, entre otras. 4. El valor en dinero que la Entidad Estatal
asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, para permitir la
ponderación de las ofertas presentadas. La Entidad Estatal debe calcular la relación
costo-beneficio de cada oferta restando del precio total ofrecido los valores
monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas y económicas
adicionales ofrecidas. La mejor relación costo-beneficio para la Entidad
Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodología anterior tenga
el resultado más bajo.
La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que
presentó la oferta con la mejor relación costo-beneficio y suscribir el
contrato por el precio total ofrecido. (Decreto 1510 de
2013, artículo 26) Artículo 2.2.1.1.2.2.3. Comité
evaluador. La Entidad Estatal puede designar un comité evaluador
conformado por servidores públicos o por particulares contratados para el
efecto para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada
Proceso de Contratación por licitación, selección abreviada y concurso de
méritos. El comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva,
ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones.
El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio
de la labor encomendada. En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la
recomendación efectuada por el comité evaluador, debe justificar su decisión. Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen
de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés previstos en la
Constitución y la ley. La verificación y la evaluación de las ofertas para la
mínima cuantía será adelantada por quien sea designado por el ordenador del
gasto sin que se requiera un comité plural. (Decreto 1510 de
2013, artículo 27) Artículo
2.2.1.1.2.2.4. Oferta
con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la información
obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el
artículo 2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece
artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que
explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las
explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o quien
haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o
continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas. Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad
Estatal tuvo dudas sobre su valor, responde a circunstancias objetivas del
oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si
este es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su
análisis en el proceso de evaluación de ofertas. En la subasta inversa esta disposición es aplicable sobre
el precio obtenido al final de la misma. (Decreto 1510 de
2013, artículo 28) Artículo
2.2.1.1.2.2.5.
Inhabilidades con ocasión de la
presentación de otras ofertas. Para efectos de establecer el oferente que debe ser
inhabilitado cuando en un mismo Proceso de Contratación se presentan oferentes
en la situación descrita por los literales (g) y (h) del numeral 1 del artículo
8 de la Ley 80 de 1993 y poder establecer la primera oferta en el tiempo, la
Entidad Estatal debe dejar constancia de la fecha y hora de recibo de las
ofertas, indicando el nombre o razón social de los oferentes y sus
representantes legales. (Decreto 1510 de
2013, artículo 29) Artículo
2.2.1.1.2.2.6. Adjudicación
con oferta única. La Entidad Estatal puede adjudicar el contrato cuando
solo se haya presentado una oferta siempre que cumpla con los requisitos
habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los pliegos de condiciones,
sin perjuicio de las disposiciones especiales establecidas en la ley y el
presente título para la subasta inversa, el concurso de méritos y las reglas
particulares para los procesos con convocatoria limitada a las Mipyme. (Decreto 1510 de
2013, artículo 30) Artículo
2.2.1.1.2.2.7. De
la celebración de contratos en desarrollo de encargos fiduciarios o contratos
de fiducia.
La Entidad Estatal no puede delegar en las sociedades fiduciarias la
adjudicación de los contratos que celebren en desarrollo del encargo fiduciario
o de la fiducia pública pero sí pueden encomendar a la fiduciaria la
suscripción de tales contratos y la ejecución de todos los trámites inherentes
al Proceso de Contratación. (Decreto 1510 de
2013, artículo 31) Artículo
2.2.1.1.2.2.8. Inhabilidades
de las sociedades anónimas abiertas. En la etapa de selección, la
Entidad Estatal debe tener en cuenta el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades y conflictos de interés previsto en la ley para lo cual debe
tener en cuenta que las sociedades anónimas abiertas son las inscritas en el
Registro Nacional de Valores y Emisores, a menos que la autoridad competente disponga
algo contrario o complementario. (Decreto 1510 de
2013, artículo 32) Artículo 2.2.1.1.2.2.9. Derogado por el art.8, Decreto 1860 de 2021. El texto derogado era el siguiente: Artículo
2.2.1.1.2.2.9. Factores de desempate. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad
Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los
factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de
condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al
oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia
y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de
Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de
escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones. Si
persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de
forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando
los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 1.
Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de
bienes o servicios extranjeros. 2.
Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 3.
Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de
sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme
nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento
(25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas,
socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los
miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 4.
Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las
condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de
su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de
1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de
sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento
(10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente
numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento
(25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la
oferta.
5.
Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá
haber sido previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. (Decreto 1510 de
2013, artículo 33) SUBSECCIÓN 3
Artículo 2.2.1.1.2.3.1. De los requisitos de
perfeccionamiento, ejecución y pago. En el Cronograma, la Entidad Estatal
debe señalar el plazo para la celebración del contrato, para el registro
presupuestal, la publicación en el SECOP y para el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el pliego de condiciones para el perfeccionamiento,
la ejecución y el pago del contrato. (Decreto 1510 de
2013, artículo 34) Ver Concepto
3202033802 de 2020. Contraloría de Bogotá D.C. SUBSECCIÓN 4
Artículo
2.2.1.1.2.4.1. Patrimonio autónomo para
el manejo de anticipos.
En los casos previstos en la ley, el contratista debe suscribir un contrato de
fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo, con una sociedad
fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera de
Colombia, a la cual la Entidad Estatal debe entregar el valor del anticipo. Los recursos entregados por la Entidad Estatal a título de
anticipo dejan de ser parte del patrimonio de esta para conformar el patrimonio
autónomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio autónomo y sus rendimientos
son autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil. En los pliegos de condiciones, la Entidad Estatal debe
establecer los términos y condiciones de la administración del anticipo a
través del patrimonio autónomo. En este caso, la sociedad fiduciaria debe pagar a los
proveedores, con base en las instrucciones que reciba del contratista, las
cuales deben haber sido autorizadas por el Supervisor o el Interventor, siempre
y cuando tales pagos correspondan a los rubros previstos en el plan de
utilización o de inversión del anticipo. (Decreto 1510 de
2013, artículo 35) Artículo
2.2.1.1.2.4.2. De
la determinación de los intereses moratorios. Para determinar el valor
histórico actualizado a que se refiere el artículo 4, numeral 8 de la Ley 80 de
1993, se aplicará a la suma debida por cada año de mora el incremento del
índice de precios al consumidor entre el 1o de enero y el 31 de diciembre del
año anterior. En el evento de que no haya transcurrido un año completo o se
trate de fracciones de año, la actualización se hará en proporción a los días
transcurridos. (Decreto 1510 de
2013, artículo 36) Artículo 2.2.1.1.2.4.3. Obligaciones
posteriores a la liquidación. Vencidos los términos de las garantías de
calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o
recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar
constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. (Decreto 1510 de
2013, artículo 37) CAPÍTULO 2 DISPOSICIONES
ESPECIALES DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
MODALIDADES DE
SELECCIÓN SUBSECCIÓN 1
Artículo
2.2.1.2.1.1.1. Presentación
de la oferta de manera dinámica mediante subasta inversa en los procesos de
licitación pública. Las Entidades Estatales pueden utilizar el
mecanismo de subasta inversa para la conformación dinámica de las ofertas en la
licitación. En este caso, la Entidad Estatal debe señalar en los pliegos de
condiciones las variables técnicas y económicas sobre las cuales los oferentes
pueden realizar la puja. En la fecha señalada en los pliegos de condiciones, los
oferentes deben presentar los documentos que acrediten los requisitos
habilitantes requeridos por la Entidad Estatal. En el caso de una conformación
dinámica parcial de la oferta, a los documentos señalados se acompañará el
componente de la oferta que no es objeto de conformación dinámica. La Entidad Estatal dentro del plazo previsto en los pliegos
de condiciones debe verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes y
de las condiciones adicionales si hay lugar a ello para determinar los
oferentes que pueden continuar en el proceso de selección. La subasta inversa
para la conformación dinámica de la oferta debe realizarse con los oferentes
habilitados, en la fecha y hora previstas en los pliegos de condiciones. En la subasta, los oferentes deben presentar su oferta
inicial con las variables dinámicas, de conformidad con los pliegos de
condiciones, la cual puede ser mejorada con los Lances hasta la conformación de
la oferta definitiva. Se tomará como definitiva la oferta inicial realizada por
el oferente que no presente Lances en la subasta. En ningún caso el precio será la única variable sometida a
conformación dinámica. La herramienta electrónica usada para la subasta debe
permitir que el oferente conozca su situación respecto de los demás
competidores y únicamente en relación con el cálculo del menor costo evaluado.
Si la subasta recae únicamente sobre algunas variables, las que no admiten
mejora deben haber sido previamente evaluadas y alimentadas en el sistema, de
manera que este pueda ante cualquier Lance efectuar el cálculo automático del
menor costo evaluado. De lo acontecido en la subasta, se levantará un acta donde
se dejarán todas las constancias del caso. (Decreto 1510 de
2013, artículo 38) Artículo 2.2.1.2.1.1.2. Audiencias
en la licitación. En la etapa de selección de la licitación son
obligatorias las audiencias de: a) asignación de Riesgos, y b) adjudicación. Si
a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar
el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en
la audiencia de asignación de Riesgos. En la audiencia de asignación de Riesgos, la Entidad
Estatal debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y hacer la asignación
de Riesgos definitiva. La Entidad Estatal debe realizar la audiencia de
adjudicación en la fecha y hora establecida en el Cronograma, la cual se
realizará de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto en los mismos y
las siguientes consideraciones: 1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre
las respuestas dadas por la Entidad Estatal a las observaciones presentadas
respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad
para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la
Entidad Estatal requiere análisis adicional y su solución puede incidir en el
sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término
necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo
alegado. 2. La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra
por una única vez al oferente que así lo solicite, para que responda a las
observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los
intervinientes. 3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las
personas previamente designadas por el oferente, y estar limitada a la duración
máxima que la Entidad Estatal haya señalado con anterioridad. 4. La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del
borrador del acto administrativo de adjudicación siempre que lo haya publicado
en el SECOP con antelación. 5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la
audiencia, se procederá a adoptar la decisión que corresponda. (Decreto 1510 de
2013, artículo 39) SUBSECCIÓN 2
DISPOSICIONES COMUNES PARA LA SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Artículo 2.2.1.2.1.2.1. Pliegos de condiciones.
En los pliegos de condiciones para contratar Bienes y Servicios de
Características Técnicas Uniformes, la Entidad Estatal debe indicar: 1. La ficha técnica del bien o servicio que debe incluir:
a) la clasificación del bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de
Bienes y Servicios; b) la identificación adicional requerida; c) la unidad de
medida; d) la calidad mínima, y e) los patrones de desempeño mínimos. 2. Si el precio del bien o servicio es regulado, la
variable sobre la cual se hace la evaluación de las ofertas. 3.Definir el contenido de cada uno de las partes o lotes,
si la adquisición se pretende hacer por partes. (Decreto 1510 de
2013, artículo 40) Selección
Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas
Uniformes por Subasta Inversa Artículo 2.2.1.2.1.2.2. Modificado por el art. 6, Decreto 1860 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente> a<El nuevo texto es el siguiente> Procedimiento para la subasta inversa. Además de las reglas generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la subasta inversa:
1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la periodicidad de los Lances; y c) el Margen Mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa.
2. La oferta debe contener dos parles, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad de participar en el Proceso de Contratación y acredite el cumplimiento de la ficha técnica; y la segunda parle debe contener el precio inicial propuesto por el oferente.
3. La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra habilitado.
4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica.
5. Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igualo inferior a la disponibilidad presupuesta I para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa.
6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, solamente serán válidos los Lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el Margen Mínimo establecido.
7. Si los oferentes no presentan Lances durante la subasta, la Entidad Estatal debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo.
8. Al terminar la presentación de cada Lance, la Entidad Estatal debe informar el valor del Lance más bajo.
9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe aplicar los criterios del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 conforme con los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4. 2.17 del presente Decreto. El texto anterior era el siguiente: 2.2.1.2.1.2.2. Procedimiento para la subasta inversa. Además de las reglas
generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas
son aplicables a la subasta inversa: 1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a)
la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la periodicidad de los Lances; y c)
el Margen Mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa. 2. La oferta debe contener dos partes, la primera
en la cual el interesado acredite su capacidad de participar en el Proceso de
Contratación y acredite el cumplimiento de la ficha técnica; y la segunda parte
debe contener el precio inicial propuesto por el oferente. 3. La Entidad Estatal debe publicar un informe de
habilitación de los oferentes, en el cual debe indicar si los bienes o
servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el
oferente se encuentra habilitado. 4. Hay subasta inversa siempre que haya como
mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha
técnica. 5. Si en el Proceso de Contratación se presenta
un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está
habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente
si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal
para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa. 6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo
indicado por los oferentes y en consecuencia, solamente serán válidos los
Lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea
mejorada en por lo menos el Margen Mínimo establecido. 7. Si los oferentes no presentan Lances durante
la subasta, la Entidad Estatal debe adjudicar el contrato al oferente que haya
presentado el precio inicial más bajo. 8. Al terminar la presentación de cada Lance, la
Entidad Estatal debe informar el valor del Lance más bajo. 9. Si al terminar la subasta inversa hay empate,
la Entidad Estatal debe seleccionar al oferente que presentó el menor precio
inicial. En caso de persistir el empate la Entidad Estatal debe aplicar las
reglas del numeral 1 al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del presente decreto. Otras modificaciones: Modificado por el art. 41, Decreto 1510 de 2013. Artículo 2.2.1.2.1.2.3. Información de los participantes en la
subasta inversa.
La Entidad Estatal debe estructurar la subasta inversa de manera que antes de
la adjudicación, los participantes en la subasta no identifiquen las ofertas y
los Lances con el oferente que los presenta. (Decreto 1510 de
2013, artículo 42) Artículo
2.2.1.2.1.2.4. Terminación de la subasta
y adjudicación.
La subasta termina cuando los oferentes no hagan Lances adicionales durante un
período para la presentación de Lances. La Entidad Estatal debe adjudicar el contrato al oferente
que haya presentado el Lance más bajo. En el acto de adjudicación, la Entidad
Estatal indicará el nombre de los oferentes y el precio del último Lance presentado
por cada uno de ellos. (Decreto 1510 de
2013, artículo 43) Artículo 2.2.1.2.1.2.5. Subasta inversa electrónica o presencial. La Entidad Estatal puede escoger si
adelanta la subasta inversa electrónica o presencialmente. Si la Entidad Estatal decide adelantar la subasta
electrónicamente debe fijar en los pliegos de condiciones el sistema que
utilizará para la subasta inversa y los mecanismos de seguridad para el
intercambio de mensajes de datos. (Decreto 1510 de
2013, artículo 44) Artículo
2.2.1.2.1.2.6. Fallas técnicas durante la
subasta inversa electrónica. Si en el curso de una subasta inversa electrónica se
presentan fallas técnicas que impidan a los oferentes presentar sus Lances, la
subasta debe ser suspendida y cuando la falla técnica haya sido superada la
Entidad Estatal debe reiniciar la subasta. Si por causas imputables al oferente o a su proveedor de
soluciones de tecnología de la información y telecomunicaciones, durante la
subasta inversa electrónica la conexión con el sistema se pierde, la subasta
continuará y la Entidad Estatal entiende que el proveedor que pierde su
conexión ha desistido de participar en la misma. (Decreto 1510 de
2013, artículo 45) Encabezado Modificado por el art.7, Decreto 142 de 2023. <El nuevo texto es el siguiente> Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios Uniformes de Común Utilización, así como aquellos de Características Técnicas no Uniformes de Común Utilización, por compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios e Instrumentos de Agregación de Demanda El texto original era el siguiente:
Selección Abreviada para la adquisición de Bienes
y Servicios de Características Técnicas Uniformes por compra por catálogo
derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios Artículo 2.2.1.2.1.2.7. Modificado por el art.8, Decreto 142 de 2023. <El nuevo texto es el siguiente> Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la administración Pública están obligadas a adquirir Bienes y Servicios Uniformes y No Uniformes de Común Utilización, a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, diseñados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.
La implementación de nuevos Acuerdos Marco de Precios organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- de uso obligatorio por parte de las entidades territoriales estará precedida de un estudio de agregación de demanda, en el que se tendrá en cuenta las particularidades propias de los mercados regionales, la necesidad de promover el desarrollo empresarial en las entidades territoriales a través de las Mipymes y evitar en lo posible, la concentración de proveedores en ciertas ciudades del país, salvo que exista la respectiva justificación técnica, económica y/o jurídica.
Parágrafo 1. Para los fines contemplados en el presente artículo, el uso obligatorio de los Acuerdos Marco de Precios organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente por parte de las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública se hará de manera gradual, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
1. La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente como Administradora del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) permitirá el ingreso a la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC, de acuerdo con las condiciones técnicas de la plataforma y la asignación de nuevos usuarios.
2. La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente dispondrá mediante circular, la cual publicará en su página web, un plan operativo de despliegue detallado para el ingreso gradual de las entidades, el cual contendrá las fechas exactas de ingreso y el desarrollo de un programa de capacitación dirigido a las entidades compradoras, plan el cual contemplará, en todo caso, los siguientes parámetros temporales:
a. Para el año 2021 deberán ingresar a la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC: i) Las entidades del sector central y del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, que a la fecha de expedición del presente Decreto aún no hayan ingresado; ii) la Rama Judicial; iii) la Rama Legislativa; iv) las entidades del sector central y descentralizado del nivel departamental; v) las entidades del sector central y descentralizando de los municipios (o distritos) que sean capitales de departamento; vi) las entidades del sector central y del sector descentralizado del Distrito Capital; vii) los órganos de control nacionales, departamentales y de ciudades capitales de departamento; viii) la Organización Electoral; ix) los órganos autónomos e independientes de creación constitucional que estén sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; x) las Corporaciones Autónomas de que trata la Ley 99 de 1993 y el Artículo 331 de la Constitución Política de Colombia; xi) las entidades del sector central y descentralizado de los municipios de categoría 1, 2 y 3; y xii) las Áreas Metropolitanas, las Asociaciones de Municipios y las Regiones Administrativas Especiales de que trata la ley 1454 de 2011.
b. Para el año 2022 deberán ingresar a la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC: i) Las entidades del sector central y descentralizado de los municipios de categoría 4, 5 y 6; y ii) los entes de control territoriales que no hayan ingresado en el año 2021.
c. Para el año 2022 deberán ingresar las demás Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de la Contratación Administrativa, cuya naturaleza jurídica no haya sido descrita en los literales anteriores.
d. La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- deberá ajustar el Plan Operativo para la incorporación de una entidad cuando como producto de un análisis técnico y económico de abastecimiento estratégico, se evidencie que el ingreso anticipado o posterior de una entidad estatal genera eficiencia en el gasto público.
Parágrafo 2. De conformidad con lo establecido en los literales a), b) y c) del numeral 2 del parágrafo 1 de este artículo, los procesos de contratación adelantados por las entidades estatales allí contempladas para adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través de Bolsas de Productos o Subasta Inversa, continuarán su trámite siempre y cuando se haya presentado la carta de intención o la publicación del aviso de convocatoria, respectivamente. El texto
original era el siguiente: Artículo 2.2.1.2.1.2.7. Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes. Las entidades territoriales, los organismos autónomos y los pertenecientes a la Rama Legislativa y Judicial no están obligados a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios, pero están facultados para hacerlo. Otras Modificaciones: Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 310 de 2021.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 46) Artículo 2.2.1.2.1.2.8. Modificado por el art.9, Decreto 142 de 2023. <El nuevo texto es el siguiente> Identificación de bienes y servicios objeto de un Acuerdo Marco de Precios o de un Instrumento de Agregación de Demanda. La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- periódicamente deberá efectuar Procesos de Contratación para suscribir Acuerdos Marco de Precios, teniendo en cuenta los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes o No Uniformes de Común utilización, contenidos en los Planes Anuales de Adquisiciones de las entidades estatales y la información disponible en el sistema de compras y contratación pública.
Las entidades estatales podrán solicitar a la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- el diseño de Acuerdos Marco de Precios para la adquisición de uno o varios Bienes o Servicios con Características Técnicas Uniformes y no Uniformes de Común Utilización.
En este evento, la Agencia deberá estudiar la solicitud, revisar su pertinencia y definir la oportunidad para iniciar el Proceso de Contratación para el Acuerdo Marco de Precios o el Instrumento de Agregación de Demanda solicitado.
El texto original era el siguiente: Artículo 2.2.1.2.1.2.8. Identificación de bienes y servicios objeto de un Acuerdo Marco de
Precios. Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces,
periódicamente debe efectuar Procesos de Contratación para suscribir Acuerdos
Marco de Precios, teniendo en cuenta los Bienes y Servicios de Características
Técnicas Uniformes contenidos en los Planes Anuales de Adquisiciones de las
Entidades Estatales y la información disponible del sistema de compras y
contratación pública.
Las Entidades Estatales pueden solicitar a
Colombia Compra Eficiente un Acuerdo Marco de Precios para un bien o servicio
determinado. Colombia Compra Eficiente debe estudiar la solicitud, revisar su
pertinencia y definir la oportunidad para iniciar el Proceso de Contratación
para el Acuerdo Marco de Precios solicitado. (Decreto 1510 de
2013, artículo 47) Artículo 2.2.1.2.1.2.9. Utilización del Acuerdo
Marco de Precios.
Colombia Compra Eficiente debe publicar el Catálogo para Acuerdos Marco de
Precios, y la Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de
Contratación está obligada a verificar si existe un Acuerdo Marco de Precios
vigente con el cual la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad
identificada. Si el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios contiene el
bien o servicio requerido, la Entidad Estatal de que trata el inciso 1 del
artículo 2.2.1.2.1.2.7 del presente decreto está obligada a suscribir el
Acuerdo Marco de Precios, en la forma que Colombia Compra Eficiente disponga, y
luego puede colocar la orden de compra correspondiente en los términos
establecidos en el Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales no deben
exigir las garantías de que trata la Sección 3 del presente capítulo, que
comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto, en
las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que
el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario. (Decreto 1510 de
2013, articulo 48) Artículo 2.2.1.2.1.2.10. Modificado por el art.10, Decreto 142 de 2023. <El nuevo texto es el siguiente> Proceso de Contratación para Acuerdos Marco de Precios e Instrumentos de Agregación de Demanda. La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- diseñará y organizará los Procesos de Contratación para los Acuerdos Marco de Precios e Instrumentos de Agregación de Demanda con base en el análisis del sector y usando la modalidad de selección que corresponda.
Parágrafo 1. En los Documentos del Proceso del Acuerdo Marco de Precios o Instrumento de Agregación de Demanda se debe establecer, entre otros aspectos, la forma de: a) evaluar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores y de los compradores; b) proceder frente al incumplimiento de las órdenes de compra; y c) actuar frente a los reclamos de calidad y oportunidad de la prestación. El texto original era el siguiente: Artículo 2.2.1.2.1.2.10. Proceso de contratación para un Acuerdo
Marco de Precios. Colombia Compra Eficiente debe diseñar y
organizar el Proceso de Contratación para los Acuerdos Marco de Precios por
licitación pública y celebrar los Acuerdos Marco de Precios.
El Acuerdo Marco de Precios debe establecer,
entre otros aspectos, la forma de: a) evaluar el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de los proveedores y de los compradores; b) proceder
frente al incumplimiento de las órdenes de compra; y c) actuar frente a los
reclamos de calidad y oportunidad de la prestación. (Decreto 1510 de
2013, artículo 49) Selección
abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas
Uniformes en bolsas de productos Artículo 2.2.1.2.1.2.11. Régimen aplicable. Además de lo previsto en el Decreto 2555 de 2010 y las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan y los reglamentos internos de las bolsas de productos, las siguientes disposiciones son aplicables a la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes en bolsas de productos. (Decreto 1510 de
2013, artículo 50) Artículo 2.2.1.2.1.2.12. Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 310 de 2021 <El nuevo texto es el siguiente> Planeación de una adquisición en la bolsa de productos. Cuando no exista un Acuerdo Marco de Precios para el bien o servicio requerido, las entidades estatales deben estudiar, comparar e identificar las ventajas de utilizar la bolsa de productos para la adquisición respectiva frente a la subasta inversa o a la promoción de un nuevo Acuerdo Marco de Precios con la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- para tales bienes o servicios, incluyendo el análisis del Proceso de Selección del comisionista, los costos asociados a la selección, el valor de la comisión y de las garantías.
El estudio mencionado deberá dar cuenta de la forma en que la Entidad Estatal garantiza los principios y objetivos del sistema de compras, contratación pública, los postulados de la función administrativa y de la gestión fiscal. Este estudio deberá consignarse expresamente en los documentos del Proceso de Selección y se deberá garantizar su oportuna publicidad a través del SECOP.
Aun existiendo un Acuerdo Marco de Precios, las entidades estatales podrán acudir a las bolsas de productos, siempre que a través de este mecanismo se obtengan precios inferiores al promedio de los valores finales de las operaciones secundarias materializadas con ocasión de las órdenes de compra colocadas por las Entidades compradoras a través de la Tienda Virtual del Estado, administrada por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- durante los últimos seis (6) meses, incluyendo los costos generados por concepto de comisionistas de bolsa y gastos de operación de que trata el artículo 2.2.1.2.1.2.1.5 del presente Decreto, valores que deberán ser verificados por el respectivo ordenador del gasto en el último boletín de precios que, para el efecto, expida el órgano rector de la contratación estatal.
Estas adquisiciones no podrán desmejorar las condiciones técnicas y de calidad definidas para los bienes y servicios que conforman los catálogos de los acuerdos marco de precios de la Agencia Nacional de Contratación Pública como ente rector en la materia o quien haga sus veces.
Parágrafo 1°. La Agencia Nacional de contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, a través de la circular de que trata el numeral 2 del parágrafo 1° del artículo 2.2.1.2.1.2.7. del presente Decreto definirá los lineamientos generales, así como los criterios objetivos y medibles a los cuales deberán sujetarse las entidades estatales para la adquisición de bienes o servicios de características técnicas uniformes a través de Bolsas de Productos, independientemente de que exista o no un Acuerdo Marco de Precios vigente.
Parágrafo 2°. Para los efectos de este Decreto, entiéndase por Bolsa de Productos, las sociedades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y definidas en el artículo 2.11.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.
Parágrafo 3°. Lo previsto en el parágrafo 1 de este artículo no será aplicable a las Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, las cuales en todo caso están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes estructurados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- El texto
original era el siguiente:
Artículo 2.2.1.2.1.2.12. Planeación
de una adquisición en la bolsa de productos. La Entidad Estatal debe estudiar, comparar e identificar las ventajas de
utilizar la bolsa de productos para la adquisición respectiva, frente a la
subasta inversa, al Acuerdo Marco de Precios o a la promoción de un nuevo
Acuerdo Marco de Precios para tales bienes o servicios, incluyendo el análisis
del proceso de selección del comisionista, los costos asociados a la selección,
el valor de la comisión y de las garantías. El estudio
mencionado debe mostrar la forma en que la Entidad Estatal garantiza los
principios y objetivos del sistema de compras y contratación pública.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 51) Artículo 2.2.1.2.2.13. Requisitos para actuar como comisionista de Entidad Estatal. La Entidad Estatal puede exigir a los comisionistas interesados en participar en el procedimiento de selección a través de las bolsas de productos, el cumplimiento de requisitos habilitantes adicionales a su condición de tales, siempre y cuando estos sean adecuados y proporcionales al objeto a contratar y a su valor. (Decreto 1510 de
2013, artículo 52) Artículo 2.2.1.2.1.2.14. Selección del
comisionista.
La Entidad Estatal debe seleccionar al comisionista de acuerdo con el
procedimiento interno aplicable en la bolsa de productos, el cual debe ser
competitivo. La Entidad Estatal debe publicar el contrato suscrito con
el comisionista seleccionado y sus modificaciones en el SECOP. (Decreto 1510 de
2013, artículo 53) Artículo
2.2.1.2.1.2.15. Disponibilidad
presupuestal.
Para celebrar el contrato de comisión, la Entidad Estatal debe acreditar que
cuenta con la disponibilidad presupuestal para el contrato de comisión, para la
operación que por cuenta suya adelanta el comisionista en la bolsa de
productos, para las garantías y los demás pagos que deba hacer como
consecuencia de la adquisición en bolsa de productos, de acuerdo con el
reglamento de la bolsa en la cual la Entidad Estatal haga la negociación. (Decreto 1510 de
2013, artículo 54) Artículo
2.2.1.2.1.2.16. Lista de Bienes y
Servicios de Características Técnicas Uniformes. Las bolsas de productos deben
estandarizar, tipificar, elaborar y actualizar una lista de los Bienes y
Servicios de Características Técnicas Uniformes susceptibles de ser adquiridos
por las Entidades Estatales, de tal manera que solo aquellos que estén en la
lista puedan ser adquiridos a través de la bolsa de que se trate. Las bolsas de productos deben mantener esta lista a
disposición de las Entidades Estatales y del público en general en sus oficinas
y en la correspondiente página web, sin perjuicio de cualquier otro medio de
divulgación. (Decreto 1510 de
2013, artículo 55) Artículo
2.2.1.2.1.2.17. Garantía única a favor de
la Entidad Estatal.
Como requisito para la ejecución del contrato de comisión, el comisionista
seleccionado debe constituir a favor de la entidad estatal comitente la
garantía única de cumplimiento, en relación con el valor de la comisión que la
Entidad Estatal pagará al comisionista por sus servicios. (Decreto 1510 de
2013, artículo 56) Artículo
2.2.1.2.1.2.18. Garantías de cumplimiento
a favor del organismo de compensación de la bolsa de productos. La Entidad Estatal y el
comitente vendedor deben constituir a favor del organismo de compensación de la
bolsa de productos las garantías establecidas en su reglamento, para garantizar
el cumplimiento de las negociaciones mediante las cuales la Entidad Estatal adquiere
Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes. Las Entidades Estatales pueden exigir al comitente vendedor
garantías adicionales a las señaladas en el presente artículo, siempre y cuando
resulten adecuadas y proporcionales al objeto a contratar y a su valor. (Decreto 1510 de
2013, artículo 57) Artículo 2.2.1.2.1.2.19. Supervisión del
cumplimiento de la operación. Las Entidades Estatales deben designar un supervisor de la
ejecución de las operaciones que por su cuenta realizan las bolsas de productos
y del contrato de comisión. Si la Entidad Estatal verifica inconsistencias en
la ejecución, debe poner en conocimiento de la bolsa tal situación para que
esta la examine y adopte las medidas necesarias para dirimir la controversia de
conformidad con sus reglamentos y, de ser el caso, notifique del incumplimiento
a su organismo de compensación. (Decreto 1510 de
2013, artículo 58) Contratación de
Menor Cuantía Artículo
2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la
selección abreviada de menor cuantía. Además de las normas generales
establecidas en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la
selección abreviada de menor cuantía: 1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados
a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación los interesados
deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo establecido
para el efecto en los pliegos de condiciones. 2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10)
manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer un sorteo para
seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso de
Contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones
si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará. 3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de
las ofertas empezará a correr el día hábil siguiente a la fecha en la cual la
Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo. 4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de
evaluación de ofertas durante tres (3) días hábiles. (Decreto 1510 de
2013, artículo 59) Otros procesos de
selección abreviada Artículo
2.2.1.2.1.2.21. Contratos de prestación
de servicios de salud.
La Entidad Estatal que requiera la prestación de servicios de salud debe
utilizar el procedimiento de selección abreviada de menor cuantía. Las personas
naturales o jurídicas que presten estos servicios deben estar inscritas en el
registro que para el efecto lleve el Ministerio de Salud y Protección Social o
quien haga sus veces. (Decreto 1510 de
2013, artículo 60) Artículo 2.2.1.2.1.2.22. Contratación cuyo proceso
de licitación pública haya sido declarado desierto. La Entidad Estatal que haya
declarado desierta una licitación puede adelantar el Proceso de Contratación
correspondiente aplicando las normas del proceso de selección abreviada de
menor cuantía, para lo cual debe prescindir de: a) recibir manifestaciones de
interés, y b) realizar el sorteo de oferentes. En este caso, la Entidad Estatal
debe expedir el acto de apertura del Proceso de Contratación dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de desierta. (Decreto 1510 de
2013, artículo 61) Artículo
2.2.1.2.1.2.23. Adquisición de productos
de origen o destinación agropecuaria. La Entidad Estatal debe aplicar el
proceso de adquisición en bolsa de productos de que tratan los artículos
2.2.1.2.1.2.11 a 2.2.1.2.1.2.19 del presente decreto para adquirir productos de
origen o destinación agropecuaria ofrecidos en las bolsas de productos. La
Entidad Estatal puede adquirir tales productos fuera de bolsa si lo hace en
mejores condiciones. En este caso la Entidad Estatal debe expresar en los
Documentos del Proceso esta situación. (Decreto 1510 de
2013, artículo 62) Artículo
2.2.1.2.1.2.24. Contratación de empresas
industriales y comerciales del Estado. Las empresas industriales y comerciales
del Estado y las sociedades de economía mixta, sus filiales y las empresas en
las cuales el Estado tenga más del cincuenta por ciento (50%) del capital
social que no se encuentren en situación de competencia, deben utilizar el
procedimiento de selección abreviada de menor cuantía para los contratos que
tengan como objeto su actividad comercial e industrial, salvo para los
contratos de obra pública, consultoría, prestación de servicios, concesión,
encargo fiduciario y fiducia pública para los cuales se aplicará la modalidad
que corresponda. (Decreto 1510 de
2013, artículo 63) Artículo
2.2.1.2.1.2.25. Contratación de Entidades
Estatales dedicadas a la protección de derechos humanos y población con alto
grado de vulnerabilidad.
Las Entidades Estatales que tengan a su cargo la ejecución de los programas a
los que se refiere el literal h) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de
2007 deben aplicar el procedimiento establecido para la selección abreviada de
menor cuantía. (Decreto 1510 de
2013, artículo 64) Artículo 2.2.1.2.1.2.26. Selección Abreviada para
la adquisición de Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional. Las Entidades Estatales que
requieran contratar Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional
deben hacerlo a través del procedimiento para la selección abreviada de menor
cuantía señalado en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del presente decreto. Modificado por el art.11, Decreto 142 de 2023. <El nuevo texto es el siguiente> Si los bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional son Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes o no uniformes en los términos del presente Decreto, la Entidad Estatal deberá utilizar el procedimiento de subasta inversa, compra por Catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios o a través de bolsa de productos. El texto original era el siguiente: Si los bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad
nacional son Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes en los
términos del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del presente decreto, la Entidad Estatal
debe utilizar el procedimiento de subasta inversa, compra por Catálogo derivado
de la celebración de Acuerdos Marco de Precios o a través de bolsa de
productos.
Las Entidades Estatales deben consignar en los Documentos
del Proceso las razones por las cuales los bienes o servicios objeto del
Proceso de Contratación son requeridos para la defensa y seguridad nacional. (Decreto 1510 de
2013, artículo 65A; Decreto 1965 de 2014, artículo 1) SUBSECCIÓN 3 CONCURSO DE
MÉRITOS Artículo
2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso
de méritos.
Las Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a través del
concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata
el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de
arquitectura. El procedimiento para la selección de proyectos de
arquitectura es el establecido en los artículos 2.2.1.2.1.3.8 al 2.2.1.2.1.3.25
del presente decreto. (Decreto 1510 de
2013, artículo 66) Artículo 2.2.1.2.1.3.2. Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 399 de 2021 <El nuevo texto es el siguiente> Procedimiento del concurso de méritos. Además de las reglas generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificación:
1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formación académica del equipo de trabajo.
2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, el cual debe contener la evaluación de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos habilitantes y los de asignación de puntaje.
3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la entidad adjudicará el contrato mediante acto administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje. El texto original era el siguiente:
Artículo 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento
del concurso de méritos. Además de las reglas generales previstas en la ley y en el
presente título, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos
abierto o con precalificación: 1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b) la formación académica y las publicaciones técnicas y científicas del equipo de trabajo. 2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, el cual debe contener la calificación técnica y el orden de elegibilidad. 3. La Entidad Estatal debe revisar la oferta económica y verificar que está en el rango del valor estimado consignado en los documentos y estudios previos y del presupuesto asignado para el contrato. 4. La Entidad Estatal debe revisar con el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad la coherencia y consistencia entre: i) la necesidad identificada por la Entidad Estatal y el alcance de la oferta; ii) la consultaría ofrecida y el precio ofrecido, y iii) el precio ofrecido y la disponibilidad presupuestal del respectivo Proceso de Contratación. Si la Entidad Estatal y el oferente llegan a un acuerdo sobre el alcance y el valor del contrato, dejarán constancia del mismo y firmarán el contrato. 5. Sí la Entidad Estatal y el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad no llegan a un acuerdo dejarán constancia de ello y la Entidad Estatal revisará con el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad los aspectos a los que se refiere el numeral anterior. Si la Entidad Estatal y el oferente llegan a un acuerdo dejarán constancia del mismo y firmarán el contrato. 6. Si la Entidad Estatal y el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad no llegan a un acuerdo, la Entidad Estatal debe declarar desierto el Proceso de Contratación. (Este numeral 6° había sido SUSPENDIDO PROVISIONALMENTE por la Sentencia 00015 de 2018 del Consejo de Estado)
(Decreto 1510 de 2013, artículo 67) Artículo
2.2.1.2.1.3,3. Precalificación para el
concurso de méritos.
En la etapa de planeación del concurso de méritos, la Entidad Estatal puede
hacer una precalificación de los oferentes cuando dada la complejidad de la
consultaría lo considere pertinente. (Decreto 1510 de
2013, artículo 68) Artículo
2.2.1.2.1.3.4. Aviso de convocatoria para
la precalificación en el concurso de méritos. Si la Entidad Estatal decide adelantar
el concurso de méritos con precalificación debe convocar a los interesados por
medio de un aviso publicado en el SECOP que debe tener la siguiente
información: 1. La mención del Proceso de Contratación para el cual se
adelanta la precalificación. 2. La forma en la cual los interesados deben presentar su
manifestación de interés y acreditar los requisitos habilitantes de
experiencia, formación, publicaciones y la capacidad de organización del
interesado y su equipo de trabajo. 3. Los criterios que la Entidad Estatal tendrá en cuenta
para conformar la lista de precalificados, incluyendo la mención de si hay un
número máximo de precalificados. 4. El tipo de sorteo que la Entidad Estatal debe adelantar
para conformar la lista de precalificados, cuando el número de interesados que
cumple con las condiciones de la precalificación es superior al número máximo
establecido para conformar la lista. 5. El Cronograma de la precalificación. (Decreto 1510 de
2013, artículo 69) Artículo 2.2.1.2.1,3.5.
Informe de precalificación. Luego de recibir las
manifestaciones de interés y los documentos con los cuales los interesados
acrediten la experiencia, formación, publicaciones y la capacidad de
organización, la Entidad Estatal debe adelantar la precalificación de acuerdo
con lo dispuesto en el aviso de convocatoria para la precalificación. La
Entidad Estatal debe elaborar un informe de precalificación y publicarlo en el
SECOP por el término establecido en el aviso de convocatoria para la
precalificación. Los interesados pueden hacer comentarios al informe de
precalificación durante los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación
del mismo. (Decreto 1510 de
2013, artículo 70) Artículo
2.2.1.2.1.3.6. Audiencia de
precalificación.
La Entidad Estatal debe efectuar una audiencia pública en la cual conformará la
lista de interesados precalificados para participar en el Proceso de
Contratación respectivo. En la audiencia contestará las observaciones al
informe de precalificación y notificará la lista de precalificación de acuerdo
con lo establecido en la ley. Si la Entidad Estatal establece un número máximo
de interesados para conformar la lista de precalificados y el número de interesados
que cumple con las condiciones de precalificación es superior al máximo
establecido, en la audiencia de precalificación la Entidad Estatal debe hacer
el sorteo para conformar la lista, de acuerdo con lo que haya establecido en el
aviso de convocatoria. Si la Entidad Estatal no puede conformar la lista de
precalificados, puede continuar con el Proceso de Contratación en la modalidad
de concurso de méritos abierto o sin precalificación. (Decreto 1510 de
2013, artículo 71) Artículo
2.2.1.2.1.3.7. Efectos de la
precalificación.
La conformación de la lista de precalificados no obliga a la Entidad Estatal a
abrir el Proceso de Contratación. (Decreto 1510 de
2013, artículo 72) Concurso para la
selección de consultores de diseño, planos, anteproyectos y proyectos
arquitectónicos Artículo 2.2.1.2.1.3.8. Definición de Concurso de
Arquitectura.
El concurso de arquitectura es el procedimiento mediante el cual la Entidad
Estatal, previa invitación pública y en igualdad de oportunidades, selecciona
un consultor entre los proponentes interesados en elaborar diseños, planos,
anteproyectos y proyectos arquitectónicos. La convocatoria para la elaboración de estudios o trabajos
técnicos relacionados con el desarrollo de la profesión de arquitectura puede
conllevar labores técnicas y/o profesionales complementarias de la propuesta,
pero siempre su objeto principal será el diseño integral. En estos eventos, los
proponentes definirán las labores fundamentales que complementan la propuesta,
las cuales no podrán separarse de la misma. (Decreto 2326 de
1995, artículo 1) . Artículo 2.2.1.2.1.3.9. Partes que intervienen en el concurso de arquitectura. En el proceso de selección del concurso de arquitectura intervienen cuatro (4) partes a saber: 1. La Entidad Estatal promotora. Es el organismo interesado
en adelantar el proceso de selección mediante el concurso arquitectónico. 2. El organismo asesor. Es el ente Idóneo en la materia de
arquitectura que organiza y diseña los aspectos técnicos del concurso de
arquitectura y, actúa como coordinador entre la Entidad Estatal promotora y el
jurado calificador, y entre éstos con los proponentes, 3. El jurado calificador. Es el cuerpo independiente que
estudia, califica y recomienda la propuesta más idónea y favorable que se
ajusta a las bases del concurso de arquitectura, 4. Los proponentes. Son las personas naturales o jurídicas,
uniones temporales o consorcios definidos en el artículo 7 de la Ley 80 de 93,
inscritas en el concurso de arquitectura que presenten sus propuestas de
acuerdo con las bases del concurso. (Decreto 2326 de
1995, artículo 2) Artículo 2.2.1.2.1.3.10.
Modalidades de Concurso de Arquitectura. Según las características y
nivel de desarrollo del concurso de arquitectura, se establecen las siguientes
modalidades: 1. De ideas. Es el acto mediante el cual la Entidad Estatal
promotora solicita al organismo asesor elaborar las bases del concurso con el
fin de obtener soluciones a nivel de esquema básico de diseño o conceptos
generales de un tema urbanístico y/o arquitectónico. 2. De anteproyecto. Es el acto mediante el cual la Entidad
Estatal promotora solicita al organismo asesor elaborar las bases del concurso
con el fin de obtener soluciones a nivel de anteproyecto de un tema
arquitectónico y/o de diseño urbano, tales como edificación nueva,
restauración, remodelación, proyectos urbanos, elementos del espacio público. (Decreto 2326 de
1995, artículo 3) Artículo 2.2.1.2.1.3.11. Obligaciones de la Entidad Estatal promotora. Las siguientes son las obligaciones de la Entidad Estatal promotora: 1. Definir la modalidad del concurso de arquitectura que
corresponda a sus necesidades y requerimientos. 2. Designar a uno de sus servidores públicos como asesor,
quien debe elaborar el programa de necesidades y requerimientos materia del
concurso. Este debe ser un arquitecto matriculado. 3. Acordar con el organismo asesor los honorarios por la
prestación de servicios profesionales de coordinación, así como, los premios y
costos del concurso arquitectónico según el reglamento de honorarios la
Sociedad Colombiana de Arquitectos o normas vigentes. 4. Pagar los premios de acuerdo con lo definido en las
bases del concurso o términos de referencia. 5. Entregar al organismo asesor el programa de necesidades
y requerimientos materia del concurso para ser Incorporados a las bases del
mismo. 6. Nombrar un (1) miembro del jurado calificador antes de
la iniciación del concurso arquitectónico, quien deberá ser arquitecto
matriculado, diferente del asesor estipulado en el numeral 2 del presente
artículo. En caso de que el alcalde delegue su representación en la Entidad
Estatal promotora, ésta nombrará un segundo representante quien deberá ser
arquitecto matriculado, en concordancia con el numeral 4 del artículo
2.2.1.2.1.3.17 del presente decreto. 7. Cancelar o responder por los honorarios de los miembros
del jurado calificador de acuerdo con el reglamento de honorarios de la
Sociedad Colombiana de Arquitectos. Para el caso en el que el miembro del
jurado calificador sea servidor público, éste no tendrá derecho a los
honorarios. 8. Revisar y dar el visto bueno a las bases del concurso
arquitectónico presentadas por el organismo asesor. 9. Definir si el concurso de arquitectura se hará en una o
a dos rondas. 10. Recibir las propuestas de los proponentes y entregarlas
al jurado calificador para su estudio, calificación y concepto. 11. Aceptar o rechazar el fallo del jurado calificador y
celebrar contrato de consultaría con el proponente que obtuvo el primer puesto
de acuerdo con su naturaleza y cuantía. Si en el plazo señalado en los términos
de referencia, el ganador no firmare el contrato, la Entidad Estatal lo podrá
hacer con el proponente que obtuvo el segundo o tercer puesto, pero respetando
el orden de calificación del jurado calificador. En caso de rechazo la decisión
deberá ser motivada. 12. Pagar al contratista conforme se estipule en el
contrato de consultoría de que trata el numeral anterior, de acuerdo al
reglamento de honorarios de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 13. Proclamar en evento público el fallo en un plazo no
mayor de quince (15) días hábiles a partir del término en que deben rendir el
fallo. 14. Prorrogar el concurso de arquitectura cuando se
presente el evento a que hace referencia el numeral 5 del artículo 30 de la Ley
80 de 1993. 15. Expedir el acto administrativo de declaratoria de desierto
del concurso de arquitectura en los términos del numeral 7 del artículo 24 de
la Ley 80 de 1993. 16. Las demás señaladas en los principios de transparencia,
economía y responsabilidad consagrados en la Ley 80 de 1993. (Decreto 2326 de
1995, artículo 4) Artículo
2.2.1.2.1.3.12. Obligaciones del
organismo asesor.
Las siguientes son las obligaciones del organismo asesor: 1. Elaborar, imprimir, promover y presentar a la Entidad
Estatal promotora las bases del concurso para su visto bueno, previo el recibo
de las necesidades y requerimientos materia del concurso. 2. Designar el asesor del concurso arquitectónico, quien
estará en permanente contacto con el asesor de la Entidad Estatal promotora
para todos los asuntos relacionados con la organización y desarrollo del
proceso. 3. Informar al jurado calificador sobre las bases del
concurso y hacer las aclaraciones pertinentes. 4. Apoyar la divulgación de la realización del concurso
arquitectónico de acuerdo con la Entidad Estatal promotora. 5. Asesorar en la elaboración de los avisos de apertura del
concurso arquitectura de que trata el numeral 3 inciso último del artículo 30
de la Ley 80 de 1993. 6. Asesorar a la Entidad Estatal promotora cuando se
solicite la audiencia de que trata el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de
1993. En el evento en que sea solicitada esta audiencia para el caso de los
concursos de arquitectura, se practicará en la regional de la Sociedad
Colombiana de Arquitectos correspondiente al lugar donde se desarrolla la labor
objeto del concurso de arquitectura. 7. Apoyar la inscripción de los proponentes a la Entidad
Estatal promotora. 8. Proyectar para la aprobación de la Entidad Estatal
promotora, las respuestas de las consultas que hicieran los proponentes, relacionadas
con los aspectos técnicos del concurso. 9. En acto público donde se efectúe la proclamación del
fallo, apoyar a la Entidad Estatal promotora. En éste acto se abrirán los
sobres que contiene la identificación de los ganadores en los términos de las bases
del concurso. Así mismo, se procederá a la adjudicación tal como lo estipula el
numeral 10 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. (Decreto 2326 de
1995, artículo 5) Artículo
2.2.1.2.1.3.13. Obligaciones del jurado
calificador.
Las siguientes son las obligaciones del jurado calificador: 1. Estudiar y aceptar las bases del concurso de
arquitectura como el fundamento primordial para practicar la calificación. 2. Aceptar como valor de sus honorarios el consignado en el
reglamento de honorarios de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Sin embargo,
en caso que el miembro del jurado calificador sea servidor público no tendrá
derecho a los honorarios. 3. Haber visitado el sitio donde se irá a desarrollar el
trabajo objeto del concurso. 4. Recibir de la Entidad Estatal promotora los trabajos
presentados por los proponentes, estudiarlos, analizarlos y evaluarlos
detenidamente. Estas propuestas permanecerán en su poder y bajo su
responsabilidad con carácter de reserva absoluta hasta la fecha de emitir el concepto
correspondiente, es decir cuando se haga público. 5. Emitir el concepto de las propuestas presentadas acorde
con el número de premios definidos para el concurso de arquitectura. En el
evento que la propuesta contenga labores técnicas y/o profesionales de apoyo su
estudio se hará de una manera integral, en concordancia con el inciso 2 del
artículo 2.2.1.2.1.3.8 del presente decreto. 6. Dejar constancia en un acta del proceso de los criterios
que el jurado calificador desarrolló para obtener el concepto emitido. 7. Hacer las observaciones que considere necesarias al
trabajo ganador y a los que ocupen el segundo y tercer puesto. 8. Manifestar a la Entidad Estatal promotora la
declaratoria de desierto el concurso de arquitectura, en caso que se presente
el impedimento de la escogencia objetiva de que trata el numeral 18 del
artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 9. Las demás que considere necesarias la Entidad Estatal
promotora. (Decreto 2326 de
1995, artículo 6) Artículo 2.2.1.2.1.3.14. Incumplimiento de las Obligaciones del jurado calificador. En caso que los miembros del jurado calificador incumplan cualquiera de las obligaciones definidas en los artículos 2.2.1.2.1.3.13 y 2.2.1.2.1.3.20 del presente decreto, será causal para ser removido inmediatamente de su cargo por parte del organismo que representa. Una vez sea removido se procederá a nombrar su remplazo en coordinación con la Entidad Estatal promotora. (Decreto 2326 de
1995, artículo 7) Artículo
2.2.1.2.1.3.15. Requisitos y obligaciones
de los proponentes. Los
proponentes podrán ser personas naturales o jurídicas, uniones temporales o
consorcios. Cuando sean personas naturales nacionales o extranjeros, deberán
ser arquitectos debidamente matriculados para ejercer la profesión en el país,
y si son personas jurídicas, además del requisito para personas naturales que
intervienen en el trabajo objeto del concurso y relacionado con el tema de la
arquitectura, deberá la empresa tener dentro de sus estatutos el ejercicio de
la labor que se solicita en el proceso de selección y tener dentro de su nómina
de personal a arquitectos que cumplan con dicha función. Las siguientes son las obligaciones de los proponentes: 1. Adquirir las bases del concurso, y presentar su
propuesta respetando los lineamientos expuestos en las mismas. 2. Cumplir con los requerimientos de fecha, hora, lugar y
forma de presentación de la propuesta. 3. Hacer las modificaciones que le sean recomendadas por el
jurado calificador cuando el proceso de selección sea a dos rondas y al final
del proceso para el que ocupó el primer puesto o el segundo y tercero, en el
evento en que el primero no firme el contrato de consultoría en concordancia
con el numeral 11 del artículo 2.2.1.2.1.3.11 del presente decreto. 4. Acatar el concepto y las observaciones del jurado
calificador. (Decreto 2326 de
1995, artículo 8) Artículo
2.2.1.2.1.3.16. Del organismo asesor. La Entidad Estatal promotora
celebrará un contrato de prestación de servicios profesionales con el organismo
asesor al iniciar el proceso de selección de concurso público de arquitectura.
El organismo asesor podrá ser la Sociedad Colombiana de Arquitectos como cuerpo
consultivo del Gobierno Nacional y único organismo idóneo que adelanta en cada
una de las regiones del país este tipo de gestiones. (Decreto 2326 de
1995, artículo 9) Artículo 2.2.1.2.1.3.17. Composición del jurado calificador. Los miembros del jurado calificador deben ser arquitectos matriculados. La composición del jurado calificador estará integrada de la siguiente forma: 1. Un (1) arquitecto matriculado en representación de la
Entidad Estatal promotora, el cual podrá ser o no servidor público de esa
Entidad Estatal. 2. Dos (2) representantes de la Sociedad Colombiana de
Arquitectos, nombrados por la Junta Nacional, quienes deberán ser arquitectos
matriculados. 3. Un (1) representante de la Sociedad Colombiana de
Arquitectos de la regional donde se realice el trabajo objeto del concurso
arquitectónico, quien deberá ser arquitecto matriculado. 4. Un (1) representante del alcalde municipal, distrital o
especial donde se realice el trabajo objeto del concurso de arquitectura, quien
deberá ser arquitecto matriculado y servidor público. En caso de que el trabajo
materia del concurso cubra más de un municipio, el representante será el del
alcalde donde exista la mayor extensión del predio donde se desarrollará el
trabajo objeto del concurso de arquitectura. 5. El alcalde podrá delegar su representación en la Entidad
Estatal Promotora, evento en el cual la Entidad Estatal Promotora tendrá dos
(2) miembros del Jurado Calificador. (Decreto 2326 de
1995, artículo 10) Artículo
2.2.1.2.1.3.18. Requisitos de los
miembros del jurado calificador. Para ser miembro del jurado calificador se debe ser
arquitecto matriculado, y con experiencia profesional de cinco (5) años en el
tema o materia afines del concurso de arquitectura en el cual se va a ser parte
de este jurado calificador. (Decreto 2326 de
1995, artículo 11) Artículo
2.2.1.2.1.3.19. Selección del jurado
calificador.
El jurado calificador debe ser nombrado y conformado antes de la apertura de
concurso de arquitectura y su aceptación implica el cumplimiento de las
obligaciones consagradas en artículo 2.2.1.2.1.3.13 del presente decreto. (Decreto 2326 de
1995, artículo 12) Artículo
2.2.1.2.1.3.20. Funciones del jurado
calificador.
El jurado calificador debe elegir un presidente entre sus miembros, y si
considera necesario o si la Entidad Estatal promotora u organismo asesor lo
solicita, podrá asesorarse por especialistas en la materia objeto del concurso
público, quienes no participarán en el fallo. En caso de desintegración del jurado calificador por
renuncia, retiro de uno o más de sus miembros, o muerte, la Entidad Estatal
promotora o el organismo asesor estarán en libertad de reemplazar los miembros
salientes dentro de un término no mayor de diez (10) días hábiles contados a
partir de la aceptación de la renuncia, retiro o muerte. Esta facultad de la
Entidad Estatal promotora y del organismo asesor podrá extenderse hasta
reemplazar totalmente los miembros del jurado calificador, pero sólo por el
hecho de la renuncia, retiro o muerte. Los miembros del jurado calificador deben asistir por lo
menos al ochenta por ciento (80%) de las sesiones de juzgamiento y tomar
decisiones siempre por mayoría absoluta de los votos. Todos los miembros del
jurado calificador deben asistir a la sesión en la cual se emita el fallo, el
cual debe consignarse en el acta del fallo firmada por cada uno de ellos. El jurado calificador puede otorgar menciones honoríficas,
las cuales no comprometen contractual mente ni a la Entidad Estatal promotora
ni al organismo asesor. (Decreto 2326 de
1995, artículo 13) Artículo 2.2.1.2.1.3.21. De las Personas que intervienen en el concurso de arquitectura. Los miembros del jurado calificador, así como el asesor del concurso de arquitectura nombrado por el organismo asesor, se tendrán como servidores públicos para efectos de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar de que trata el literal f del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. (Decreto 2326 de
1995, artículo 14) Artículo
2.2.1.2.1.3.22. Términos de referencia o
bases del concurso.
Los pliegos de condiciones o términos de referencia de que trata la Ley 80 de
1993, son las bases del concurso para efectos de los concursos arquitectónicos
de que trata la presente subsección. Estos deberán contener como mínimo: 1. Los requisitos objetivos que se deben reunir para
participar en el concurso de arquitectura. La Entidad Estatal promotora podrá
elaborar directamente los términos de referencia o bases del concurso o
encargar su elaboración a una entidad con conocimientos especializados como lo
es la Sociedad Colombiana de Arquitectos 2. La modalidad del concurso de arquitectura 3. Las condiciones que deben reunir los proponentes; 4. El nombre de la Entidad Estatal promotora y de su
asesor; 5. El nombre programa de necesidades y requerimientos
materia del concurso que debe elaborar; 6. El nombre del asesor como lo ordena el numeral 2 del
artículo 2.2.1.2.1.3.11 del presente decreto; 7. El nombre del asesor del organismo asesor; 8.El lugar, fecha, hora y forma de entrega de las
propuestas; 9. El lugar de entrega o envío de las consultas; 10. La definición acerca del número de rondas del concurso; 11. Los premios y sus valores, de acuerdo con el reglamento
de honorarios de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 12. El plazo para la firma del contrato a celebrarse entre
la Entidad Estatal promotora y el ganador del concurso, en desarrollo de lo
establecido en el numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. (Decreto 2326 de
1995, artículo 15) Artículo
2.2.1.2.1.3.23. Del presupuesto. La Entidad Estatal promotora
debe garantizar el cubrimiento de los costos que se generen en el proceso de
selección con la respectiva disponibilidad y reserva presupuestal, tal como lo
consagran los numerales 6, 13 y 14 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. (Decreto 2326 de
1995, artículo 16) Artículo
2.2.1.2.1.3.24. De las garantías. El producto final de la
convocatoria materia de la presente subsección deberá ser un proyecto en el
nivel que se solicite en las bases del concurso. Por lo tanto, no deberán
presentar la garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. (Decreto 2326 de
1995, artículo 17) Artículo 2.2.1.2.1.3.25. De la cuantía de los
Trabajos Relacionados con el Ejercicio Profesional de la Arquitectura. El valor de la cuantía de los
contratos de consultoría que resulten del proceso de selección de Concurso de
Arquitectura será el resultado de los costos del trabajo de diseño, planos,
anteproyectos y proyectos arquitectónicos, más los costos de los estudios o
labores técnicas fundamentales que apoyan el objeto del concurso, es decir, las
propuestas se tendrán como una unidad. (Decreto 2326 de
1995, artículo 19) SUBSECCIÓN 4
Artículo 2.2.1.2.1.4.1. Acto administrativo de
justificación de la contratación directa. La Entidad Estatal debe señalar en un
acto administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de
contratación directa, el cual debe contener: 1. La causal que invoca para contratar directamente. 2. El objeto del contrato. 3. El presupuesto para la contratación y las condiciones
que exigirá al contratista. 4. El lugar en el cual los Interesados pueden consultar los
estudios y documentos previos. Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato
a celebrar es de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión,
y para los contratos de que tratan los literales (a) y (b) del artículo
2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto. (Decreto 1510 de
2013, artículo 73) Artículo 2.2.1.2.1.4.2. Declaración de urgencia
manifiesta.
Si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto
administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo de
justificación, y en este caso la Entidad Estatal no está obligada a elaborar
estudios y documentos previos. (Decreto 1510 de
2013, artículo 74) Artículo
2.2.1.2.1.4.3. No publicidad de estudios
y documentos previos.
Los estudios y documentos previos elaborados para los siguientes Procesos de
Contratación no son públicos: a) la contratación de empréstitos; b) los contratos
interadministrativos que celebre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
con el Banco de la República, y c) los contratos a los que se refiere el
2.2.1.2.1.4.6 del presente decreto. (Decreto 1510 de
2013, artículo 75) Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos
interadministrativos.
La modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la
contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el
artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal
hace parte del presupuesto de otra con ocasión de un convenio o contrato
interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera deberá deducirse
del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de las
Entidades Estatales. (Decreto 1510 de
2013, artículo 76) Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de
garantías.
En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección
3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente
decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en
los estudios y documentos previos. (Decreto 1510 de
2013, artículo 77) Artículo
2.2.1.2.1.4.6. Contratación de Bienes y
Servicios en el Sector Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia y la
Unidad Nacional de Protección que necesiten reserva para su adquisición. Las Entidades Estatales no
están obligadas a publicar los Documentos del Proceso para adquirir bienes y
servicios en el Sector Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia y la
Unidad Nacional de Protección que requieren reserva. En estos procesos de
contratación la adquisición debe hacerse en condiciones de mercado sin que sea
necesario recibir varias ofertas. (Decreto 1510 de
2013, artículo 78) Artículo 2.2.1.2.1.4.7. Contratación para el
desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. La contratación directa para el
desarrollo de actividades científicas y tecnológicas debe tener en cuenta la
definición contenida en el Decreto-Ley 591 de 1991 y las demás normas que lo
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. (Decreto 1510 de
2013, artículo 79) Artículo 2.2.1.2.1.4.8. Contratación directa
cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera que no existe pluralidad
de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el
servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los
derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional.
Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la
contratación. (Decreto 1510 de
2013, artículo 80) Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de
trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas
naturales.
Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación
directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la
persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del
contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la Idoneidad o
experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso,
no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas,
de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión
corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de
consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad
Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o
asistenciales. La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos
artísticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas
naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos. (Decreto 1510 de
2013, artículo 81) Artículo 2.2.1.2.1.4.10. Adquisición de bienes
inmuebles.
Las Entidades Estatales pueden adquirir bienes inmuebles mediante contratación
directa para lo cual deben seguir las siguientes reglas: 1. Avaluar con una institución especializada el bien o los
bienes inmuebles Identificados que satisfagan las necesidades que tiene la
Entidad Estatal. 2. Analizar y comparar las condiciones de los bienes
inmuebles que satisfacen las necesidades identificadas y las opciones de
adquisición, análisis que deberá tener en cuenta los principios y objetivos del
sistema de compras y contratación pública. 3. La Entidad Estatal puede hacer parte de un proyecto
inmobiliario para adquirir el bien inmueble que satisfaga la necesidad que ha
identificado, caso en el cual no requiere el avalúo de que trata el numeral 1
anterior. (Decreto 1510 de
2013, artículo 82) Artículo
2.2.1.2.1.4.11. Arrendamiento de bienes
inmuebles.
Las Entidades Estatales pueden alquilar o arrendar inmuebles mediante
contratación directa para lo cual deben seguir las siguientes reglas: 1. Verificar las condiciones del mercado inmobiliario en la
ciudad en la que la Entidad Estatal requiere el inmueble. 2. Analizar y comparar las condiciones de los bienes
inmuebles que satisfacen las necesidades identificadas y las opciones de
arrendamiento, análisis que deberá tener en cuenta los principios y objetivos
del sistema de compra y contratación pública. (Decreto 1510 de
2013, artículo 83) SUBSECCIÓN 5 Modificado por el art. 2, Decreto 1860 de 2021
<El nuevo texto es el siguiente> MÍNIMA CUANTÍA Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Modificado por el art. 5, decreto 142 de 2023. <El nuevo texto es el siguiente> Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener, como mínimo, lo siguiente:
1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel. 3. Las condiciones técnicas exigidas.
4. El valor estimado del contrato y su justificación.
5. El plazo de ejecución del contrato.
6. El certificado de disponibilidad presupuesta! que respalda la contratación.
Parágrafo. Dentro de las condiciones técnicas exigidas se podrán incluir aspectos ambientales y sociales en los términos establecidos en el parágrafo del artículo 2.2.1.1.2.2.2. del presente Decreto. El texto original era el siguiente: Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de
mínima cuantía. La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que
deben contener, como mínimo, lo siguiente: 1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la
contratación. 2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto
nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario
con el tercer nivel. 3. Las condiciones técnicas exigidas. 4. El valor estimado del contrato y su justificación. 5. El plazo de ejecución del contrato. 6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la
contratación.
Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:
1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato.
2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación.
3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas.
4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme.
5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación.
6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada.
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato.
8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal.
Parágrafo. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier Mipyme nacional.
Artículo 2.2.1.2.1.5.3. Adquisiciones en grandes almacenes cuando se trate de mínima cuantía. Las Entidades Estatales deben aplicar las siguientes reglas cuando decidan adquirir bienes hasta por el monto de su mínima cuantía en establecimientos que correspondan a la definición de "gran almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio:
1. La invitación debe estar dirigida a los grandes almacenes. Esta invitación deberá publicarse en el SECOP y en la página web de la entidad, y contendrá como mínimo: a) la descripción técnica, detallada y completa del bien, identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel; b) la forma de pago; c) el lugar de entrega; d) el plazo para la entrega de la cotización que debe ser de mínimo un (1) día hábil; e) la forma y el lugar de presentación de la cotización, y f) la disponibilidad presupuesta/. .
2. La Entidad Estatal debe evaluar las cotizaciones presentadas y seleccionar a quien, con las condiciones requeridas, ofrezca el menor precio del mercado y aceptar la mejor oferta.
3. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de desempate de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17 del presente Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
4. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal.
Artículo 2.2.1.2.1.5.4. Modificado por el art.12, Decreto 142 de 2023. <El nuevo texto es el siguiente> Instrumentos de Agregación de Demanda en la Tienda Virtual del Estado Colombiano para adquisiciones hasta el monto de la mínima cuantía con Mipymes y Grandes Almacenes.
La Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente definirá las reglas para la creación y utilización de los catálogos de bienes o servicios derivados de Instrumentos de Agregación de Demanda con Mipymes y Grandes Almacenes en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, a los cuales podrán acudir las entidades estatales para celebrar contratos hasta por el monto de la mínima cuantía.
En estos instrumentos se podrá implementar en la provisión de bienes y servicios factores que fomenten la participación de población en condición de pobreza extrema; víctimas del conflicto armado; personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional siempre que se garanticen las condiciones de calidad y cumplimiento del objeto contractual.
Así mismo, se podrán incorporar criterios sociales y ambientales que determinarán la aceptación del ingreso de los proveedores al catálogo, los cuales podrán ser utilizados para seleccionar la oferta más favorable en la operación secundaria.
Parágrafo. Las Entidades Estatales con régimen especial de contratación podrán realizar compras en los catálogos de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, de acuerdo con lo que establezcan en su Manual de Contratación. El texto original era el siguiente: Artículo 2.2.1.2.1.5.4. Instrumentos de agregación de demanda en la
Tienda Virtual del Estado Colombiano para adquisiciones hasta el monto de la
mínima cuantía con Mipyme y con grandes almacenes. La Agencia Nacional de
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente definirá en un plazo no mayor
a tres (3) meses contados a partir de la publicación de este Decreto, las
reglas para la creación y utilización de los catálogos de bienes o servicios
derivados de instrumentos de agregación de demanda con Mipyme, así como con
grandes almacenes, en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, a los cuales
podrán acudir las Entidades Estatales para celebrar contratos hasta por el
monto de la mínima cuantía.
Parágrafo. Las Entidades Estatales con régimen especial de
contratación podrán realizar compras en los catálogos de la Tienda Virtual del
Estado Colombiano, de acuerdo con lo que establezcan en su Manual de
Contratación.
Artículo 2.2.1.2.1.5.5. Garantías. La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición de "grandes almacenes" El texto original de la SubSección 5 era el siguiente: Subsección 5 Mínima Cuantía Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente: 1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la
contratación. 2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel
del Clasificador de Bienes y Servicios. 3. Las condiciones técnicas exigidas. 4. El valor estimado del contrato y su justificación. 5.El plazo de ejecución del contrato. 6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la
contratación. Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento
para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la
contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad
Estatal, independientemente de su objeto: 1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos
de mínima cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4
del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su
capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. 2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando
no hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios.
Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación
correspondiente. 3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si
los interesados formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos
serán contestados por la Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para
presentar ofertas. 4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1)
día hábil. 6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que
cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en
procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal
debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato. 7. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido
presentada primero en el tiempo. 8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. Artículo 2.2.1.2.1.5.3. Adquisición en Grandes Superficies cuando se trate de mínima cuantía. Las Entidades
Estatales deben aplicar las siguientes reglas para adquirir bienes hasta
por el monto de su mínima cuantía en Grandes Superficies: 1. La invitación debe estar dirigida a por lo menos dos (2) Grandes
Superficies y debe contener: a) la descripción técnica, detallada y completa
del bien, identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y
Servicios; b) la forma de pago; c) el lugar de entrega; d) el plazo para la
entrega de la cotización que debe ser de un (1) día hábil; d) la forma y el
lugar de presentación de la cotización, y e) la disponibilidad presupuestal. 2. La Entidad Estatal debe evaluar las cotizaciones presentadas y
seleccionar a quien, con las condiciones requeridas, ofrezca el menor precio
del mercado y aceptar la mejor oferta. 3. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido
presentada primero en el tiempo. 4. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. Artículo 2.2.1.2.1.5.4. Garantías. La Entidad Estatal
es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía
y en la adquisición en Grandes Superficies. Otras Modificaciones: Modificado por el Decreto 1510 de 2013. Artículo 2.2.1.2.1.5.6. Adicionado por el art. 13, Decreto 142 de 2023. <El nuevo texto es el siguiente> Catálogo Inclusivo. La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- definirá las reglas para la creación y utilización de los catálogos de bienes o servicios derivados de Instrumentos de Agregación de Demanda para la adquisición de bienes y servicios con características técnicas no uniformes, que puedan ser provistos por Mipymes.
Dentro de estas Mipymes se encuentran entre otras, las cooperativas de acuerdo con los requisitos del artículo 23 de la Ley 2069 de 2020 o las que se constituyan como entidades de economía solidaria de acuerdo con los requisitos del artículo 6 de la Ley 454 de 1998 o la norma que las modifique o sustituya.
Las asociaciones conformadas por sujetos de especial protección constitucional, asociaciones de pequeños productores locales y productores locales agropecuarios cuyos sistemas productivos pertenezcan a la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria podrán ser clasificadas como Mipymes en los términos previstos en el artículo 23 de la Ley 2069 de 2020, el artículo 2 de la Ley 590 de 2000 y por el Decreto 957 de 2019 o las normas que los modifiquen. SECCIÓN 2 ENAJENACIÓN DE
BIENES DEL ESTADO SUBSECCIÓN 1 DISPOSICIONES
GENERALES Artículo 2.2.1.2.2.1.1. Aplicación. La selección abreviada es la
modalidad para la enajenación de bienes del Estado, la cual se rige por las
disposiciones contenidas en el presente capítulo, salvo por las normas
aplicables a la enajenación de los bienes a cargo del Fondo para la
Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado y la
enajenación de que tratan la Ley 226 de 1995, el Decreto-Ley 254 de 2000 y la
Ley 1105 de 2006. (Decreto 1510 de
2013, artículo 88) Artículo 2.2.1.2.2.1.2. Derogado por el art. 4, Decreto Nacional 1042 de 2022. El texto derogado era el siguiente: Artículo 2.2.1.2..2.1.2. FRISCO. A más tardar el 31 de octubre de 2014, el Gobierno Nacional debe expedir el reglamento de enajenación de los bienes a cargo del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO). Parágrafo transitorio. Mientras este reglamento se expide, la enajenación de los bienes a cargo del FRISCO se regirá por las normas contenidas en el Decreto 734 de 2012. (Decreto 1510 de 2013, artículo 89; Decreto 3054 de 2013, artículo 1) Artículo
2.2.1.2.2.1.3. Transferencia de bienes a
CISA. La enajenación de bienes de las
entidades estatales del orden nacional a la Central de Inversiones CISA S. A.,
de que trata el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011 y el Decreto 047 de 2014 y
las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, debe hacerse de
conformidad con las reglas establecidas en tales normas. (Decreto 1510 de
2013, artículo 90) Artículo 2.2.1.2.2.1.4. Enajenación directa o a
través de intermediario idóneo. Las Entidades Estatales que no están obligadas a cumplir
con lo establecido en el artículo anterior, pueden realizar directamente la
enajenación, o contratar para ello promotores, bancas de inversión, martillos,
comisionistas de bolsas de bienes y productos, o cualquier otro intermediario
idóneo, según corresponda al tipo de bien a enajenar. (Decreto 1510 de
2013, artículo 91) Artículo 2.2.1.2.2.1.5. Selección del
intermediario idóneo para la enajenación de bienes. La Entidad Estatal debe
adelantar esta selección a través de un Proceso de Contratación en el cual
utilice las reglas de la selección abreviada de menor cuantía. Si el
intermediario idóneo es un comisionista de bolsa de productos, la Entidad Estatal debe utilizar el
procedimiento al que se refiere el artículo 2.2.1.2.1.2.14 del presente
decreto. Para el avalúo de los bienes, los intermediarios se
servirán de avaluadores debidamente inscritos en el Registro Nacional de
Avaluadores de la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes responderán
solidariamente con aquellos. Las causales de inhabilidad e incompatibilidad y el régimen
de conflicto de interés consagrado en la Constitución y en la ley son
aplicables a los intermediarios contratados por las Entidades Estatales para la
enajenación de bienes. (Decreto 1510 de
2013, artículo 92) Artículo
2.2.1.2.2.1.6. Objeto del contrato con el
intermediario idóneo.
El objeto del contrato es la intermediación comercial tendiente al logro y
perfeccionamiento de la venta. En el caso de inmuebles y muebles sujetos a
registro, el intermediario debe acompañar el proceso de venta hasta el registro
y la entrega física del bien, incluyendo la posibilidad de desempeñarse en
calidad de mandatario para estos efectos. (Decreto 1510 de
2013, artículo 93) Artículo
2.2.1.2.2.1.7. Estudios
previos. Los estudios y documentos previos deben contener además de lo
señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del presente decreto, el avalúo comercial
del bien y el precio mínimo de venta, obtenido de conformidad con lo señalado
en el presente título. (Decreto 1510 de
2013, artículo 94) Artículo
2.2.1.2.2.1.8. Aviso de Convocatoria.
El aviso de
convocatoria debe contener además de lo establecido en el artículo
2.2.1.1.2.1.2 del presente decreto, los datos identificadores del bien y la
indicación de las condiciones mínimas de la enajenación, el valor del avalúo
comercial y el precio mínimo de venta, si fueren diferentes. Si se trata de
bienes inmuebles el aviso de convocatoria debe señalar: a) el municipio o
distrito en donde se ubican; b) su localización exacta con indicación de su
nomenclatura; c) el tipo de inmueble; d) el porcentaje de propiedad; e) número
de folio de matrícula inmobiliaria y cédula catastral; f) uso del suelo; g)
área del terreno y de la construcción en metros cuadrados; h) la existencia o
no de gravámenes, deudas o afectaciones de carácter jurídico, administrativo o
técnico que limiten el goce al derecho de dominio; i) la existencia de
contratos que afecten o limiten el uso, y j) la identificación del estado de
ocupación del inmueble. En el caso de bienes muebles el aviso debe señalar: a) el
municipio o distrito donde se ubican; b) su localización exacta; c) el tipo de
bien; d) la existencia o no de gravámenes o afectaciones de carácter jurídico,
administrativo o técnico que limiten el goce al derecho de dominio, y e) la
existencia de contratos que afecten o limiten su uso. Si las condiciones de los bienes requieren información
adicional a la indicada en el presente artículo, la Entidad Estatal debe
publicarla en el aviso de convocatoria o indicar el lugar en el cual los
interesados pueden obtenerla. (Decreto 1510 de
2013, artículo 95) Artículo
2.2.1.2.2.1.9. Contenido de los pliegos
de condiciones.
Además de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del presente decreto, los
pliegos de condiciones deben indicar las condiciones particulares que deben
tener los posibles oferentes y lo siguiente: 1. Forma de pago del precio. 2. Formalidades para la suscripción del contrato de
enajenación. 3. Término para otorgar la escritura pública, si hay lugar
a ella. 4. Término para el registro, si hay lugar a ello. 5. Condiciones de la entrega material del bien. 6. La obligación del oferente de declarar por escrito el
origen de los recursos que utilizará para la compra del bien. La Entidad Estatal puede enajenar el activo a pesar de que
tenga cargas derivadas de impuestos y contribuciones, deudas de consumo o
reinstalación de servicios públicos y administración inmobiliaria, caso en el
cual debe manifestarlo en los pliegos de condiciones y el oferente aceptar
dichas condiciones pues debe asumir las deudas informadas. (Decreto 1510 de
2013, artículo 96) Artículo
2.2.1.2.2.1.10. Requisito para la
presentación de oferta o postura. Para participar en los procesos
de enajenación de bienes del Estado, el oferente debe consignar a favor de la
Entidad Estatal un valor no inferior al veinte por ciento (20%) del precio
mínimo de venta, como requisito habilitante para participar en el Proceso de
Contratación, valor que se imputará al precio cuando el interesado es el
adjudicatario. La Entidad Estatal debe devolver al oferente cuya oferta no
fue seleccionada el valor consignado, dentro del término establecido en los
pliegos de condiciones, sin que haya lugar a reconocimiento de intereses,
rendimientos e indemnizaciones, ni el reconocimiento del impuesto a las
transacciones financieras. Si el oferente incumple cualquiera de las obligaciones
derivadas de la oferta, tales como las condiciones de pago, la firma de
documentos sujetos a registro, o cualquier otro asunto derivado del negocio
jurídico, pierde la suma de dinero depositada a favor de la Entidad Estatal que
se entiende como garantía de seriedad del ofrecimiento, sin perjuicio de que la
Entidad Estatal reclame los perjuicios derivados del incumplimiento. En
consecuencia no se exigirá garantía adicional a los oferentes o al comprador. El oferente que no resulte adjudicatario puede solicitar a
la Entidad Estatal mantener el valor consignado para otro proceso de
enajenación que adelante la Entidad Estatal, valor al cual puede adicionar
recursos cuando sea necesario. (Decreto 1510 de
2013, artículo 97) SUBSECCIÓN 2 MECANISMO DE
ENAJENACIÓN Artículo
2.2.1.2.2.2.1. Enajenación directa por
oferta en sobre cerrado.
La Entidad Estatal que enajene bienes con el mecanismo de oferta en sobre
cerrado debe seguir el siguiente procedimiento. 1. La Entidad Estatal debe publicar la convocatoria, los
estudios previos, el proyecto de pliegos de condiciones, en los cuales debe
incluir la lista de bienes sometidos al proceso de enajenación. 2. Recibidas y respondidas las observaciones al proyecto de
pliegos de condiciones, la Entidad Estatal debe expedir el acto administrativo
de apertura y publicarlo en el SECOP junto con los pliegos de condiciones
definitivos. 3. Una vez recibidas las ofertas, la Entidad Estatal debe
verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes de los oferentes y
publicar el informe correspondiente en el SECOP junto con la lista de los
bienes sobre los cuales se recibieron ofertas. 4. La Entidad Estatal debe convocar la audiencia en el
lugar, día y hora señalados en los pliegos de condiciones. 5. En la audiencia la Entidad Estatal debe abrir las
ofertas económicas de los oferentes habilitados e informar la mejor oferta para la Entidad Estatal. 6. La Entidad Estatal concede a los oferentes la
oportunidad para mejorar la oferta por una sola vez. 7. Surtido este paso, la Entidad Estatal debe adjudicar el
bien al oferente que haya ofrecido el mejor precio para la Entidad Estatal. (Decreto 1510 de
2013, artículo 98) Artículo
2.2.1.2.2.2.2. Enajenación
directa a través de subasta pública. La Entidad Estatal que enajene
bienes con el mecanismo de subasta pública debe seguir el procedimiento
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del presente decreto, teniendo en
cuenta que el bien debe ser adjudicado al oferente que haya ofrecido el mayor
valor a pagar por los bienes objeto de enajenación y en consecuencia, el Margen
Mínimo debe ser al alza. (Decreto 1510 de
2013, artículo 99) Artículo
2.2.1.2.2.2.3. Enajenación
a través de intermediarios idóneos. La venta debe realizarse a través
de subasta pública, o mediante el mecanismo de derecho privado que se convenga
con el intermediario. (Decreto 1510 de
2013, artículo 100) SUBSECCIÓN 3 BIENES INMUEBLES Artículo 2.2.1.2.2.3.1. Avalúo comercial del bien. La Entidad Estatal o su
intermediario idóneo, debe avaluar el bien objeto de enajenación. El avalúo
puede estar a cargo del instituto Geográfico Agustín Codazzi o a cargo de una
persona especializada inscrita en el Registro Nacional de Avaluadores que lleva
la Superintendencia de Industria y Comercio. Los avalúos tienen vigencia de un
año. (Decreto 1510 de
2013, artículo 101) Artículo 2.2.1.2.2.3.2. Precio mínimo de venta. La Entidad Estatal debe
establecer el precio mínimo de venta con base en las siguientes variables: 1. Valor del avalúo. Valor arrojado por el avalúo comercial
vigente. 2. Ingresos. Todos los recursos que recibe la Entidad
Estatal provenientes del bien, tales como cánones de arrendamiento y
rendimientos. 3. Gastos. Todos los gastos en que incurre la Entidad
Estatal derivados de la titularidad del bien, la comercialización, el
saneamiento, el mantenimiento y la administración del mismo, tales como: 3.1. Servicios públicos. 3.2. Conservación, administración y vigilancia. 3.3. Impuestos y gravámenes. 3.4. Seguros. 3.5. Gastos de promoción en ventas. 3.6. Costos y gastos de saneamiento. 3.7. Comisiones fiduciarias. 3.8. Gastos de bodegaje. 3.9. Deudas existentes. 4. Tasa de descuento. Es el porcentaje al cual se descuentan
los flujos de caja futuros para traerlos al valor presente y poder con ello
determinar un valor equivalente del activo y estará determinada en función de
la DTF. 5. Tiempo de comercialización: Corresponde al tiempo que la
Entidad Estatal considera que tomará la comercialización de los activos con el
fin de calcular los ingresos y egresos que se causarían durante el mismo. 6. Factores que definen el tiempo de comercialización. Los
siguientes factores, entre otros, afectan el tiempo de comercialización del
activo y permiten clasificarlos como de alta, mediana o baja comercialización: 6.1. Tipo de activo. 6.2. Características particulares del activo. 6.3. Comportamiento del mercado. 6.4. Tiempo de permanencia del activo en el inventario de
la Entidad Estatal. 6.5. Número de ofertas recibidas. 6.6. Número de visitas recibidas. 6.7. Tiempo de comercialización establecida por el
avaluador. 6.8. Estado jurídico del activo. 7. Estado de saneamiento de los activos. Se tendrá en
cuenta: 7.1. Activo saneado transferible. Es el activo que no
presenta ningún problema jurídico, administrativo o técnico, que se encuentra
libre de deudas por cualquier concepto, así como aquel respecto del cual no
exista ninguna afectación que impida su
transferencia. 7.2. Activo no saneado transferible. Es el activo que
presenta problemas jurídicos,
técnicos o administrativos que limitan su uso, goce y disfrute, pero que no
impiden su transferencia a favor de terceros. 8. Cálculo del precio mínimo de venta. El precio mínimo de
venta se calcula como la diferencia entre el valor actualizado de los ingresos
incluido el valor del avalúo del bien y el valor actualizado de los gastos a
una tasa de descuento dada. (Decreto 1510 de
2013, artículo 102) Artículo 2.2.1.2.2.3.3. Otorgamiento de la escritura pública. La escritura pública debe
otorgarse en la notaría de reparto correspondiente, dentro de los cuarenta y
cinco (45) días calendario siguiente a la fecha en la cual el adjudicatario
acredite el pago total del precio de venta. Solamente puede otorgarse la
escritura pública antes del pago total del saldo del inmueble cuando esto sea
necesario para cumplir condiciones para el desembolso del precio de venta. Si el oferente pretende pagar el precio con un crédito o un
leasing, en la subasta debe acreditar esta circunstancia con la presentación de
una carta expedida por la entidad financiera en la cual conste la preaprobación
del crédito. Debe también indicar si requiere de la firma de una promesa de
compraventa como requisito para el desembolso de un crédito o para el retiro de
cesantías. En el evento de presentarse alguna circunstancia de caso
fortuito o fuerza mayor, no imputable a las partes, estas pueden de común
acuerdo modificar la fecha de otorgamiento de la escritura pública mediante
documento suscrito por las partes. (Decreto 1510 de
2013, artículo 103) Artículo
2.2.1.2.2.3.4. Gastos de registro y
derechos notariales.
Los derechos notariales, los gastos de fotocopias, autenticaciones y los
impuestos de venta y registro se liquidarán y pagarán de conformidad con las
normas legales vigentes sobre la materia. (Decreto 1510 de
2013, articulo 104) Artículo
2.2.1.2.2.3.5. Entrega material del bien
inmueble.
La Entidad Estatal debe entregar el inmueble dentro de los treinta (30) días
calendario siguientes a la fecha del registro, previa presentación del
certificado de tradición y libertad en el que conste la inscripción de la
escritura pública de venta del inmueble. Las obligaciones generadas sobre el inmueble con
posterioridad al registro del bien están a cargo del comprador. (Decreto 1510 de
2013, artículo 105) SUBSECCIÓN 4 BIENES MUEBLES Artículo 2.2.1.2.2.4.1. Precio mínimo de venta de
bienes muebles no sujetos a registro. La Entidad Estatal debe tener en cuenta
el resultado del estudio de las condiciones de mercado, el estado de los bienes
muebles y el valor registrado en los libros contables de la misma. (Decreto 1510 de
2013, artículo 106) Artículo 2.2.1.2.2.4.2. Precio mínimo de venta de
bienes muebles sujetos a registro. La Entidad Estatal debe tener en cuenta
lo siguiente: 1. La Entidad Estatal debe obtener un avalúo comercial
practicado por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado,
registrada en el Registro Nacional de Avaluadores, excepto cuando el bien a
enajenar es un automotor de dos (2) ejes pues independientemente de su clase,
tipo de servicio, peso o capacidad, de carga y de pasajeros, la Entidad Estatal
debe usar los valores establecidos anualmente por el Ministerio de Transporte. 2. Una vez establecido el valor comercial, la Entidad
Estatal debe descontar el valor estimado de los gastos en los cuales debe
incurrir para el mantenimiento y uso del bien en un término de un (1) año,
tales como conservación, administración y vigilancia, impuestos, gravámenes,
seguros y gastos de bodegaje, entre otros. (Decreto 1510 de
2013, articulo 107) Artículo 2.2.1.2.2.4.3. Enajenación de bienes
muebles a título gratuito entre Entidades Estatales. Las Entidades Estatales deben
hacer un inventario de los bienes muebles que no utilizan y ofrecerlos a título
gratuito a las Entidades Estatales a través de un acto administrativo motivado
que deben publicar en su página web. La Entidad Estatal interesada en adquirir estos bienes a
título gratuito, debe manifestarlo por escrito dentro de los treinta (30) días
calendario siguientes a la fecha de publicación del acto administrativo. En tal
manifestación la Entidad Estatal debe señalar la necesidad funcional que pretende
satisfacer con el bien y las razones que justifican su solicitud. Si hay dos o más manifestaciones de interés de Entidades
Estatales para el mismo bien, la Entidad Estatal que primero haya manifestado
su interés debe tener preferencia. Los representantes legales de la Entidad
Estatal titular del bien y la interesada en recibirlo, deben suscribir un acta
de entrega en la cual deben establecer la fecha de la entrega material del
bien, la cual no debe ser mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir
de la suscripción del acta de entrega. (Decreto 1510 de
2013, artículo 108) Artículo 2.2.1.2.2.4.4. Enajenación de otros
bienes.
Para enajenar otro tipo de bienes como cartera, cuentas por cobrar,
fideicomisos de cartera, las Entidades Estatales no obligadas a aplicar las
normas mencionadas en el artículo 2.2.1.2.2.1.3 el presente decreto, deben
determinar el precio mínimo de venta tomando en consideración, entre otros, los
siguientes parámetros: 1. La construcción del flujo de pagos de cada obligación,
según las condiciones actuales del crédito y/o cuentas por cobrar. 2. La estimación de la tasa de descuento del flujo en
función de la DTF, tomando en consideración los factores de riesgo inherentes
al deudor y a la operación, que puedan afectar el pago normal de la obligación. 3. El cálculo del valor presente neto del flujo,
adicionando a la tasa de descuento la prima de riesgo calculada. 4. Los gastos asociados a la cobranza de la cartera a
futuro, las garantías asociadas a las obligaciones, edades de mora y
prescripción de cobro. 5. El tiempo esperado para la recuperación de la cartera
por recaudo directo o por vía judicial. 6. Las demás consideraciones universalmente aceptadas para
este tipo de operaciones. Esta norma no es aplicable a la enajenación de cartera
tributaria. (Decreto 1510 de
2013, artículo 109) SECCIÓN 3 GARANTÍAS SUBSECCIÓN 1 GENERALIDADES Artículo 2.2.1.2.3.1.1. Riesgos
que deben cubrir las garantías en la contratación. El cumplimiento de
las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de:
(i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y
(iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales,
derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben
estar garantizadas en los términos de la ley y del presente título. (Decreto 1510 de
2013, artículo 110) Artículo 2.2.1.2.3.1.2. Clases
de garantías. Las garantías que los oferentes o contratistas pueden
otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son: 1. Contrato de seguro contenido en una póliza. 2. Patrimonio autónomo. 3. Garantía Bancaria. (Decreto 1510 de
2013, artículo 111) Artículo
2.2.1.2.3.1.3. Indivisibilidad de la
garantía.
La garantía de cobertura del Riesgo es indivisible. Sin embargo, en los
contratos con un plazo mayor a cinco (5) años las garantías pueden cubrir los
Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo Contractual, de acuerdo con lo
previsto en el contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal en los pliegos de
condiciones para la Contratación debe indicar las garantías que exige en cada
Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual así: 1. La Entidad Estatal debe exigir una garantía
independiente para cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual o cada
unidad funcional en el caso de las Asociaciones Público Privadas, cuya vigencia
debe ser por lo menos la misma establecida para la Etapa del Contrato o Periodo
Contractual respectivo. 2. La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para
cada Etapa del Contrato, Periodo Contractual o unidad funcional, tomando el
valor de las obligaciones del contratista para cada Etapa del Contrato, Periodo
Contractual o unidad funcional y de acuerdo con las reglas de suficiencia de
las garantías establecidas en el presente título. 3. Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada
Periodo Contractual, el contratista está obligado a obtener una nueva garantía
que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la Etapa del Contrato o
Periodo Contractual subsiguiente, si no lo hiciere se aplicarán las reglas
previstas para el restablecimiento de la garantía. Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo
Contractual decide no continuar garantizando la Etapa del Contrato o Periodo
Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la Entidad
Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la
garantía. Este aviso no afecta la garantía de la Etapa Contractual o Periodo
Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación
mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a
garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente. (Decreto 1510 de
2013, artículo 112) Artículo
2.2.1.2.3.1.4. Garantía
del oferente plural. Cuando la oferta es presentada por un proponente
plural, como unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, la
garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. (Decreto 1510 de
2013, artículo 113) Artículo 2.2.1.2.3.1.5. Cobertura
del Riesgo de responsabilidad civil extracontractual. La
responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas solamente
puede ser amparada con un contrato de seguro. (Decreto 1510 de
2013, artículo 114) Artículo
2.2.1.2.3.1.6. Garantía
de los Riesgos derivados del incumplimiento de la oferta. La garantía
de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de
la oferta, en los siguientes eventos: 1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de
seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el
contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo
fijado para la presentación de las ofertas. 3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte
del adjudicatario. 4. La falta de otorgamiento por parte del proponente
seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. (Decreto 1510 de
2013, artículo 115) Artículo
2.2.1.2.3.1.7. Garantía
de cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato debe cubrir: 1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. Este
amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal con ocasión de: (i)
la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; y (iii) la
apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo. 2. Devolución del pago anticipado. Este amparo cubre los
perjuicios sufridos por la Entidad Estatal por la no devolución total o parcial
del dinero entregado al contratista a título de pago anticipado, cuando a ello
hubiere lugar. 3. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la
Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: 3.1. El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando
el incumplimiento es imputable al contratista; 3.2. El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato,
cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 3.3. Los daños imputables al contratista por entregas
parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y 3.4. El pago del valor de las multas y de la cláusula penal
pecuniaria. 4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales. Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los
perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del
contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el
territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. La Entidad Estatal no debe exigir una garantía para cubrir
este Riesgo en los contratos que se ejecuten fuera del territorio nacional con
personal contratado bajo un régimen jurídico distinto al colombiano. 5. Estabilidad y calidad de la obra. Este amparo cubre a la
Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o
deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a
satisfacción. 6. Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Entidad
Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio
prestado. 7. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Este
amparo, debe cubrir la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que
recibe la Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato. 8. Los demás incumplimientos de obligaciones que la Entidad
Estatal considere deben ser amparados de manera proporcional y acorde a la
naturaleza del contrato. (Decreto 1510 de
2013, artículo 116) Artículo
2.2.1.2.3.1.8. Cubrimiento
de la responsabilidad civil extracontractual. La Entidad Estatal debe
exigir en los contratos de obra, y en aquellos en que por su objeto o
naturaleza lo considere necesario con ocasión de los Riesgos del contrato, el
otorgamiento de una póliza de responsabilidad civil extracontractual que la
proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su
contratista. La Entidad Estatal debe exigir que la póliza de
responsabilidad extracontractual cubra también los perjuicios ocasionados por
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los
subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista
cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el
asegurado. (Decreto 1510 de 2013, artículo 117) Artículo 2.2.1.2.3.1.9. Suficiencia
de la garantía de seriedad de la oferta. La garantía de seriedad de la
oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la
aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de
por lo menos el diez por ciento (10%) del valor de la oferta. El valor de la garantía de seriedad de la oferta que
presenten los proponentes en el Proceso de Contratación de un Acuerdo Marco de
Precio debe ser de mil (1.000) SMMLV. El valor de la garantía de seriedad de la oferta que
presenten los proponentes en la subasta inversa y en el concurso de méritos
debe ser equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado
del Proceso de Contratación. Cuando el valor de la oferta o el presupuesto estimado de
la contratación sea superior a un millón (1.000.000) de SMMLV se aplicarán las
siguientes reglas: 1. Si el valor de la oferta es superior a un millón
(1.000.000) de SMMLV y hasta cinco millones (5.000.000) de SMMLV, la Entidad
Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos el dos punto cinco por
ciento (2,5%) del valor de la oferta. 2. Si el valor de la oferta es superior a cinco millones
(5.000.000) de SMMLV y hasta diez millones (10.000.000) de SMMLV, la Entidad
Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos el uno por ciento (1%) del
valor de la oferta. 3. Si el valor de la oferta es superior a diez millones
(10.000.000) de SMMLV, la Entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran al
menos el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor de la oferta. (Decreto 1510 de
2013, artículo 118). Parágrafo. Adicionado por el art. 4, Decreto 1860 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente> Colombia Compra Eficiente podrá definir un valor de suficiencia diferencial para la garantía de seriedad de las ofertas presentadas por los emprendimientos y las empresas de mujeres, y las Mipyme en los Acuerdos Marco de Precio Artículo
2.2.1.2.3.1.10.
Suficiencia
de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo. La
Garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo debe estar vigente
hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo, de
acuerdo con lo que determine la Entidad Estatal. El valor de esta garantía debe
ser el ciento por ciento (100%) de la suma establecida como anticipo, ya sea
este en dinero o en especie. (Decreto 1510 de
2013, artículo 119) Artículo
2.2.1.2.3.1.11.
Suficiencia
de la garantía de pago anticipado. La garantía de pago anticipado debe
estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal
verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los
bienes o servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con lo que
determine la Entidad Estatal. El valor de esta garantía debe ser el ciento por
ciento (100%) del monto pagado de forma anticipada, ya sea este en dinero o en
especie. (Decreto 1510 de
2013, artículo 120) Artículo 2.2.1.2.3.1.12.
Suficiencia
de la garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato
debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. El valor de
esta garantía debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del
contrato a menos que el valor del contrato sea superior a un millón (1.000.000)
de SMMLV, caso en el cual la Entidad Estatal aplicará las siguientes reglas: 1. Si el valor del contrato es superior a un millón
(1.000.000) de SMMLV y hasta cinco millones (5.000.000) de SMMLV, la Entidad
Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos el dos punto cinco por
ciento (2,5%) del valor del contrato. 2. Si el valor del contrato es superior a cinco millones
(5.000.000) de SMMLV y hasta diez millones (10.000.000) de SMMLV, la Entidad
Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos el uno por ciento (1%) del
valor del contrato. 3. Si el valor del contrato es superior a diez millones
(10.000.000) de SMMLV, la Entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran al
menos el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor del contrato. 4. Colombia Compra Eficiente debe determinar el valor de la
garantía única de cumplimiento del Acuerdo Marco de Precios de acuerdo con el
objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en este. (Decreto 1510 de
2013, articulo 121) Artículo
2.2.1.2.3.1.13. Suficiencia de la
garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales. Esta
garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más. El
valor de la garantía no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato. (Decreto 1510 de
2013, artículo 122) Artículo 2.2.1.2.3.1.14. Modificado por el art. 3, Decreto Nacional 399 de 2021 <El nuevo texto es el siguiente> Suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra. Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. La Entidad Estatal debe determinar el valor asegurado de esta garantía en los documentos del proceso, de acuerdo con el objeto, la cuantía, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato a celebrar.
La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a cinco (5) años previa justificación técnica de un experto en la materia Objeto del contrato, lo cual se debe reflejar en los documentos del proceso. Como consecuencia del análisis anterior y según la complejidad técnica del contrato a celebrar, esta garantía podrá tener una vigencia inferior a cinco (5) años y en todo caso de mínimo un (1) año. Para establecer la complejidad técnica del proyecto, y por ende la vigencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra por un término inferior a los cinco (5) años, la justificación técnica del experto en la materia objeto del contrato tendrá en consideración variables como las siguientes: el tipo de actividades que serán realizadas, la experticia técnica requerida, el alcance físico de las obras, entre otros, pero sin limitarse únicamente a la cuantía del proceso. El texto original era el siguiente:
Artículo 2.2.1.2.3.1.14. Suficiencia de la
garantía de estabilidad y calidad de la obra. Esta garantía
debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir
de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. La
Entidad Estatal debe determinar el valor de esta garantía en los pliegos de
condiciones de la Contratación, de acuerdo con el objeto, el valor, la
naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. La Entidad
Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a cinco (5)
años previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del
contrato.
(Decreto 1510 de 2013, artículo 123) Artículo 2.2.1.2.3.1.15. Suficiencia de la garantía de
calidad del servicio. La Entidad Estatal debe determinar el valor y el
plazo de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las
obligaciones contenidas en el contrato. En los contratos de interventoría, la
vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad
del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley
1474 de 2011. (Decreto 1510 de
2013, artículo 124) . Artículo
2.2.1.2.3.1.16.
Suficiencia
de la garantía de calidad de bienes. La Entidad Estatal debe determinar
el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la
naturaleza, las obligaciones contenidas en el contrato, la garantía mínima
presunta y los vicios ocultos. (Decreto 1510 de
2013, artículo 125) Artículo 2.2.1.2.3.1.17.
Suficiencia
del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El valor
asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil
extracontractual no debe ser inferior a: 1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea
inferior o igual a mil quinientos SMMLV. 2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea
superior a mil quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos
(2.500) SMMLV. 3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea
superior a dos mil quinientos SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000)
SMMLV. 4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea
superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000)
SMMLV. 5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando
este sea superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado
debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV. La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de
ejecución del contrato. (Decreto 1510 de
2013, artículo 126) Artículo
2.2.1.2.3.1.18. Restablecimiento o
ampliación de la garantía.
Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el
valor de la garantía se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al
contratista restablecer el valor inicial de la garantía. Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor
o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir al contratista ampliar el
valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. La Entidad Estatal debe prever en los pliegos de
condiciones para la Contratación, el mecanismo que proceda para restablecer la
garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla
o adicionarla. (Decreto 1510 de
2013, artículo 127) Artículo 2.2.1.2.3.1.19.
Efectividad
de las garantías. La Entidad Estatal debe hacer efectivas las garantías
previstas en este capítulo así: 1. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad
Estatal declare la caducidad del contrato y ordene el pago al contratista y al
garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado.
El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro. 2. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad
Estatal impone multas, debe ordenar el pago al contratista y al garante. El
acto administrativo correspondiente constituye el siniestro. 3. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad
Estatal declare el incumplimiento, puede hacer efectiva la cláusula penal, si
está pactada en el contrato, y ordenar su pago al contratista y al garante. El
acto administrativo correspondiente es la reclamación para la compañía de
seguros. (Decreto 1510 de
2013, artículo 128) SUBSECCIÓN 2 CONTRATO DE SEGURO Artículo 2.2.1.2.3.2.1. Amparos.
El objeto de cada uno de los amparos debe corresponder al definido en los
artículos 2.2.1.2.3.1.6, 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.8 del presente decreto. Los amparos deben ser independientes unos de otros respecto
de sus Riesgos y de sus valores asegurados. La Entidad Estatal solamente puede
reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o indemnizar el valor del
amparo cubierto. Los amparos son excluyentes y no se pueden acumular. (Decreto 1510 de
2013, artículo 129) Artículo
2.2.1.2.3.2.2. Cesión del contrato. Si hay lugar a cesión del
contrato a favor del garante, este está obligado a constituir las garantías
previstas en el contrato. (Decreto 1510 de
2013, artículo 130) Artículo
2.2.1.2.3.2.3. Exclusiones.
La Entidad Estatal solamente admitirá las siguientes exclusiones, en el
contrato de seguro que ampara el cumplimiento de los contratos que suscriba, y
cualquier otra estipulación que introduzca expresa o tácitamente exclusiones
distintas a estas, no producirá efecto alguno: 1. Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito,
el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima. 2. Daños causados por el contratista a los bienes de la
Entidad Estatal no destinados al contrato. 3. Uso indebido o inadecuado o falta de mantenimiento
preventivo al que está obligada la Entidad Estatal. 4. El deterioro normal que sufran los bienes entregados con
ocasión del contrato garantizado como consecuencia del transcurso del tiempo. (Decreto 1510 de
2013, artículo 131) Artículo
2.2.1.2.3.2.4. Inaplicabilidad de la
cláusula de proporcionalidad. En el contrato de seguro que ampara el cumplimiento, la
compañía de seguros no puede incluir la cláusula de proporcionalidad y tampoco
otra cláusula similar en el sentido de que el valor asegurado ampara los
perjuicios derivados del incumplimiento total del contrato garantizado pero
frente a un incumplimiento parcial, la compañía de seguros solamente paga los
perjuicios causados en proporción al incumplimiento parcial de la obligación
garantizada. La inclusión de una cláusula en ese sentido no producirá efecto
alguno. (Decreto 1510 de
2013, artículo 132) Artículo
2.2.1.2.3.2.5. Improcedencia
de la terminación automática y de la facultad de revocación del seguro.
La garantía única de cumplimiento expedida a favor de Entidades Estatales no
expira por falta de pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente. (Decreto 1510 de
2013, artículo 133) Artículo
2.2.1.1.3.2.6. Inoponibilidad
de excepciones de la compañía de seguros. La compañía de seguros no
puede oponerse o defenderse de las reclamaciones que presente la Entidad
Estatal alegando la conducta del tomador del seguro, en especial las
inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la
contratación del seguro o cualquier otra excepción que tenga el asegurador en
contra del contratista. (Decreto 1510 de
2013, artículo 134) Artículo
2.2.1.2.3.2.7. Prohibición
a las compañías de seguros. Para la venta de alguno de los amparos de
que trata la presente subsección, las compañías de seguros no pueden exigir a
los proponentes ni a los contratistas adquirir amparos no exigidos por la
Entidad Estatal. (Decreto 1510 de
2013, artículo 135) Artículo
2.2.1.2.3.2.8. Sanción
por incumplimiento de la seriedad de la oferta. En caso de siniestro en
la garantía de la seriedad de la oferta, la compañía de seguros debe responder
por el total del valor asegurado a título de sanción. (Decreto 1510 de
2013, artículo 136) Artículo
2.2.1.2.3.2.9. Requisitos
del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El amparo de
responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos: 1. Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe
expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato
de seguro no puede establecer términos para presentar la reclamación,
inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de
responsabilidad correspondiente. 2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista
deben tener la calidad de asegurado respecto de ios daños producidos por el
contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán
beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar
afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas. 3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil
extracontractual debe contener además de la cobertura básica de predios,
labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 3.1. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y
lucro cesante. 3.2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por
actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su
propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí
requeridos. 3.4. Cobertura expresa de amparo patronal. 3.5. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. (Decreto 1510 de
2013, artículo 137) Artículo
2.2.1.3.3.2.10. Mecanismos de
participación en la pérdida por parte de la Entidad Estatal asegurada. En el contrato de seguro que
ampara la responsabilidad civil extracontractual solamente se pueden pactar
deducibles hasta del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida y en
ningún caso pueden ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. No serán admisibles
las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que
impliquen la asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada. (Decreto 1510 de
2013, articulo 138) Artículo
2.2.1.2.3.2.11.
Protección
de los bienes. La Entidad Estatal debe exigir a su contratista un
contrato de seguro que ampare la responsabilidad cuando con ocasión de la
ejecución del contrato existe Riesgo de daño de los bienes de la Entidad
Estatal. La Entidad Estatal debe definir el valor asegurado en los pliegos de
condiciones. (Decreto 1510 de
2013, artículo 139) SUBSECCIÓN 3 PATRIMONIO
AUTÓNOMO Artículo
2.2.1.2.3.3.1. Patrimonio
autónomo como garantía. El contrato de fiducia mercantil por medio del
cual se crea el patrimonio autónomo que sirve de garantía para la oferta o el
cumplimiento del contrato en los términos de los artículos 2.2.1.2.3.1.6 y
2.2.1.2.3.1.7 del presente decreto, debe cumplir con los siguientes requisitos
e incluir los siguientes aspectos: 1. El fideicomitente debe ser el oferente o el contratista
o quien esté dispuesto a garantizar sus obligaciones y tenga la facultad para
hacerlo, y la sociedad fiduciaria, autorizada para el efecto por la
Superintendencia Financiera o quien haga sus veces. 2. La Entidad Estatal que contrata debe ser el beneficiario
del patrimonio autónomo. 3. La sociedad fiduciaria está obligada a realizar los
actos necesarios para la conservación de los bienes fideicomitidos o adoptar
las medidas necesarias para que quien los tenga garantice dicha conservación. 4. La sociedad fiduciaria debe periódicamente hacer las
valoraciones y avalúos sobre los bienes que constituyen el patrimonio autónomo,
para velar por la suficiencia e idoneidad de la garantía. 5. La sociedad fiduciaria debe avisar a la Entidad Estatal
y al fideicomitente dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en la que
tiene noticia de la insuficiencia del patrimonio autónomo para el pago de las
obligaciones garantizadas, causada por la disminución del valor de mercado de
los bienes que lo conforman y exigir al fideicomitente el remplazo o aumento de
los bienes fideicomitidos para cumplir con las normas relativas a la
suficiencia de la garantía. 6. La obligación del fideicomitente de remplazar o aumentar
los bienes fideicomitidos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes
a la solicitud que haga la sociedad fiduciaria. 7. El procedimiento para el remplazo de bienes o para la
incorporación de nuevos bienes al patrimonio autónomo. 8. El procedimiento que debe seguirse frente al
incumplimiento del oferente o del contratista. 9. Las obligaciones de la sociedad fiduciaria incluyendo
sus obligaciones de custodia y administración de los bienes, verificación periódica
del valor del patrimonio autónomo, rendición de cuentas e informes periódicos. 10. La forma como procede la dación en pago de los bienes
fideicomitidos, para lo cual es necesario que haya trascurrido más de un (1)
año desde la fecha en la cual la Entidad Estatal solicitó a la sociedad
fiduciaria ejecutar la garantía y no ha sido posible realizar los bienes
fideicomitidos. En este caso, la Entidad Estatal debe recibir la dación en pago
por el cincuenta por ciento (50%) del avalúo actualizado de los bienes, sin
perjuicio de que la Entidad Estatal persiga el pago del perjuicio causado que
no haya sido íntegramente pagado. (Decreto 1510 de
2013, artículo 140) Artículo
2.2.1.2.3.3.2. Admisibilidad
de bienes para conformar el patrimonio autónomo. Los bienes o derechos
fideicomitidos para crear el patrimonio autónomo que sirve de garantía en los
términos de los artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.7 del presente decreto,
deben ofrecer a la Entidad Estatal un respaldo idóneo y suficiente para el pago
de las obligaciones garantizadas. La Entidad Estatal solamente puede aceptar como garantía el
patrimonio autónomo conformado con los siguientes bienes y derechos: 1. Valores que pueden conformar las carteras colectivas del
mercado financiero, o la participación individual del contratista en carteras
colectivas. La Entidad Estatal reconocerá para efectos del cálculo del valor de
la garantía hasta el noventa por ciento (90%) del monto de tales valores. 2. Inmuebles libres de limitaciones de dominio con un valor
superior a dos mil (2.000) SMMLV, que generen rentas en un (1) año por valor
mayor al cero punto setenta y cinco por ciento (0,75%) mensual del precio de
realización establecido en el avalúo que debe realizar un experto, de acuerdo
con el artículo siguiente del presente decreto. Estas rentas no pueden estar a
cargo del contratista garantizado y deben hacer parte del patrimonio autónomo.
La Entidad Estatal reconocerá para efectos del cálculo del valor de la garantía
hasta el setenta por ciento (70%) del valor del avalúo de los bienes inmuebles
fideicomitidos. (Decreto 1510 de
2013, artículo 141) Artículo
2.2.1.2.3.3.3. Avalúo
de los bienes inmuebles Fideicomitidos. La sociedad fiduciaria debe
ordenar el avalúo de los bienes inmuebles, el cual debe hacerse bajo el
criterio de valor de realización a corto plazo para efectos de determinar la
suficiencia de la garantía. La sociedad fiduciaria debe actualizar el avalúo con
la frecuencia establecida en las normas aplicables. Si el avalúo disminuye en
más de diez por ciento (10%) de año a año, el fideicomitente debe aportar
nuevos bienes para que la garantía sea suficiente. El avalúo debe estar a cargo de una institución especializada
inscrita en el Registro Nacional de Avaluadores que lleva la Superintendencia
de Industria y Comercio. La remuneración de los Avaluadores y de los costos del
avalúo debe ser cubierta por la sociedad fiduciaria con cargo a los recursos
del fideicomiso. (Decreto 1510 de
2013, artículo 142) Artículo
2.2.1.2.3.3.4. Certificado
de Garantía. La sociedad fiduciaria debe expedir a nombre de la Entidad
Estatal un certificado de garantía en el cual conste la siguiente información: 1. La suficiencia de la garantía para cada una de las
coberturas, en los términos de los artículos 2.2.1.2.3.1.9 a 2.2.1.2.3.1.16 del
presente decreto. 2. Los estados financieros actualizados del patrimonio
autónomo y una descripción de los bienes que lo conforman. 3. El procedimiento a surtirse en caso de hacerse exigidle
la garantía, el cual no podrá imponer a la Entidad Estatal condiciones más
gravosas a las contenidas en este título. 4. Los Riesgos garantizados. 5. La prelación que tiene la Entidad Estatal para el pago. 6. Los mecanismos con los cuales la sociedad fiduciaria
puede hacer efectiva la garantía sin afectar su suficiencia. (Decreto 1510 de
2013, artículo 143) Artículo
2.2.1.2.3.3.5. Excepción de contrato no
cumplido.
La sociedad fiduciaria no puede proponer la excepción de contrato no cumplido
frente a la Entidad Estatal. (Decreto 1510 de
2013, artículo 144) Artículo
2.2.1.2.3.3.6. Retención. De las rentas periódicas que
produzcan los bienes o derechos que conforman el patrimonio autónomo, la
sociedad fiduciaria puede retener el uno por ciento (1%) mensual hasta
completar el valor equivalente al tres por ciento (3%) del avalúo del bien o
valor, sumas que debe invertir en una cartera colectiva del mercado financiero
para la conservación, defensa y recuperación de los bienes fideicomitidos y los
gastos necesarios para hacer efectiva la garantía. (Decreto 1510 de
2013, artículo 145) SUBSECCIÓN 4 GARANTÍAS BANCARIAS ARTÍCULO
2.2.1.2.3.4.1. Garantías
bancarias. La Entidad Estatal puede recibir como garantía, en los
términos de los artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.7 del presente decreto,
garantías bancarias y las cartas de crédito stand
by, siempre y cuando reúnan las siguientes condiciones: 1. La garantía debe constar en documento expedido por una
entidad financiera autorizada por la Superintendencia Financiera o quien haga
sus veces, otorgado de acuerdo con las normas del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero. 2. La garantía debe ser efectiva a primer requerimiento o
primera demanda de la Entidad Estatal. 3. La garantía bancaria debe ser irrevocable. 4. La garantía bancaria debe ser suficiente en los términos
de los artículos 2.2.1.2.3.1.9 a 2.2.1.2.3.1.16 del presente decreto. 5. El garante debe haber renunciado al beneficio de
excusión. (Decreto 1510 de
2013, artículo 146) SUBSECCIÓN 5 GARANTÍAS PARA LA
CONTRATACIÓN DE TECNOLOGÍA SATELITAL Artículo 2.2.1.2.3.5.1. Garantías
para cubrirlos Riesgos derivados de los procesos de contratación de tecnología
satelital. En los Procesos de Contratación para el diseño, fabricación,
construcción, lanzamiento, puesta en órbita, operación, uso o explotación de
sistemas satelitales, equipos y componentes espaciales, la Entidad Estatal
exigirá las garantías generalmente utilizadas y aceptadas en la industria, para
cubrir los Riesgos asegurables identificados en los estudios y documentos
previos. (Decreto 1510 de
2013, artículo 147) SECCIÓN 4 APLICACIÓN DE ACUERDOS
COMERCIALES, INCENTIVOS, CONTRATACIÓN EN EL EXTERIOR Y CON ORGANISMOS DE
COOPERACIÓN SUBSECCIÓN 1 ACUERDOS
COMERCIALES Y TRATO NACIONAL Artículo 2.2.1.2.4.1.1. Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 1676 de 2016. <El nuevo texto es el siguiente> Aplicación de los Acuerdos Comerciales en procesos de Contratación. Las Entidades Estatales deben adelantar los Procesos de Contratación de acuerdo con lo previsto en los Acuerdos Comerciales, cuando estos les sean aplicables. El
texto original era el siguiente:
Artículo
2.2.1.2.4.1.1. Cronograma del
Proceso de Contratación. Cuando el Proceso de Contratación está sometido a uno o varios Acuerdos
Comerciales, la Entidad Estatal debe elaborar el Cronograma de acuerdo con los
plazos previstos en dichos Acuerdos Comerciales.
(Decreto 1510 de
2013, artículo 148) Artículo
2.2.1.2.4.1.2. Concurrencia
de varios Acuerdos Comerciales. Si un mismo Proceso de Contratación
está sometido a varios Acuerdos Comerciales, la Entidad Estatal debe adoptar
las medidas necesarias para el cumplimiento de la totalidad de los compromisos
previstos en los Acuerdos Comerciales. (Decreto 1510 de
2013, artículo 149) Artículo
2.2.1.2.4.1.3. Existencia
de trato nacional. La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a:
(a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales
Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales
Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con
los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el
Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios
Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la
normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a
los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de
Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el
certificado por medio del cual se acredite la situación mencionada en el
literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es
requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales
(a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de Bienes y Servicios
Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones
Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y
contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el
apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia
Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales. Los certificados para acreditar la condición a la que se
refiere el literal (b) anterior deben ser publicados en la forma y oportunidad
que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los
certificados será de dos años contados a partir de la fecha de su expedición,
sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia
Compra Eficiente soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisión
con ocasión de la expedición de nueva normativa en el Estado sobre el cual se
expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede determinar vía circular
la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los
oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional y de revisar
y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública para la
expedición del certificado. (Decreto 1510 de
2013, artículo 150) SUBSECCIÓN 2 INCENTIVOS EN LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA Artículo
2.2.1.2.4.2.1. Incentivos en la
contratación pública.
La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones para la
contratación, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, los
incentivos para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos
considerados nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional. Este incentivo no es aplicable en los procesos para la
adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes. (Decreto 1510 de
2013, artículo 151) Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Modificado por el art. 4 Decreto 1860 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente> Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.
Parágrafo. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. El texto anterior era
el siguiente: Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. La Entidad Estatal debe limitar a las Mipyme nacionales con mínimo un (1) año de existencia la convocatoria del Proceso de Contratación en la modalidad de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos cuando: 1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y 2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de
por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la convocatoria a Mipyme
nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un
(1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación. Otras Modificaciones: Modificado por el Decreto 1510 de 2013. Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Modificado por el art. 4 Decreto 1860 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente> Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo. El texto anterior era el siguiente: Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. Las
Entidades Estatales pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme nacionales
domiciliadas en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el
contrato. La Mipyme debe acreditar su domicilio con el registro mercantil o el
certificado de existencia y representación legal de la empresa. Otras Modificaciones: Modificado por el Decreto 1510 de 2013. Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Modificado por el art. 4 Decreto 1860 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente>Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil.
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.
Parágrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.
Parágrafo 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.
Parágrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme.
Parágrafo 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas. El texto anterior era el siguiente: Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas.
La Mipyme nacional debe acreditar su condición con un certificado expedido por
el representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el
contador, en el cual conste que la Mipyme tiene el tamaño empresarial
establecido de conformidad con la ley. En las convocatorias limitadas, la Entidad Estatal
debe aceptar solamente las ofertas de Mipyme, consorcios o uniones temporales
formados únicamente por Mipyme y promesas de sociedad futura suscritas por
Mipyme. Otras Modificaciones: Modificado por el Decreto 1510 de 2013.
Artículo 2.2.1.2.4.2.5. Desagregación tecnológica. Las Entidades Estatales pueden desagregar tecnológicamente los proyectos de inversión para permitir: 1. La participación de nacionales y extranjeros, y 2. La asimilación de tecnología por parte de los
nacionales. En ese caso, las Entidades Estatales pueden adelantar
varios Procesos de Contratación de acuerdo con la desagregación tecnológica
para buscar la participación de la industria y el trabajo nacionales. (Decreto 1510 de
2013, artículo 155) Artículo 2.2.1.2.4.2.6. Adicionado por el art. 1, Decreto Nacional 392 de 2018. <El texto adicionado es el siguiente> Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:
Parágrafo. Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. Artículo 2.2.1.2.4.2.7. Adicionado por el art. 1, Decreto Nacional 392 de 2018. <El texto adicionado es el siguiente> Seguimiento durante la ejecución del contrato. Las entidades estatales a través de los supervisores o interventores del contrato según corresponda, deberán verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre.
Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable.
Parágrafo. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente artículo deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicación de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presentes los casos de fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 2.2.1.2.4.2.8. Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 1860 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente> Sistema de preferencias. En cumplimiento de lo previsto en los numerales 7 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, si en la evaluación hay empate entre dos o más ofertas, la Entidad Estatal debe aplicar los criterios de desempate previstos en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto. El texto anterior era el siguiente:
Artículo 2.2.1.2.4.2.8.Sistema de preferencias. En cumplimiento de lo previsto en
los numerales 7 y 8 del
artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, si en la evaluación hay empate entre dos o
más ofertas, la entidad estatal debe aplicar los criterios de desempate
previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 de este decreto, incluyendo el
contemplado en el numeral 4 del mencionado artículo. Otras Modificaciones: Adicionado por el art. 1, Decreto Nacional 392 de 2018. Artículo 2.2.1.2.4.2.9. Adicionado por el art. 1, Decreto Nacional 680 de 2021. <El texto adicionado es el siguiente> Puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratación de servicios, otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2° de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definirá de manera razonable y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:
1. El análisis del sector económico y de los oferentes, y, toda aquella información adicional con la que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación;
2. El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación; y
3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto número 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2° de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.
La Entidad Estatal documentará este análisis y dejará constancia en los Documentos del Proceso. Artículo 2.2.1.2.4.2.10. Adicionado por el art. 2, Decreto Nacional 1279 de 2021 <El texto adicionado es el siguiente> Puntaje adicional para proponentes que sean empresas de vigilancia y seguridad privada o cooperativas de vigilancia y seguridad privada. En los procesos de licitación pública las Entidades Estatales otorgarán hasta el tres por ciento (3%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones a las empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada que tengan dentro de su personal operativo mujeres, personas con discapacidad y personas mayores de cuarenta y cinco (45) años vinculados a la planta de personal, con todas las exigencias y garantías legalmente establecidas, de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Se otorgará hasta un uno por ciento (1%) al proponente o los proponentes que acrediten tener dentro de su personal operativo mujeres vinculadas, de la siguiente manera:
1.1 El cero punto cinco por ciento (0,5%) se le otorgará al proponente o los proponentes que acrediten el mayor porcentaje de mujeres vinculadas dentro de su personal operativo. A los demás proponentes se les otorgará un puntaje proporcional de acuerdo con la siguiente fórmula:
1.2 El cero punto cinco por ciento (0,5%) se le otorgará al proponente o los proponentes que acrediten el mayor número de mujeres vinculadas dentro de su personal operativo. A los demás proponentes se les otorgará un puntaje proporcional de acuerdo con la siguiente fórmula:
2. Se otorgará hasta un uno por ciento (1 %) al proponente o los proponentes que acrediten tener dentro de su personal operativo personas con discapacidad vinculadas, de la siguiente manera:
2.1 El cero punto cinco por ciento (0,5%) se le otorgará al proponente o los proponentes que acrediten el mayor porcentaje de personas con discapacidad vinculadas dentro de su personal operativo. A los demás proponentes se les otorgará un puntaje proporcional de acuerdo con la siguiente fórmula:
2.2 El cero punto cinco por ciento (0,5%) se le otorgará al proponente o los proponentes que acrediten mayor número de personas con discapacidad vinculadas dentro de su personal operativo, A los demás proponentes se les otorgará un puntaje proporcional de acuerdo con la siguiente fórmula:
3. Se otorgará hasta un uno por ciento (1 %) al proponente o los proponentes que acrediten tener dentro de su personal operativo personas que al momento de presentar oferta sean mayores de 45 años vinculadas, de la siguiente manera:
3.1 El cero punto cinco por ciento (0,5%) se le otorgará al proponente o los proponentes que acrediten el mayor porcentaje de personas mayores de 45 años vinculadas dentro de su personal operativo. A los demás proponentes se les otorgará un puntaje proporcional de acuerdo con la siguiente fórmula:
3.2 El cero punto cinco por ciento (0,5%) se le otorgará al proponente o los proponentes que acrediten mayor número de personas mayores de 45 años vinculadas dentro de su personal operativo. A los demás proponentes se les otorgará un puntaje proporcional de acuerdo con la siguiente fórmula:
Parágrafo Primero. Las condiciones para otorgar el puntaje descrito serán verificadas por. la entidad contratante mediante los siguientes documentos aportados por el proponente con su oferta de manera física o digital:
1. Constancia de la relación total del personal operativo publicado en el módulo de Acreditación del Personal Operativo dispuesto en la página web oficial de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con una fecha no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la presentación de la oferta.
2. Certificado con una fecha no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la presentación de la oferta, suscrito por el representante legal de la empresa o cooperativa de vigilancia y seguridad privada en el cual se deberá señalar el número de mujeres, de personas mayores de cuarenta y cinco (45) años cumplidos máximo a la fecha de presentación de la oferta y de personas con discapacidad que conforman su personal operativo.
Para el efecto, se deberá relacionar junto con la certificación, el nombre completo, el número de documento de identidad, género, fecha de nacimiento y condición de discapacidad del personal operativo.
Adicionalmente, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad y para acreditar la condición de discapacidad, el Certificado de Discapacidad de cada uno de los trabajadores de conformidad con la Resolución No. 113 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social o aquellas normas que la complementen, desarrollen, modifiquen o sustituyan.
Parágrafo Segundo. Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta la sumatoria ponderada del personal operativo del proponente plural para cada uno de los criterios, 'de acuerdo con el porcentaje de participación de sus integrantes.
Artículo 2.2.1.2.4.2.11. Adicionado por el art. 2, Decreto Nacional 1279 de 2021 <El texto adicionado es el siguiente> Definiciones. Para efectos de la aplicación del incentivo contenido en el artículo 2.2.1.2.4.2.10. del presente Decreto se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
Personal Operativo: Se entiende como el conjunto de personas vinculadas a una empresa o cooperativa de vigilancia y seguridad privada, que como mínimo han realizado y cumplido satisfactoriamente los requisitos del Curso de Fundamentación que compone la estructura de la capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, impartidos por las escuelas o departamentos de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en cualquiera de los Ciclos de Formación, a saber:
1. Vigilante.
2. Escolta.
3. Operador de medios tecnológicos.
4. Manejador Canino.
5. Supervisor.
6. Tripulante.
Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada: Es la sociedad de responsabilidad limitada, cuyo objeto único es la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en las modalidades, medios y servicios conexos establecidos en el Decreto Ley 356 de 1994 o aquellas normas que lo complementen, desarrollen, modifiquen o sustituyan.
Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Privada: Es la empresa asociativa sin ánimo de lucro en la cual los trabajadores, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, cuya actividad instrumental debe ser especializada. Es decir, solo podrá prestar servicios de vigilancia y seguridad privada a terceros para generar y mantener puestos de trabajo para sus asociados.
Artículo 2.2.1.2.4.2.12. Adicionado por el art. 2, Decreto Nacional 1279 de 2021 <El texto adicionado es el siguiente> Seguimiento durante la ejecución del contrato. Las Entidades Estatales, a través del interventor o supervisor, deberán verificar durante la ejecución del contrato, que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen las condiciones de la oferta con el número de trabajadores (mujeres, personas con discapacidad y personas mayores de cuarenta y cinco años) con las cuales obtuvieron el puntaje adicional. Para estos efectos, el contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante en cada pago, la documentación que así lo demuestre.
Parágrafo. En el evento en que los porcentajes acreditados por el proponente para obtener el puntaje adicional se hayan reducido desde la presentación de la oferta hasta la terminación de la ejecución del contrato, dicha conducta constituye incumplimiento por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente artículo deberá adelantarse con observancia del debido proceso y en aplicación de los principios que rigen la actividad contractual, teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito.
Artículo 2.2.1.2.4.2.13. Adicionado por el art. 2, Decreto Nacional 1279 de 2021 <El texto adicionado es el siguiente> Mecanismo de seguimiento al porcentaje de puntaje adicional. La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, a través de la metodología que defina la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico, realizará un reporte donde conste la relación de una muestra aleatoria de los contratos publicados en el SECOP 11 que, en la modalidad de licitación pública, suscriban las empresas o cooperativas de vigilancia y seguridad privada a partir del año 2021.
El mencionado reporte se publicará en la página web de Colombia Compra Eficiente en el mes de enero de cada año a partir del año 2022 y en él se adjuntará el detalle del porcentaje de la diferencia entre el puntaje del adjudicatario y el puntaje del proponente ubicado de segundo en el orden de elegibilidad en los contratos que celebren las empresas o cooperativas de vigilancia y seguridad privada en la modalidad descrita, así como también una revisión estadística del incentivo otorgado en el artículo 2.2.1.2.4.2.10 del presente Decreto. Los artículos 2.2.1.2.4.2.14 al 2.2.1.2.4.2.18 fueron adicionados por el art. 3, Decreto 1860 de 2021, <El nuevo texto es el siguiente> Artículo 2.2.1.2.4.2.14. Definición de emprendimientos y empresas de mujeres. Con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de las mujeres en el sistema de compras públicas, se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de lasacciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación.
2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel.
Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación.
La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil.
4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal.
Parágrafo. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección. Ver Concepto C-048 de 2023, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas. En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional. Para el efecto, los Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos:
1. Tiempo de experiencia.
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia.
3. Índices de capacidad financiera.
4. Índices de capacidad organizacional.
5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta.
Los requisitos mencionados deberán fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para el cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. En desarrollo de lo anterior, con la finalidad de beneficiar a las empresas y emprendimientos de mujeres, se establecerán condiciones más exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de participación antes enunciados frente a los demás proponentes que concurran al procedimiento de selección que no sean empresas o emprendimientos de mujeres.
De manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con excepción de los procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el único factor de evaluación, las Entidades también otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto.
Las Entidades incluirán estos requisitos diferenciales y puntajes adicionales de acuerdo con los resultados del análisis del sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de las obras, bienes o servicios que requiere, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los Acuerdos Comerciales vigentes.
Parágrafo 1. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo precedente y que tiene una participación igualo superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.
Parágrafo 2. Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. Ver Concepto C-048 de 2023, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
Artículo 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. En los Procesos de Contratación, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos fomentarán en los pliegos de condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.
La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones.
Esta provisión se establecerá en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado.
Previo análisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporará esta obligación en la minuta del contrato del pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de esta a través de las causales de multa que estime pertinentes.
El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Parágrafo 1. Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se encuentran, entre otros, las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.
Estas circunstancias se acreditarán en las condiciones que disponga la ley o el reglamento, aplicando en lo pertinente lo definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del presente Decreto. En ausencia de una condición especial prevista en la normativa vigente, se acreditarán en los términos que defina el pliego de condiciones o documento equivalente.
Parágrafo 2. Para efectos de los Procesos de Contratación regidos por documentos tipo, con sujeción a la potestad prevista en este artículo, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente regulará el porcentaje de sujetos de especial protección constitucional que el contratista destinará al cumplimiento de las obligaciones, las condiciones para incorporarlos a la ejecución del contrato y las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de la obligación.
Artículo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditación. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a recursos públicos, en los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional.
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Para acreditar este factor de desempate se tendrán en cuenta las definiciones de que trata el artículo 2.2.1.1.1.3.1., en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, que trata del puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios. Para estos efectos, incluso se aplicará el inciso tercero de la definición de Servicios Nacionales establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1., citado anteriormente.
En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el inciso 1 del artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el requisito se cumplirá en los mismos términos establecidos en los artículos indicados en el inciso anterior. Por tanto, este criterio de desempate se acreditará con los mismos documentos que se presenten para obtener dicho puntaje.
En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje, la Entidad Estatal deberá definir en el pliego de condiciones, invitación o documento equivalente, las condiciones y los documentos con los que se acreditará el origen nacional del bien o servicio a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso, deberán cumplir con los elementos de la noción de Servicio Nacional establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional y observando los mismos lineamientos prescritos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9, solo que el efecto de acreditar dichas circunstancias consistirá en beneficiarse de este criterio de desempate en lugar de obtener puntaje.
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. En la declaración que se presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia deberá verificarse que la misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008.
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará dicha condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente, En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, presentará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona juridica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.
Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la información de estos datos sensibles, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, deberá autorizar de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la precitada Ley, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate,
3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato.
Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley, para ello, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, entregará un certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad de juramento, las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igualo mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica, cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditará el número de trabajadores vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobre vivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, allegará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobre vivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma.
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de juramento señalará las personas vinculadas a su nómina, y el número de identificación y nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igualo mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica.
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentará un certificado, mediante el cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación, para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iíi) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación.
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, entregará un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración.
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas parte esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación.
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, autoricen a la entidad de manera previa y expresa el manejo de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para el otorgamiento de este criterio de desempate. 7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes numerales:
7. 1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del presente artículo; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, presentarán un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participen en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.
7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.
7.3. En relación con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante del que trata el numeral 7.1. lo manifestará en un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo |
