RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

La Contraloría de Bogotá, D.C., en concepto relacionado con el Sistema de Control Fiscal, señala que dicho organismo cuenta con “(…) el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, donde se establece el desarrollo como mínimo de los siguientes componentes: * El mapa de riesgos de corrupción y las medidas concretas para mitigarlos. * La estrategia anti trámites. * La estrategia de rendición de cuentas a los ciudadanos. * Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. * Los mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.”. “(…) El objetivo general del referido plan es establecer estrategias encaminadas en la lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano en la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la definición de actividades concretas que conlleven a fomentar la transparencia en la gestión que permitan la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos; hacer una rendición de cuentas efectiva y permanente; fortalecer la participación ciudadana y establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano”.  

En Colombia existe referentes normativos (Ley 599 del 2000 “Código Penal”, Ley 1952 de 2019 “Código General Disciplinario” y Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”) que incluyen disposiciones generales que prohíben el dar, ofrecer o recibir cualquier pago, promesa o regalo con el fin de lograr ventajas injustificadas, lo cual quedó contenido en los delitos de cohecho, soborno trasnacional y corrupción privada. Sin embargo, no existe una norma legal que establezca parámetros para determinar cómo y cuándo se deben aceptar retribuciones por concepto de regalos u hospitalidad, a excepción, como ya lo vimos, del sector salud, el cual cuenta con el “Registro de Transferencias de Valor”, aplicable a operaciones entre actores del sector salud y la industria farmacéutica y de tecnologías en salud, mediante el cual se busca contribuir a la transparencia en las relaciones de estos actores mediante el registro de la entrega de dineros o bienes y servicios. 

Imparte lineamientos sobre la necesidad de que los organismos y entidades distritales verifiquen permanentemente la totalidad de las sentencias desfavorables con obligaciones de pagar, y estas sean incorporadas al sistema diligenciando las respectivas fichas de pago e incluyendo la totalidad de los desembolsos efectuados para dar cumplimiento a la sentencia, y comprueben que los procesos terminados que han sido fallados en contra de la entidad distrital, que originan una erogación económica, tengan asociada una cuenta por pagar al beneficiario por concepto de sentencias judiciales, que deberá cancelarse con el fin de dar cumplimiento a la sentencia. De esta manera, se pueden prevenir posteriores incidentes de desacato o sobrecostos por concepto de intereses moratorios y otros conceptos que puedan originar el incumplimiento de la respectiva obligación.