RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Artículo 27. Igualdad para las mujeres en el ámbito de la salud. Las entidades prestadoras del servicio de salud en todos los niveles y en el marco de sus competencias, realizarán las acciones tendientes a eliminar todos los obstáculos legales y de hecho que impiden el acceso de las mujeres a los servicios de salud de manera amplia e integral, incluyendo la salud mental, física, sexual y reproductiva, desde una perspectiva que contemple el enfoque de curso de vida y la diversidad de las mujeres para garantizar la igualdad en el ámbito de la salud, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, incluida la ruralidad dispersa. En este sentido, deberán abstenerse de adoptar medidas regresivas que obstaculicen el ejercicio de este derecho y los que le sean conexos, e implementar las acciones necesarias para garantizarlos de manera progresiva.

Su sugiere ajustar teniendo que cuenta que, además de las instituciones prestadoras de servicios de salud, el derecho a la igualdad en salud para las mujeres compete a todos los agentes del Sistema de Salud. Para este ajuste se recomienda tener en cuenta:

Lo previsto en la Ley 1751 de 2015 (Estatutaria de Salud), Artículo 5, que asigna obligaciones al Estado como: “b) Formular y adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho en igualdad de trato y oportunidades para toda la población, asegurando para ello la coordinación armónica de las acciones de todos los agentes del Sistema”

El marco regulatorio para la promoción y mantenimiento de la salud adoptado mediante la Resolución 3280 de 2018, que incluye enfoques como el de curso de vida, el enfoque diferencial e intercultural entre otros.

La Resolución 2138 del 19 de diciembre 2023 “Por la cual se adoptan los lineamientos de transversalización del enfoque de género en el sector salud para el cierre de brechas por razones de sexo, género, identidad de género y orientación sexual”

Para el ajuste sugerimos, además, incluir el concepto de salud plena para las mujeres, dado que, en la comprensión de la salud desde la integralidad se busca que cada mujer pueda gozar de bienestar en todos los ámbitos de su vida, a partir de la reivindicación de la toma de decisiones de manera libre y autónoma por parte de las mujeres, así como de la garantía del acceso a la información, atenciones y servicios en salud que se requieran para lograr el bienestar para todas en su diversidad y en todo el territorio nacional.

En este sentido se recuerda que, además de la salud mental, física, sexual y reproductiva, las dimensiones de la salud de las mujeres incluyen su relación con el ambiente y entornos como el laboral.

Artículo 28. Acceso universal y eliminación de barreras para anticoncepción.

Las mujeres tienen el derecho de elegir y acceder a los diversos métodos anticonceptivos en territorio nacional, para lo que se garantizará la cobertura de forma integral, oportuna, adecuada y sin discriminación alguna, reconociendo la diversidad cultural, las cosmovisiones y los conocimientos tradicionales y ancestrales.

El Estado adoptará medidas específicas que garanticen la materialización de este derecho, incluyendo el acceso a información completa, actualizada, veraz e imparcial, y la accesibilidad física, comunicacional y la prestación de servicios por personal capacitado, con especial énfasís en las mujeres que más barreras enfrentan debido a sus condiciones socioeconómicas, pertenencia étnica, ausencia de afiliación al sistema de salud, edad, estatus migratorio, identidad o expresión de género, ubicación geográfica y estado de privación de la libertad, entre otras, para lo cual incorporará los ajustes pertinentes a la Política Integral de Salud.

El Gobierno nacional implementará medidas para promover la corresponsabilidad en el uso de los métodos anticonceptivos por parte de los hombres, a través de acciones dirigidas a transformar culturalmente los estereotipos de género que desincentivan el uso de anticonceptivos y su responsabilidad frente al ejercicio de la sexualidad.

Parágrafo primero: El Ministerio de Salud y Protección Social destinará dentro de su presupuesto los recursos suficientes para desarrollar estas medidas, lo cual estará contemplado dentro del presupuesto destinado a salud pública en el marco del desarrollo de programas de promoción y prevención.

Parágrafo segundo: Las medidas propuestas en este artículo serán adoptadas en el marco de las competencias del Sector salud y dentro de la política de austeridad que debe preservar la actuación de sus entidades. En todo caso deberá sujetarse a las disponibilidades presupuestales, al Marco de Gasto de Mediano Plazo y al Marco Fiscal de Mediano Plazo para el Sector Salud.

En relación con: "El Estado adoptara medidas específicas que garanticen la materialización de este derecho es de suma importancia tener en cuenta que, el Ministerio de Salud y Protección Social ha realizado avances, tales como lo establecido en la norma técnica sobre anticoncepción en Colombia, adoptada mediante Resolución 3280 de 2018, que adopta los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta el Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención para la Población Materna Perinatal; la cual establece en el numeral 13 del anexo técnico referente a “Atención para la planificación familiar y la anticoncepción” los siguientes objetivos: “

Brindar a las mujeres, hombres y sus parejas asesoría, información, y educación para el logro de una elección informada del método anticonceptivo que más se ajuste a sus necesidades y preferencias.

Asegurar la provisión efectiva de los métodos anticonceptivos de elección de la mujer, el hombre o la pareja, dentro de la consulta o en el menor tiempo posible posterior a la misma, para garantizar el ejercicio pleno y autónomo de sus derechos sexuales y reproductivos. Responder a las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres de acuerdo a sus necesidades y preferencias.

Contribuir a la reducción de la inequidad reproductiva, en situaciones especiales como el embarazo no planeado, especialmente en adolescentes, embarazos de alto riesgo, mujeres después de los 40 años, mujeres con discapacidad, personas con riesgo o portadoras de una infección de transmisión sexual y VIH. Promover el bienestar y desarrollo social de la población, promoviendo la paternidad y maternidad intencionada y responsable.

Cumplir con los criterios de calidad y seguridad clínica en la provisión de los métodos anticonceptivos.

Espaciar los periodos intergenésicos y disminuir la morbimortalidad materna e infantil y reducción del aborto inseguro, mediante el acceso a provisión efectiva de anticoncepción en el post evento obstétrico antes de las 48 horas post parto o post aborto, o antes del alta hospitalaria. Incentivar la participación de los hombres en la prevención de los embarazos no deseados.”

Artículo 29. Garantía y promoción del derecho a la salud menstrual.

Las autoridades del orden nacional y territorial buscarán adoptar las medidas necesarias orientadas a la educación y a la eliminación de las barreras para el acceso a productos de salud menstrual, priorizando aquellas poblaciones que se encuentren en situación de vulnerabilidad en ámbitos urbanos y rurales, incluida la ruralidad dispersa. se entenderán como barreras las relacionadas con el acceso al agua y saneamiento, a espacios privados y seguros para cambiarse, a mecanismos adecuados de desecho de los productos de higiene menstrual, la falta de información sobre la salud menstrual, los estereotipos en torno a la higiene menstrual, y otras barreras de carácter económico, administrativo y de suministro

Parágrafo primero. El Ministerio de Salud

y Protección Social deberá destinar dentro de Su presupuesto los recursos suficientes para implementar estas medidas, lo cual estará contemplado dentro del presupuesto destinado a salud pública en el marco del desarrollo de programas de promoción y Prevención.

Parágrafo segundo: Las medidas propuestas en este artículo serán adoptadas en el marco de las competencias del Sector salud y dentro de la política de austeridad que debe preservar la actuación de sus entidades. En todo caso deberá sujetarse a disponibilidades las

presupuestales, al Marco de Gasto de Mediano Plazo y al Marco Fiscal de Mediano Plazo para el Sector Salud

Sobre el presente artículo es menester resaltar que, al respecto se cuenta con los siguientes avances a tener en cuenta para la implementación del proyecto de ley:

El Ministerio de salud y Protección Social como parte de la Comisión Nacional Intersectorial para lo Promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos ha adelantado la siguiente gestión respecto a la promoción de la salud y cuidado menstrual: Expidió La Estrategia para la salud y cuidado menstrual, Expidió La Estrategia para la salud y cuidado menstrual, esta fue publicada en el mes de agosto de 2023, y se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/R IDE/VS/PP/estrategia-intersectorial-salud-cuidadomenstrual.pdf

Este documento se constituye en una herramienta de política pública y como parte del desarrollo de los derechos menstruales en el ordenamiento jurídico colombiano y contiene elementos que permiten orientar a las entidades territoriales orientar la gestión y cuidado menstrual, abordando aspectos relacionados con la promoción de la salud menstrual, la educación integral en sexualidad y cuidado menstrual.

Comprende un conjunto de factores, intervenciones. procedimientos, prácticas y tecnologías que se implementan para garantizar a niñas, adolescentes, mujeres, hombres trans y personas no binarias asignadas al sexo femenino, el cuidado y manejo digno de la menstruación, incluyendo el abordaje del ciclo menstrual. La estrategia dispone las siguientes líneas operativas:

- Promoción de la Salud Menstrual

- Educación Integral en Sexualidad

- Cuidado Menstrual

Ahora bien, en el marco de la Ley 2261 de 2022, y, en cumplimiento del artículo 4 de la precitada Ley, el Ministerio de Salud y Protección Social desde el año 2023 instaló mesa de trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, a fin de elaborar un acto administrativo que diera línea técnica en salud para el país y de acuerdo a las entidades que tienen a cargo mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad.

En ese orden, el producto de dicho trabajo conjunto fue la Resolución 1235 de 2024 "Por medio de la cual se reglamenta el artículo 4 de la Ley 2261 de 2022, adoptando las orientaciones técnicas para suministrar productos para la promoción de la salud y el cuidado menstrual de mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad."

Artículo 30. Garantía en el acceso a la salud sexual reproductiva.

Las mujeres tienen derecho al acceso y garantía de la salud sexual y reproductiva durante todo el curso de vida y al acceso a servicios y bienes relacionados estos fundamentales con derechos en condiciones dignas, sin barreras injustificadas y derecho sexuales y reproductivos de todas las personas que habitan el territorio nacional sin El Ministerio de Salud y Protección Social adelanta la actualización de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, con base a lo establecido en la sentencia C-055 de 2022 y el documento base del Plan Nacional de Desarrollo.

enmarcándose en el respeto por los derechos humanos y fundamentales interferencia, violencia y coacción por parte del Estado o de terceros. El acceso y la cobertura se proveerán de manera integral, oportuna, adecuada y sin discriminación alguna, La prestación de servicios de salud sexual y reproductiva deberá garantizarse teniendo en cuenta los principios y enfoques establecidos en esta ley, la jurisprudencia constitucional y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, para lo cual el Estado adoptará medidas específicas que garanticen la materialización de este derecho, incluyendo el a información completa, actualizada, veraz e imparcial, y la accesibilidad física, comunicacional y la prestación de servicios por personal capacitado.

El Gobierno nacional actualizará e implementará de manera periódica una política pública de salud sexual y reproductiva y su correspondiente plan de acción y presupuesto con sus fuentes de financiación sobre la materia, que incorpore medidas diferenciales para las mujeres que viven en la ruralidad, y reconozca y fortalezca los saberes ancestrales como la partería y las prácticas comunitarias diversas.

Parágrafo primero. La implementación de la política pública de salud sexual y reproductiva será incluida en los programas y proyectos que el Ministerio de Salud y Protección Social se proponga realizar durante la respectiva vigencia fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Parágrafo segundo. El Gobierno nacional y los entes territoriales avanzarán en el abordaje y la atención integral en salud de las víctimas de mutilación genital femenina y en la transformación y eliminación de las prácticas asociadas a esta.”

Se sugiere ajustar teniendo en cuenta los siguientes avances normativos:

La Ley 1751 de 2015 (Estatutaria de Salud) Artículo 5 que le asigna obligaciones al Estado como: b) Formular y adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho en igualdad de trato y oportunidades para toda la población, asegurando para ello la coordinación armónica de las acciones de todos los agentes del Sistema.

El marco regulatorio para la promoción y mantenimiento de la salud adoptado mediante resolución 3280 de 2018, que contempla los enfoques como el de curso de vida, el enfoque diferencial e intercultural entre otros; esta herramienta considera dentro de sus resultados el ejercicio de los derecho sexuales y reproductivos de todas las personas que habitan el territorio nacional.

El Ministerio de Salud y Protección Social adelanta la actualización de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, con base a lo establecido en la sentencia C-055 de 2022 y el documento base del Plan Nacional de Desarrollo.

Con respecto a parágrafo primero, se sugiere ajustar teniendo en cuenta que, en el marco de Sistema General de los Seguridad Social en Salud y de la descentralización administrativa del sector salud, al Ministerio de Salud y Protección le corresponde, conforme el artículo 2 del Decreto 4107 de 2011: "Formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar los planes, programas y proyectos en materia de Salud y Protección Social En este marco, la implementación de la Política de salud sexual y reproductiva corresponde, en el marco de sus competencias, a todos los actores del Sistema de Salud entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios EAPB y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

Se sugiere ajustar la redacción del Parágrafo Segundo así: "El Gobierno nacional y los entes territoriales avanzarán en el abordaje intersectorial para la atención integral a las víctimas de mutilación genital femenina, así como para resignificación y eliminación de esta práctica, con la participación de la comunidad"

Artículo 49. Participación paritaria de las mujeres en las instancias de decisión. De acuerdo al principio de paridad contemplado en esta ley, se promoverán y se buscará adoptar las siguientes medidas que garanticen la participación de las mujeres:

1. Participación de las mujeres en el sector salud. Las instituciones que hacen parte del sistema de salud nacional promoverán la participación de al menos el cincuenta por ciento (50%) de mujeres en los órganos de control y de gobierno de estas, tanto a nivel nacional como territorial. El Ministerio de Salud y Protección Social, junto con el Ministerio de Igualdad y Equidad, o quien haga sus veces, desarrollarán estrategias que permitan materializar este objetivo, tanto en el ámbito urbano como rural.”

Frente a lo contemplado en el numeral 1 del presente artículo, reviste de gran relevancia precisar que, contar con la participación de las mujeres de manera paritaria (50/50) es un reto que aportará a la disminución de brechas, desde el reconocimiento de la autonomía de las mujeres y su incidencia en espacios de participación debe incentivarse y promoverse permanentemente.

"Artículo 76. Mecanismo nacional de registro de medidas de protección y atención. El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Igualdad y Equidad, o quien haga sus veces, en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, y el Ministerio de Salud y Protección Social, unificará como parte del Sistema Nacional Registro, de Atención, Seguimiento y Monitoreo de las violencias contra las mujeres y las violencias basadas en género, los mecanismos e instrumentos de registro y seguimiento a las medidas de atención y protección e implementará un mecanismo unificado con fundamento en los tipos de violencias reconocidos en la Ley 1257 de 2008 y en la presente ley, con el fin de conocer la cantidad y el estado de las medidas de protección ordenadas y por atención las autoridades competentes, garantizando su articulación con el sistema de información creado en la Ley 2126 de 2021 y Su reglamentación.

El Observatorio de Asuntos del Género, creado por la Ley 1009 de 2006, con la Información registrada en el Sisterna Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las violencias contra las mujeres y las violencias basadas en género, realizará reportes periódicos anonimizados sobre el tipo de medidas de protección y atención otorgadas en el marco del modelo de intervención de las violencias de las Leyes 1257 de 2008, 1719 de 2014, 1761 de 2015 y l2126 de 2021, con recomendaciones sobre su impacto en la vida de las mujeres y la prevención de las violencias y el feminicidio.

Parágrafo primero. El Ministerio de Igualdad y Equidad, o quien haga sus veces, en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Salud y Protección Social, reglamentará e implementará el mecanismo del que trata este artículo en los doce (12) meses.

Parágrafo segundo. Una vez esté en operación este Mecanismo, el Ministerio de Igualdad y Equidad, o quien haga sus veces, en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, y el Ministerio de Salud y Protección Social, elaborará un informe anual de seguimiento a las órdenes de medidas de protección y atención y su cumplimiento, en especial identificando patrones en el tipo de medidas otorgadas y su eficacia, e informando sobre la implementación de sanciones impuestas a los agresores por incumplimiento de las ordenes impartidas en el marco de las medidas, entre ellas la no asistencia a los programas terapéuticos o educativos y las demás contempladas en la Ley 1257 de 2008 y la Ley 2126 de 2021. Este informe deberá ser presentando en los primeros tres meses de cada año a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República, la cual deberá celebrar al menos una sesión durante la legislatura para discutir los resultados del mismo”

Se considera pertinente y necesario este artículo que busca generar el mecanismo nacional de registro de medidas de protección y atención a mujeres víctimas de violencias.

Artículo 89. Acceso a salud para las niñas y mujeres víctimas de violencia.

El Ministerio de Salud y Protección Social actualizará cada cuatro (4) años las guías y protocolos de atención a las violencias contra las niñas y mujeres, teniendo en cuenta los enfoques establecidos en la presente ley.

Esta actualización estará basada en un diagnóstico de la atención brindada, la cobertura, la calidad y la atención diferencial en salud física y mental, y en medidas de atención brindadas a las niñas y mujeres víctimas sobrevivientes violencias. De las violencias.

El Ministerio de Salud y Protección Social desarrollará un plan de acción con indicadores diferenciales para aumentar la cobertura y la calidad del servicio de salud física y mental con medidas especiales para los municipios con índices más altos de violencias contra las niñas y mujeres.

Parágrafo. El sistema de indicadores del diagnóstico y del plan de acción tendrá en cuenta las órdenes al sector salud de la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos Reglamentarios

Se sugiere ajustar este Artículo teniendo que, acuerdo con metodologías como la GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation), la actualización de una guía es una buena práctica clínica; sin embargo, su actualización debe basarse en los cambios que surjan en una intervención basada en la evidencia científica, como, por ejemplo, una nueva prueba diagnóstica, una nueva prueba Gold standard, un nuevo tratamiento que evidencia mayor eficacia, entre otros.

Por lo anterior, se sugiere no obligar ni limitar normativamente la actualización de las guías y protocolos en la periodicidad establecida en el presente artículo.

De igual manera, los criterios de su actualización se deben definir acorde a la implementación de las guías y protocolos, y su diagnóstico no es exclusivamente en relación con "la atención brindada, la cobertura, la calidad y la atención diferencial.", dado que se pueden incorporar criterios diferentes.

En ese sentido, se sugiere modular la redacción.

Artículo 97. Prevención del matrimonio infantil y las uniones tempranas.

El Ministerio de Igualdad y Equidad, o quien haga sus veces, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, diseñará una política pública con el fin de prevenir el matrimonio infantil y las uniones tempranas, que incluya medidas pedagógicas y de comunicación para la transformación cultural, con el fin de avanzar en la erradicación de las prácticas culturales y sociales que lo legitiman y naturalizan, ayudando a que se comprenda que se trata de una práctica nociva que tiene efectos adversos en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, especialmente en el de las niñas y las adolescentes.

Esta política incluirá el fortalecimiento de los sistemas de información, asociados al Observatorio de Bienestar de la Niñez, que permitan identificar a las niñas, niños y adolescentes que actualmente se encuentran casados o en unión marital de hecho, y aquellos que están en riesgo de unión o matrimonio. Además, incluirá la identificación de los territorios más afectados por dichas prácticas; la priorización de acciones para la atención integral de las niñas, niños y adolescentes; la transformación de los imaginarios culturales que sustentan su explotación y abuso y la recolección y análisis de información para la toma de decisiones públicas sobre este tema.

Parágrafo. La Comisión de Revisión Normativa, creada por esta ley en su artículo 111, revisará las demás normas que deban ajustarse y presentará las propuestas de modificación respectivas.

Se encuentra pertinente este artículo que pretende la prevención del matrimonio infantil y las uniones tempranas.