RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Precisa la normatividad aplicable y las tesis contempladas en la jurisprudencia del Consejo de Estado, así como aquella de mayor acogida por los consejeros, en relación a la caducidad de la potestad sancionatoria del Estado. Adicionalmente, agrega en respuesta a la solicitudes que no se puede perseguir un derecho a perpetuidad, salvo que sea considerado y establecido como espacio público el lugar en el que se construyo el inmueble, y tampoco el ordenamiento jurídico establece un término para que los ciudadanos puedan radicar las solicitudes para dar apertura a las investigaciones administrativas a que haya lugar. 

Precisa la normatividad aplicable y las tesis contempladas en la jurisprudencia del Consejo de Estado, así como aquella de mayor acogida por los consejeros, en relación a la caducidad de la potestad sancionatoria del Estado. Adicionalmente, agrega en respuesta a la solicitudes que no se puede perseguir un derecho a perpetuidad, salvo que sea considerado y establecido como espacio público el lugar en el que se construyo el inmueble, y tampoco el ordenamiento jurídico establece un término para que los ciudadanos puedan radicar las solicitudes para dar apertura a las investigaciones administrativas a que haya lugar. 

La institución procesal que opera en el procedimiento administrativo es la firmeza de los actos administrativos, lo cual tiene el irreductible efecto de ejecutoriedad de los mismos, por lo que la llamada constancia de ejecutoria se denomina constancia de firmeza. Dicha constancia debe indicar expresamente que ante la existencia de la firmeza del acto administrativo lo que tiene lugar es la ejecutoriedad. 

Conceptúa sobre la ejecutoria de los actos administrativos tributarios y su por la Administración Tributaria Distrital y su correlativa exigibilidad en el proceso de cobro coactivo. Concluye que la existencia del acto y su notificación en debida forma son condiciones necesarias, pero no son suficientes por sí solas para habilitar el cobro, especialmente cuando el contribuyente ha ejercido acciones judiciales que aún no han sido resueltas de manera definitiva. 

Emite concepto sobre la pregunta de si ¿es viable proceder a la revisión del avalúo catastral a petición del propietario para la vigencia confirmada mediante acto administrativo y en firme para lo cual el peticionario manifiesta que se trata de otra petición y que aporta nuevas pruebas que sustentan su petición? El IGAC responde que la firmeza y la presunción de legalidad de los actos administrativos, el derecho fundamental al debido proceso y el principio de seguridad jurídica no es procedente adelantar el trámite de revisión del avalúo catastral de un predio, a petición del interesado, para una vigencia que previamente fue revisada en el marco del procedimiento de revisión del avalúo a solicitud de parte y cuyo acto administrativo, confirmando o modificando el avalúo catastral, está en firme.