RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Determina la pérdida de vigencia y fuerza ejecutoria del Decreto Distrital 792 de 1994, que reglamenta la operación de la Avenida Caracas, debido a la derogatoria expresa de su fundamento legal, el Decreto Nacional 1787 de 1990, por el artículo 88 del Decreto Nacional 1558 de 1998, y la posterior derogación de este último por el Decreto Nacional 170 de 2001, así como por la incompatibilidad con los nuevos sistemas de movilidad en Bogotá, como Transmilenio y el SITP, que han modificado sustancialmente las condiciones fácticas y normativas de la operación de transporte en la ciudad, conforme a lo establecido en el numeral 2 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. 

Determina la pérdida de vigencia y fuerza ejecutoria del Decreto Distrital 792 de 1994, que reglamenta la operación de la Avenida Caracas, debido a la derogatoria expresa de su fundamento legal, el Decreto Nacional 1787 de 1990, por el artículo 88 del Decreto Nacional 1558 de 1998, y la posterior derogación de este último por el Decreto Nacional 170 de 2001, así como por la incompatibilidad con los nuevos sistemas de movilidad en Bogotá, como Transmilenio y el SITP, que han modificado sustancialmente las condiciones fácticas y normativas de la operación de transporte en la ciudad, conforme a lo establecido en el numeral 2 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. 

Declara la pérdida de vigencia del Decreto Distrital 300 de 1989, que regulaba el manejo de materiales de construcción, desechos y basuras en zonas y vías públicas de Bogotá, debido a su incompatibilidad con normativas nacionales posteriores, como la Ley 1801 de 2016 y regulaciones del Ministerio de Transporte, que han derogado tácitamente sus disposiciones sobre vehículos de tracción animal, sanciones por arrojo de escombros y competencias administrativas, en cumplimiento de los principios de legalidad y depuración normativa. 

Declara la pérdida de vigencia del Decreto Distrital 300 de 1989, que regulaba el manejo de materiales de construcción, desechos y basuras en zonas y vías públicas de Bogotá, debido a su incompatibilidad con normativas nacionales posteriores, como la Ley 1801 de 2016 y regulaciones del Ministerio de Transporte, que han derogado tácitamente sus disposiciones sobre vehículos de tracción animal, sanciones por arrojo de escombros y competencias administrativas, en cumplimiento de los principios de legalidad y depuración normativa.